Seis de las siete asociaciones de jueces y fiscales firmarán el próximo martes un acuerdo con el Gobierno español que incluye una subida salarial de unos 450 euros brutos mensuales y otras mejoras laborales, lo que supone la desconvocatoria de la huelga indefinida a partir del próximo lunes.
Con el acuerdo cerrado y a falta de formalizarlo con las firmas de los Ministerios de Justicia y de Hacienda y Función Pública, la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura (APM) es la única que discrepa de esta propuesta porque no la considera "satisfactoria", en palabras de su portavoz, Juan José Carbonero, quien ha apuntado que aún "hay tiempo de acercar posiciones", aunque ahora la situación es "más difícil".
La última oferta del Ejecutivo consiste en un paquete de 46,7 millones de euros, que se traduce en una subida de unos 450 euros brutos al mes y otras mejoras laborales como un aumento de plazas en las carreras judicial y fiscal, un incremento en el complemento de destino y la creación de una mesa de diálogo anual.
Un acuerdo "más que razonable"
Fuentes del Ministerio de Justicia han expresado a EFE su deseo de que la APM, de tendencia conservadora, se sume al acuerdo, pues lo consideran "más que razonable" y aseguran que va "en beneficio del servicio público de Justicia".
Aunque no opinan lo mismo la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en este cuerpo, ni la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), cuyos portavoces han confesado a los medios que no es el acuerdo "deseado", sí han optado por aceptar las condiciones del Gobierno español por "responsabilidad institucional" y para dar paso a una "vía de negociación más permanente y constante".
El acuerdo les deja "una sensación agridulce", pero con una "valoración positiva", ha resumido la presidenta de la AF, Cristina Dexeus.
"Lo más relevante es que ha habido una primera sintonía con el Ministerio y que esto no es el final del acuerdo, sino el inicio de una serie de trabajos que se van a desarrollar 'a posteriori' para la mejora de las carreras judicial y fiscal", ha añadido José Ignacio Martínez, de la AJFV.
Las únicas asociaciones que han mostrado su apoyo al plan del Gobierno son las progresistas Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Unión Progresista de Fiscales (UPF), que afirman que mejora el sistema público de Justicia y que valoran especialmente el aumento en 200 plazas entre 2023 y 2024 para las carreras judicial y fiscal.
Además, celebran que el cambio en la periodicidad de la mesa de retribuciones permitirá mantener abiertas otras reivindicaciones como la revisión de los trienios o la mejor compensación económica de las guardias.
El acuerdo supone, asimismo, la desconvocatoria de la huelga indefinida prevista a partir del próximo lunes que apoyaban AJFV, Foro Judicial Independiente (FJI), AF y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), y que la APM había dejado en suspenso y todavía no descarta.
Aunque la asociación mayoritaria dentro de la carrera judicial no estampe su firma en el documento el martes, las mejoras aplicarán para todos los jueces y fiscales, previo paso por el Consejo de Ministros.