El decreto del fin del estado de alarma saldrá adelante en el Congreso de los Diputados, pero esta fotografía es un espejismo y no oculta el malestar generalizado entre la oposición y también entre los socios del presidente español, Pedro Sánchez. Entre ellos, el PNV, cuya abstención es un reflejo de su descontento por el proceder unilateral del PSOE a la hora de dejar caer el estado de alarma el 9 de mayo y de ofrecer como única solución a las comunidades para seguir limitando la movilidad el recurso en casación al Tribunal Supremo, la vía que recoge este decreto.
Todo ello, sin pactarlo con los jeltzales e ignorando la disconformidad de un grupo que apoyó su investidura, y la preocupación del propio lehendakari. El debate de este decreto en el Congreso, un decreto que tiene el apoyo del PSOE, Unidas Podemos y también los votos a favor de grupos como el PDeCAT, se ha saldado con críticas de "irresponsabilidad" y "unilateralidad" a Sánchez. Incluso el PDeCAT, pese a votar a favor, ha dejado ver que lo hacía por las medidas sociales y ha apoyado que el decreto se reconduzca tramitándolo como proyecto de ley, una petición a favor de la cual también ha votado el PNV.
Tampoco ha habido entusiasmo con la vía del Supremo, que nadie cree que sea realmente la solución. A Sánchez se le ha reprochado que ponga fin a la alarma por razones políticas, sin dialogar, y dando pie a que ahora comiencen a subir los contagios en algunas comunidades, como ha mencionado el PNV sobre el caso vasco.
RIESGO DE REBROTES
Josune Gorospe exige que "reoriente" su actuación y le tiende la mano, pero avisa de que tendrá que tratar de otra manera a sus socios. Le ha reprochado que asuma "el riesgo de rebrotes". Los grupos exigen a Sánchez un cambio de rumbo, también desde Coalición Canaria, donde Ana Oramas quiere conocer qué hará el presidente si el Tribunal Supremo rechaza las medidas en las islas y las deja a los pies de los caballos sin poder cerrar el perímetro de aquellas
A la espera de que se produzca la votación, a la abstención del PNV podría sumarse también la de ERC y la de EH Bildu. PP, Ciudadanos y Vox han anunciado su voto en contra. Los populares lo han hecho defendiendo su plan jurídico alternativo, su reforma legal para habilitar a las comunidades autónomas. El desenlace podría haber sido más desfavorable para el Gobierno español de no ser porque este decreto 8/2021 incluye también la prórroga de medidas sociales como evitar el corte en el suministro de gas y agua para los colectivos vulnerables, medidas antidesahucios y para que los jubilados sigan trabajando como sanitarios sin perjudicar su pensión.
EL FIN DE LA ALARMA
La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera, a la defensiva, ha vuelto a defender la caída del estado de alarma con tres argumentos: las perspectivas sanitarias son más optimistas por el avance de la vacunación; las comunidades pueden restringir los movimientos de los ciudadanos con el marco legal de 1986 y sometiéndose al control judicial o recurriendo al Supremo; y su Gobierno tiene la convicción "democrática" de que el estado de alarma "no puede ni debe prolongarse de forma indefinida".