Los jueces que se resisten a aplicar la ley de amnistía

Aunque hay más magistrados refractarios a aplicar la ley de Amnistía, son tres los que se han significado especialmente por su oposición e, incluso, por sus actuaciones para boicotearla desde el mismo instante en que se conoció el proyecto de ley. Se trata de Pablo Llarena (Tribunal Supremo), Manuel García-Castellón (Audiencia Nacional) y Joaquín Aguirre (Juzgado de Barcelona).

Pablo Llarena Conde

El juez Llarena. EP

El todavía vigente CGPJ lo colocó en el Tribunal Supremo en 2016, pese al recurso de la asociación Jueces y Juezas para la Democracia, que consideraba que su promoción se hizo “sin respetar los principios de mérito y capacidad establecidos en la Constitución”.

Esta irregularidad tuvo su continuidad en la designación como instructor de la causa contra el independentismo catalán, pues se realizó sin respetar el turno establecido. Había otros cinco jueces por delante para asumirla.

A nadie se le escapa que su elección no fue inocente. Desde sus tiempos en la Audiencia de Barcelona, Llarena se había significado por sus opiniones críticas contra el soberanismo y sus postulados calcados de los del Partido Popular.

En consecuencia con su ideología, su instrucción del sumario del procés se caracterizó por la extrema severidad, rozando la animadversión contra los dirigentes encausados, con encono indisimulado hacia el president expatriado, Carles Puigdemont.

Todas sus órdenes internacionales de búsqueda y captura contra el líder principal del procés fueron dándose de bruces contra la justicia de los países donde pretendía que se hicieran efectivas.

Incumplido el objetivo de ver arrestado y extraditado a Puigdemont, y ya con la ley de Amnistía en vigor, el magistrado sigue enrocado en que el president de la Generalitat entre enero de 2016 y diciembre de 2017 cometió un delito de malversación no amnistiable.

Manuel García-Castellón y García-Lomas

El instructor de la causa Tsunami Democràtic tiene una trayectoria plaga de dudas sobre sus métodos. Ya siendo juez raso en Valladolid, admitió una querella contra una clínica en que se practicaban abortos que había presentado su propio hermano, presidente de la Asociación Pro-Vida.

En sus dos periodos en la Audiencia Nacional, la polémica le ha acompañado sistemáticamente en cada causa que ha llevado. Entre sus sumarios, cabe citar las tramas Kitchen y Púnica o el caso Dina, contra el exvicepresidente Pablo Iglesias.

En 2019 se hizo cargo de la causa abierta por los disturbios que se produjeron en Barcelona coincidiendo con el segundo aniversario del procés, convocadas por la plataforma Tsunami Democràtic.

Desde que se supo que la ley de Amnistía que se preparaba no incluiría el delito de terrorismo, su instrucción se volcó en atribuir tal imputación a los presuntos cabecillas del movimiento, empezando por Carles Puigdemont.

Joaquín Aguirre López

El juez Aguirre. EP

El titular del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona puso en marcha en noviembre de 2020 la inicialmente llamada Operación Voloh (luego, por una errata en una diligencia, se convertiría en Volhov), que tenía como finalidad investigar la presunta participación de agentes de inteligencia rusos en el procés.

Después de innumerables pesquisas que no llegaron a ningún sitio, a principios del pasado mes de junio, la Audiencia de Barcelona le ordenó frenar la instrucción. La respuesta del togado fue abrir una nueva pieza en la que acusa a Carles Puigdemont de un delito no amnistiable de alta traición.