Los grupos castigan la polémica del ‘solo sí es sí’ y sitúan su debate en vísperas del 8-M

Afrontar la reforma de la ley del solo sí es sí sin haberlo consensuado antes con el Ministerio de Igualdad de Irene Montero sería una situación “extraterrestre”. Así lo afirmó ayer el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que puso voz al hartazgo de la mayoría de los socios habituales del Gobierno de Pedro Sánchez por el divorcio de facto entre sus dos patas, el PSOE y Unidas Podemos, en torno a la proposición de ley presentada por los primeros para modificar esta ley.

Un malestar que llevaron al terreno de los hechos, ya que ERC, EH Bildu, Más País y JxCAT se negaron a que el debate sobre la toma en consideración de dicha reforma se adelantara a la semana que viene, como reclamaban los socialistas. Una decisión que requería de mayoría absoluta y a la que también se opuso Unidas Podemos, cuyo portavoz Pablo Echenique abogó por dar más tiempo a la negociación. Los grupos minoritarios quieren que la proposición de ley llegue al pleno cuando haya una postura unitaria entre los socios del Gobierno de coalición. Como consecuencia, y dado que en la semana del 28 de febrero no hay sesión plenaria, esta iniciativa podría incluirse en el orden del día del 7 de marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, con manifestaciones en todo el Estado.

Se trata del escenario que el PSOE pretendía evitar a toda costa, a pesar de que su portavoz en el Congreso, Patxi López, trató de restarle importancia una vez se confirmó el boicot a sus plazos en la Junta de Portavoces del Congreso. “Estamos hablando de tomar en consideración una iniciativa que quiere que en este país tengamos la mejor ley posible para garantizar la libertad sexual”, dijo respecto a una proposición de ley que pretende poner fin al goteo de reducciones de penas a agresores sexuales tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí, que ya se sitúan en tono al medio millar.

Sin embargo, el acuerdo con Unidas Podemos ha sido imposible desde que el PSOE registró la proposición de ley el pasado 6 de febrero. Patxi López aprovechó ayer para cargar contra su socio de Gobierno y consideró “sorprendente” que los miembros de Podemos en la Mesa del Congreso no apoyaran la toma en consideración del texto. Aseguró que esto “no había pasado nunca” y dijo que “lo tendrán que explicar ellos”. Insistió en que la urgencia de la reforma surge de su intención de “parar la sangría de la alarma que se está generando por las rebajas de condenas y la excarcelación” de agresores sexuales. “Esta ley es del Gobierno y nos sentimos concernidos con la misma, la estamos defendiendo”, aseguró, frente a “unos aspectos penales que han tomado una deriva que no se quería”.

La llamada al acuerdo por parte de ambas partes es constante pero, al parecer, ni siquiera hay una negociación en curso. El propio Ministerio de Igualdad desveló que el pasado fin de semana propuso celebrar un encuentro para retomar las conversaciones, sin éxito. La delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, insistió ayer en la necesidad de retomar las negociaciones para reformar la ley. Sobre la urgencia del PSOE para afrontar el debate parlamentario, advirtió en TVE de que “las leyes penales no hay que revisarlas con tanta urgencia porque hacia atrás no tiene remedio y a futuro es mucho mejor ley”.

“No entendemos por qué no quieren negociar, es una reunión vital”, agregó Echenique sobre la solicitud de Igualdad de reunirse para alcanzar un pacto que evite “volver al Código Penal de la manada” si el PSOE llegara a pactar la reforma con el apoyo del PP e incluso de Vox. El portavoz morado en la Cámara baja insistió en que fue el PSOE quien “rompió” la negociación con el Ministerio que dirige Irene Montero al presentar esta proposición de ley por su cuenta, con la que plantea introducir la violencia y la intimidación como un subtipo agravado y retocar algunas penas.

Infierno probatorio

La toma en consideración de la reforma del PSOE en el Pleno del Congreso del 7 de marzo está garantizada porque, con independencia de lo que voten Unidas Podemos o ERC, el PSOE ya cuenta con el apoyo del PNV y de Ciudadanos, y la garantía del PP y de Vox de que no se opondrán a su tramitación. A partir de ahí se abrirán los plazos de enmiendas y necesitará más apoyos, ya que se trata de una reforma del Código Penal con rango orgánico y exige recabar al menos la mayoría absoluta (176 diputados). El partido de Pedro Sánchez está por tanto ante dos vías, o recompone su relación con Unidas Podemos o atrae al PP al pacto.

Ayer fue, no obstante, el día del tirón de orejas de los socios minoritarios a los partidos en el Gobierno de coalición y su trifulca. ERC fue la primera en oponerse a acortar los plazos para una reforma sin el concurso del Ministerio de Igualdad, y lo mismo hizo EH Bildu. De este modo, ya no hubo necesidad de que el resto de grupos fijaran posición sobre esta iniciativa, ya que al no estar publicada ni tener todavía el visto bueno del Gobierno se requería un acuerdo unánime.

Gabriel Rufián advirtió: “Que en ningún caso cuenten con ERC para volver al infierno probatorio que suponía para las mujeres la anterior legislación”, en referencia a la necesidad de mantener el consentimiento en el centro de la ley. Oskar Matute (EH Bildu) dijo que “es necesario un cauce de diálogo y de acuerdo de las dos partes del Gobierno”. l

Crítica del PP

Interés político

Rebajas de penas. La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, denunció ayer que los socios en el Gobierno español de coalición, PSOE y Unidas Podemos, están afrontando la reforma de la ‘ley del solo sí es sí’ guiándose por los “intereses políticos”. A su juicio, “al Gobierno y a sus socios” les parece “poco importante reformar el Código Penal”, a pesar de ser “los responsables y los autores de lo que está ocurriendo” con las rebajas de penas a agresores sexuales.

Responsabilidad. Ante esta situación, la secretaria general de los ‘populares’ llamó a socialistas y morados a la “responsabilidad” como, a su juicio, está haciendo el PP, “primero advirtiendo” de las consecuencias de la aplicación de la norma, después “llamando a la rectificación” y también “promoviendo una iniciativa legislativa” para reformar el texto.