Y cuando ya tenían casi asumido que tendrían que empezar a pedir el certificado sanitario para permitir el acceso a sus locales de ocio nocturno y restaurantes, llegó la Justicia y lo rechazó. Ni tristes ni contentos por el contenido de la resolución de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) que mantiene los usos y costumbres en este tipo de establecimientos.
Eso sí, todas las voces del sector consultadas por DEIA han reconocido abiertamente las ganancias sociales que hubiera implicado su aplicación para frenar la expansión del virus; y más aún con las fechas navideñas a la vuelta de la esquina.
"Era una medida asumible y que procedía en el momento", resume Héctor Sánchez, cabeza visible del gremio. Incluso deja entrever un cierto grado de asombro y hasta extrañeza por ese pronunciamiento de los magistrados de lo contencioso-administrativo en contra del pasaporte covid.
"Quien más quien menos, pensaba que esta vez con los precedentes que había, podría darse esa autorización", apostilla en declaraciones a este periódico. Pero no ha sido así. De nada han servido los folios ni las tesis expuestas por Altos Tribunales de otras comunidades analizando este mismo asunto y declarando conveniente y oportuno el llamado 'pase covid'.
De hecho, el escrito vasco contraindicando esa posibilidad también ha pillado con el pie cambiado a Luis Ángel Martínez, propietario de la Sala Moma, en Bilbao. Tanto, que este pasado fin de semana había mantenido un encuentro con algunos de los empleados de este local de ocio nocturno para tener los deberes hechos y planificar cómo, cuándo y dónde pedir ese certificado sanitario a los clientes de la discoteca. A todos, claro.
"En todo momento he dicho que me parecía una buena medida. De hecho, ya contábamos con tener que pedirlo", reconoce. Su preocupación era encontrar el modo de agilizar las lecturas de los códigos QR antes de pasar por caja para pagar la entrada sin generar retenciones. De momento, eso no ocurrirá; pero ellos ya tienen definida su estrategia en caso de que haya un cambio de criterio.
Porque basta mirar hacia el continente europeo para comprobar que el certificado sanitario es el pan nuestro de cada día para millones de ciudadanos cuando quieren irse de discotecas, al museo, a un concierto o incluso acceder a un albergue de peregrinos como ocurre en la cercana Galicia.
Y es que, como ha acertado a explicar Ricardo Pérez, alma mater del Restaurante Yandiola, en la capital vizcaina, esta pandemia ha dejado una lección indiscutible: tarde o temprano todo llega. "Imagino que al final acabaremos teniendo las mismas obligaciones. Al final empieza por un sitio, parece que aquí no va a llegar y resulta que luego ya lo tenemos en casa", describe.
En su caso, el chef tiene asumido que la implantación de esta medida será "complicada" por la carga de trabajo extra que deberá asumir el personal. Sin embargo, entiende que "en la lucha contra la pandemia hay que tomar medidas que no son del gusto de todos y que implican un esfuerzo más. Y esta era una de ellas".
Quien prefiere no mirarse en el espejo de Europa es Héctor Sánchez. No al menos para ver los confinamiento en Austria o las vacunaciones obligatorias de trabajadores esenciales en Italia y Francia, por ejemplo.
A su juicio, "en la medida en que no se pueden adoptar decisiones drásticas como sí se hace en otros países, estamos en una situación de incertidumbre que se agrava además porque en el Estado de las autonomías hay 17 tribunales superiores de justicia que dictaminan cosas diferentes unos de otros".
Habla, en este sentido, el presidente de la Asociación de Hostelería de Bizkaia de una "cobertura legal inexistente". Y lo comparte Ana Rincón, portavoz de la Asociación Jueces y Juezas para la Democracia en Euskadi. A su entender, "la legislación actual que regula esta materia es insuficiente. Estamos en esta situación porque haría falta que el legislador estableciera unos supuestos más claros para regular cada caso".
Esta vez, los principios de necesidad y de proporcionalidad han colisionado de lleno con los derechos y libertades fundamentales. Y eso que el voto particular del juez Luis Garrido, presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV, favorable a autorizar el certificado covid, se aferraba al argumento avalado por el Tribunal Supremo de que esta medida, efectivamente, entraña una limitación de los derechos fundamentales, pero de carácter "tenue".