La sostenibilidad del sistema público de pensiones es uno de los debates en boga en las economías europeas. La ampliación de la edad de jubilación, los incentivos para la extensión de las carreras laborales y la compatibilización de pensión y trabajo constituyen algunos de los puntos alrededor de los que gira un debate muy complejo y que en España, al menos, da la sensación de afrontarse con medidas más pensadas a ofrecer soluciones a corto que a largo plazo.
En su última reforma de las pensiones, aprobada junto con los sindicatos pero sin las patronales, el Gobierno español sacó adelante un texto en el que los ingresos del sistema público de la Seguridad Social se refuerzan mediante el incremento gradual de las bases máximas y de las pensiones máximas. También se creó una cuota de solidaridad, que se incorporará de forma progresiva para los salarios más altos, partiendo de una cuota de un 1% el próximo año, con un incremento de 0,25 puntos porcentuales al año hasta alcanzar el 6% en 2045. Asimismo, para las próximas dos décadas se establece un régimen dual del periodo de cómputo. Los trabajadores que se jubilen podrán optar por computar los 29 años de carrera descartando sus dos años con peor cotización, o seguir con los 25 últimos años, como ocurre en la actualidad.
En cualquier caso, otros países europeos están apostando por fórmulas más a largo plazo. Su enfoque es más ambicioso que en el caso español, aunque también es cierto que se benefician por circunstancias que son imposibles de emular en el entorno más cercano. A principios de este mes, Alemania anunció la creación de un fondo soberano de 200.000 millones con el fin de asegurar las pensiones. Berlín quiere que este fondo contribuya a partir de mediados de la próxima década a sostener la financiación de las pensiones alemanas. Alemania trata así de anticiparse a la difícil coyuntura que van a enfrentar los sistemas de prestaciones, en la misma línea con la que el entonces canciller, el socialdemócrata Gerhard Schroeder, lanzó entre los años 2003 y 2005 un paquete de reformas económicas denominado Agenda 2010. Polémico entre una gran parte de la militancia del SPD por considerar que quebraba el sistema de igualdad, sus objetivos eran reducir el coste del modelo social y fomentar la actividad y la productividad.
¿De dónde sacará el Gobierno alemán el dinero? El plan contempla la financiación del fondo mediante préstamos del presupuesto federal y la transferencia de fondos propios del Gobierno para constituir un capital social. Al mismo tiempo que hay recursos públicos, se realizarán inversiones en los mercados que tienen como objetivo generar ingresos para aliviar la evolución de las tasas de cotización. “Hace mucho tiempo que deberíamos aprovechar las oportunidades que nos brindan los mercados de capitales para el seguro de pensiones obligatorio”, aseguró el ministro de Finanzas alemán, el liberal Christian Lindner. Una estrategia que, de esta manera, no estará por completo exenta de riesgos, puesto que estará también sujeta a los vaivenes de los mercados. Una fundación pública independiente decidirá sobre las inversiones.
NORUEGA Y FRANCIA
En realidad, la fórmula alemana se remite a lo que ya aplican otros países. El más exitoso y poderoso, sin duda, es Noruega. Su famoso Fondo Global de Pensiones posee 1,4 billones de euros en activos y se nutre año tras año de los enormes ingresos del país por gas y petróleo. El año pasado logró un rendimiento récord del 16,1%, equivalente a casi 200.000 millones de euros. Eso sí, el año anterior había computado también unas pérdidas récord por la inflación y las crisis geopolíticas. El fondo noruego invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo y está gestionado por una entidad adscrita al banco central del país. El fondo está sujeto a una minuciosa revisión por parte de la opinión pública noruega, lo que hace que, por ejemplo, el año pasado anunciase que retiraba inversiones en Arabia Saudí, Qatar, Kuwait y Emiratos Árabes por el riesgo “inaceptable” de contribuir a casos de abusos de los Derechos Humanos.
Otros países con fondos soberanos, aunque no destinados a las pensiones, son Singapur, China y la propia Arabia Saudí. En España, un vehículo parecido sería la SEPI, que posee parte de los accionariados en empresas estratégicas españolas. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que llegó a contar con más de 65.000 millones de euros, cerró el año pasado con poco más de 5.000 millones. Sin superávits, crear un fondo soberano se antoja casi imposible.
Activos
Pensiones. Los activos de pensiones mundiales volvieron a crecer hasta un 11,2% en 2023, alcanzando los 50,9 billones de euros, según el último estudio global elaborado por la consultora WTW. España se sitúa en los 37.473 millones de euros en activos de pensiones, 6.398 millones de euros más que el año anterior pero un 0,7% menos que una década atrás. La reactivación del crecimiento es resultado de un rendimiento “más sólido” de los mercados a lo largo del año, tras el impacto negativo en 2022.