La Fiscalía General del Estado (FGE) alerta en su Memoria correspondiente al 2022 de un incremento del 66% de intentos de homicidio por violencia de género el año pasado, con 35. El Gobierno elabora desde 2003 un litado con las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, una cifra que el año pasado alcanzó las 50 fallecidas, pero no incluye otros actos de gravedad como los que ahora recoge la Fiscalía.
Así lo refleja la Memoria presentada al inicio del año judicial por el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. El informe de la Fiscalía contabiliza un total de 43 hechos graves, de los que 35 podrían ser constitutivos de "feminicidios íntimos de pareja intentados", tal y como los define. De ellos, en 11 casos habían denunciado previamente (el 31,43%). La mayoría de las víctimas implicadas (23) tiene nacionalidad española (65,7%), al igual que más de la mitad de los agresores, 20 (57,14%). En cuanto a la edad, la mayor parte están comprendidas entre los 25 a 50 (31), lo que supone el 88,6%, al igual que los agresores (29), que son el 82.87%.
Arma blanca
Igualmente, la Fiscalía añade que el apuñalamiento es el método más utilizado en estos intentos de homicidio por violencia de género, ya que los agresores lo emplearon en 19 ocasiones, en el en el 54.29% de los supuestos. A este método apunta que le siguen en cinco de los casos los golpes (14.29%); en cuatro el incendio (11.43%); en tres el estrangulamiento (8,57%) y en dos el arma de fuego (5.71%); en una, un corte con botella (2.86%) y en otra ocasión la víctima fue arrojada al vacío (2,86%).
Más casos de Andalucía
Por otro lado, agrega que la Comunidad en la que más feminicidios intentados se han registrado en el 2022 fue Andalucía (10), seguida de Catalunya (9), Madrid (4), Canarias (3), Galicia (3), Valencia (2) y Baleares, Navarra, La Rioja y Castilla y León (1 cada una de ellas).
En este sentido, también advierte de que, en relación al número de habitantes por núcleos de población, el mayor porcentaje de feminicidios intentados se ha apuntado en poblaciones de 20.000 a 50.000, de 51.000 a 100.000 y de 100.001 a 500.000 habitantes, con un 17,14% en cada uno de esos grupos; seguidos de los núcleos poblacionales de entre 5.000 a 10.000, de 10.000 a 20.000 y de más de 500.000 (el 11,43%). Además, se anotaron tres feminicidios en localidades de 1.000 a 5.000 habitantes (8,57%) y ninguno en poblaciones de hasta 1.000 habitantes.
La Fiscal de Sala Delegada de Violencia sobre la Mujer, Teresa Peramato, ha explicado, que ha pedido en el comité de crisis, celebrado este pasado lunes y presidido por la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, que se analicen, no solo los asesinatos machistas consumados, sino también estos intentos.
"Yo creo que es importante para poder analizar muchas de esas cuestiones que nos están dando muchos dolores de cabeza, para saber qué podemos hacer para mejorar la respuesta institucional y ser más efectivos en prevención y en protección. Si toda esa información nos la dan, yo creo que podemos tener un mapa más claro, una fotografía de aquellas situaciones concretas que se nos están escapando", afirma.
La Fiscalía también señala que en el 2022 se computaron diez feminicidios ampliados, de los que siete fueron consumados y tres intentados. De los primeros, en tres ocasiones las víctimas eran hijos comunes, dos de ellos menores de edad (de 11 y 6 años) y la otra una hija de 18 años. En otra ocasión, fue un hijo de una mujer que estaba gestando y a punto de nacer y los demás eran amigos de la víctima en dos ocasiones y la suegra del investigado en otra. En cuanto a los intentados, uno era hijo común de 19 años, otro era un amigo de la víctima y el otro un sobrino del agresor de 15 años.
Respecto a las víctimas colaterales de la violencia de género, contabiliza cuatro hijos comunes, un amigo de la víctima y a la actual pareja de la mujer.
Concentración de asesinatos en diciembre
Respecto a los homicidios íntimos de pareja consumados registrados en 2022, un total de 50, Fiscalía destaca la concentración de casos en el mes de diciembre (12), un hecho que califica como "especialmente preocupante". No obstante, no encuentra respuesta a esta situación. "Las teorías relativas a la mayor convivencia en los periodos de invierno, con días más cortos, y en periodos como el navideño en el que existe una mayor relación familiar y social, no parece que sea determinante si se compara con otros meses en los que se dan también esas circunstancias", asegura y agrega que tampoco un posible efecto mimético puede justificar "tan tremenda realidad".
Por otro lado, la Fiscalía también avisa de que la ruralidad y la discapacidad resultan factores de vulnerabilidad en materia de violencia de género, puesto que 15 del total de feminicidios del 2022 se cometieron en poblaciones de menos de 20.000 habitantes, lo que representa el 30%. De ellos, cinco se cometieron en municipios de menos de 1.000 habitantes (el 10%); seis en municipios de 1.000 a 5.000 habitantes (12%); dos de 5.000 a 10.000 y dos de 10.000 a 20.000 (4% respectivamente). En municipios de más de 20.000 se produjeron 35 feminicidios, lo que representa el 70%.
Más cultura patriarcal en la sociedad rural
"El mayor enraizamiento de la cultura patriarcal en la sociedad rural determina un mayor grado de normalización y mayor dificultad en la percepción y reconocimiento de las conductas machistas abusivas y violentas y también mayor dificultad para denunciar", subraya.
Por ello, indica que en el Pacto de Estado, además de desarrollar campañas dirigidas específicamente a mujeres que viven en el ámbito rural y a las mujeres que sufren algún tipo de discapacidad, se planteó la necesidad de incrementar el número de centros de acogida y de mejorar la información en coordinación con las CC. AA, impulsar las asociaciones de mujeres en el ámbito rural, realizar estudios para analizar las actuaciones policiales, la respuesta penal y la asistencia sanitaria y jurídica y facilitar los desplazamientos de las mujeres víctimas a aquellas poblaciones en las que se encuentran los recursos.
Personal "suficiente" para a protección de las víctimas
La desigualdad de recursos existente entre las distintas provincias en materia de protección a las víctima de violencia de género es otro de los temas que pone de manifiesto la Fiscalía. Por ello, reclama la implantación de Unidades de Valoración Forense Integral (UVFI) en todas las provincias con personal "suficiente" y "cualificado", así como en las Oficinas de Asistencia a la Víctima (OAVD).
De la misma manera, encuentra "problemas" en las medidas cautelares de protección. En concreto, las Fiscalías de Cádiz, Huesca, Navarra, Ávila, Guadalajara y Valencia siguen refiriéndose a la dificultad de guardar la distancia de 500 metros en localidades pequeñas, la deficiente cobertura de zonas rurales aisladas, el tiempo que emplean los técnicos del Centro Cometa a desplazarse a esas áreas, así como el trabajo que les supone el análisis y cribado de los informes que remite el centro (alertas involuntarias o entradas en zonas de exclusión móvil), para decidir sobre la formulación de denuncia.
Por último, las de Murcia y Castellón señalan lo "gravoso" que supone para las víctimas las comunicaciones de incidencias reiteradas, que les provoca ansiedad y trastorno en su vida diaria, llegando a comparecer, incluso, en sede judicial para solicitar la retirada de los dispositivos electrónicos.
Aumento de delitos de homicidio perpetrados por menores
Además, la Fiscalía General del Estado ha alertado sobre una "alarmante tónica ascendente" registrada en los últimos años en el número de delitos de homicidio y asesinato -tanto consumados como en grado de tentativa- cometidos por menores de edad, con un aumento de 14,77 % en 2022.
En su Memoria Anual correspondiente al ejercicio 2022, el Ministerio Público califica de "especialmente preocupante" las 101 causas de este tipo incoadas este año, que confirma la tendencia creciente observada, ya que en 2017 se registraron 50 causas, 52 en al año siguiente, 83 en 2019, 67 en 2020 y 88 en 2021.
Por el contrario, los datos de lesiones cometidos por menores de edad han bajado levemente en 2022 (-1,94 %) respecto a 2021 y, en términos generales, la criminalidad vinculada a los infractores menores de edad ha aumentado sólo un 1,04 %.