En el año que le queda por delante a la legislatura estatal, Pedro Sánchez tiene a favor que sus socios quieren evitar unas elecciones que encumbren a la derecha, y quieren que esta experiencia funcione. Pero los socios quieren hacerlo para sacar chispas al Gobierno y encarrilar sus demandas. Si se tiene en cuenta que en mayo del próximo año se celebran las elecciones en 12 comunidades (entre ellas Navarra, pero no la CAV) y en todos los municipios, es posible que los aliados aprieten más de lo habitual a Sánchez para poder presentarse a esa cita con un balance seductor para sus votantes o, incluso, no sería descabellado que se recuperen algunas demandas de máximos.
En ese contexto, el presidente español afronta este otoño y la negociación de los Presupuestos con la situación relativamente apaciguada con sus socios en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, aunque habrá que ver si las fricciones resurgen cuando llegue el momento de concretar el incremento del gasto en Defensa o cuando se reabra (si es que lo hace) el debate de la fiscalidad.
En cuanto a sus socios de investidura del PNV y ERC, la presión comienza a crecer para cumplir los acuerdos y para apagar algunos fuegos que el propio Sánchez ha encendido en las últimas horas. Los republicanos catalanes comienzan a estrechar el marcaje para concretar alguna reforma legislativa o algún resultado de su mesa de diálogo antes del 31 de diciembre de este año. Los jeltzales, por su parte, esperan a Sánchez en la tramitación de los impuestos a la banca y las eléctricas para exigirle que respete la singularidad foral vasca, y las diputaciones puedan gestionarlos, un principio básico del Concierto Económico que ha quedado totalmente en cuestión al transformar esos impuestos en prestaciones patrimoniales. También exigen reactivar las transferencias, entre otras cuestiones.
Por su parte, EH Bildu, que no es una socia de investidura pero sí se ha convertido en una aliada habitual de Sánchez, ha hecho público su malestar ante la posibilidad de que la reforma de los secretos oficiales, la Ley de Información Clasificada, siga manteniendo ocultos los documentos sobre los GAL. La cuestión de los secretos oficiales une a los socios de investidura y los principales aliados de Sánchez, empezando por un PNV que ha liderado durante seis años la petición de reforma registrando una iniciativa, pero podría ser que el Gobierno español los esquivara y optara por el PP.
Ya antes del otoño, a finales de este mes, Sánchez tiene pensado someter a votación el decreto del ahorro energético pero, a pesar de las quejas que ha suscitado en materia competencial o de aplicación de algunas medidas y ausencia de diálogo, el Gobierno español confía en que sea convalidado por el vértigo que podría dar a sus socios tumbarlo y quedar retratados junto a la popular Isabel Díaz Ayuso, que tiene una posición que roza el negacionismo del cambio climático.
UNIDAS PODEMOS
Gasto en Defensa, fiscalidad...
Calma tras la reunión
Sánchez ha embridado su relación con Unidas Podemos dentro del Consejo de Ministros que, una vez más, amenazaba con desbocarse por su compromiso con la OTAN para incrementar el gasto en Defensa hasta que represente un 2% del PIB en 2029. En ese sentido, han sido mano de santo el perfil de izquierdas que trató de marcar en el debate de política general con el anuncio de un impuesto a la banca que se sumaría al impuesto a las eléctricas, y la reunión que tuvo él mismo con la vicepresidenta Yolanda Díaz, un encuentro tras el cual dieron por zanjada la crisis entre los socios. En esta situación, está por ver cómo influye y evoluciona la actitud de Díaz con su plataforma Sumar.
El ruido ha disminuido varios decibelios y ambas partes se han conjurado para aguantar hasta finales de 2023, pero habrá que ver si la tensión resurge cuando llegue el momento de trasladar al papel el aumento del gasto en Defensa en los Presupuestos para el año que viene. Los anteriores procesos de elaboración de las Cuentas han dejado en evidencia las discrepancias en el Consejo de Ministros, con Podemos apretando con las reformas fiscales. Al margen de este debate, los socios del PSOE en el Gobierno aspiran a reactivar la Ley de Vivienda (una ley que, sin embargo, aleja a Sánchez del PNV y de ERC), y la reforma de la Ley Mordaza. También presionarán para que el plazo de publicación de los altos secretos en la Ley de Información Clasificada sea más corto y no de medio siglo prorrogable otros quince años.
PNV
Exige respetar el Concierto
Sánchez molesta al socio
El Gobierno español acumula retrasos en el cumplimiento del acuerdo de investidura con el PNV, que el día de San Inazio ya puso sobre la mesa “deberes” para Sánchez. Andoni Ortuzar le exige, por un lado, que agilice el traspaso de las competencias que recoge el Estatuto de Gernika. En este punto, la consejera de Autogobierno, Olatz Garamendi, se propone, además, que la transferencia de las líneas de tren de cercanías se cierre antes de abordar los Presupuestos estatales, para que Sánchez no pretenda condicionarla a que el PNV apoye las Cuentas. Se busca una negociación sin interferencias. El PNV amarró también en el pacto de investidura un compromiso para cerrar la transferencia de Tráfico a Navarra, que sigue sin llegar.
Ortuzar, por otro lado, pide que se realicen las inversiones acordadas, que las leyes estatales no invadan competencias vascas, que se empiece a hablar sobre el modelo territorial del Estado, y que se den pasos para la presencia de Euskadi y sus selecciones deportivas en el ámbito internacional. Otra cuestión en la que pondrá la lupa el PNV es el reparto de los fondos europeos, donde el segundo semestre del año será clave.
Además de estos puntos pendientes de cumplimiento, Sánchez ha abierto un nuevo frente tras saltarse la concertación de los impuestos a la banca y las eléctricas, al darles la forma y el nombre de prestación patrimonial y no de impuestos propiamente dichos. Las instituciones vascas no recaudarían un solo euro aunque tengan sede en su territorio empresas como Iberdrola, Kutxabank, BBVA y Petronor. El PNV exige respetar el Concierto Económico y, durante la tramitación de estos impuestos en el Congreso, peleará para introducir la singularidad foral para la comunidad autónoma vasca y la navarra y que puedan gestionar los impuestos.
ERC
Pide concreciones
Quiere frutos en la mesa
Sánchez ha superado la crisis con ERC que desató el espionaje con el programa Pegasus. Pero las tensiones entre ERC y Junts en el Govern por la investigación a Laura Borràs, y la posibilidad de un adelanto electoral, añaden presión a los republicanos para que su diálogo con Sánchez dé frutos este año. La reunión de la mesa de diálogo ha calmado a ERC con compromisos para el uso del catalán en el Parlamento Europeo y las Cortes Generales, y para propiciar el fin de la judicialización, pero el president Aragonès ha exigido concreciones antes de que acabe el año. Aragonès espera que antes del 31 de diciembre se impulsen reformas legislativas para traducir en hechos esos acuerdos. Además, el asunto de la lengua en las escuelas sigue sin estar del todo resuelto, y sentencias como la última del Supremo dan munición a los colectivos partidarios de dinamitar la inmersión en catalán.
EH BILDU
Malestar por ocultar los GAL
Pide una rectificación
EH Bildu no tiene un acuerdo de investidura con Sánchez, pero se ha convertido en uno de sus apoyos habituales, como sucedió en la votación del decreto anticrisis y la Ley de Memoria Democrática. También ha dado cobertura a sus mensajes de izquierdas en el pleno de política general. Sin embargo, cuando trascendieron los ejes de la Ley de Información Clasificada, EH Bildu escenificó su presión a Sánchez y le exigió una rectificación. Arnaldo Otegi avisó de que la ley no ocultará quién organizó la guerra sucia.