A la peluquería en la que trabaja le ahogan las deudas. Las facturas de luz y gas han provocado una subida de costes terrible y el propietario del local le ha dado una vuelta al alza al alquiler. El negocio no tira para delante. Y de la noche a la mañana echa la persiana. Imaginen que seis trabajadoras se quedan en la calle. Y es más, lo hacen sin recibir ni la carta de despido. Ello les obliga a realizar una reclamación previa y a acudir al juzgado. Este es un supuesto de extinción del contrato por falta de pago al trabajador.
Otro ejemplo. El llamado despido tácito. Aquel trabajador al que la empresa le deja de pagar la nómina pero tiene que seguir acudiendo a su puesto. En caso de no hacerlo, incurriría en una dimisión, en una baja voluntaria, y por tanto no tendría derecho ni a indemnización ni a paro. El empleado debe seguir en su trabajo pese a que sabe que no le pagarán. Para reclamar su sueldo, tendrá que acudir al juzgado. Y ninguno de los supuestos anteriores son urgentes por ley, por kafkiano que resulte, en la normativa de la jurisdicción social, la que se encarga de tramitar las demandas laborales.
Tampoco es urgente tramitar en el juzgado la denegación en la Seguridad Social de una solicitud de incapacidad, o la reducción de jornada de una madre a la que su empresa impide conciliar. Nada de ello urge por ley, pero todo es vital en el quehacer diario. “En la jurisdicción social vemos sueldos y pensiones, de lo que comemos todos. Es especial por eso, porque muchas de las cosas que aquí vemos merecen una urgencia que quizás en otras jurisdicciones no es tan necesaria”, explica Isabel Olavarri, titular del Juzgado de lo Social 1 de Pamplona. La magistrada tiene sobre la mesa los juicios de esta semana. Son demandas de despidos que entraron en octubre y noviembre en su juzgado. Considera que es un tiempo razonable que se juzguen en 6-7 meses. Sin embargo, los procedimientos no urgentes los está señalando para abril de 2024. A un año vista. A ver quién lo soporta.
Abogados: “La espera genera perjuicios a los clientes”
Abogados especializados en materia laboral afirman que en esta materia tan sensible “el tiempo del proceso influye y tiene mucha relevancia. Ese retraso en el señalamiento genera perjuicios notorios en las expectativas de los clientes. Si un demandante que reclama fijeza por su plaza le señalan el juicio dentro de un año, igual no tiene sentido que siga con su demanda porque le va a cambiar su situación. No es lo mismo un despido con in-demnización en un tiempo razonable o el señalamiento rápido de una incapacidad a que esa persona tenga que esperar más de un año para juicio. Hay situaciones que son difícilmente sostenibles”, aseveran.
Olavarri señala 24 juicios a la semana. Por lo general, quitando suspensiones y acuerdos, celebra unos 15 que hay que estudiar y resolver. Este año ya lleva dictadas un centenar de sentencias y, si todo va bien, acabará con 450 en todo el año. Pero ya tiene una pendencia, una cantidad de asuntos acumulados, por encima de los 850. En caso de sumar esta cifra con la de los otros tres juzgados de lo Social de Pamplona, el resultado dicta que llevan acumulados 3.327 procedimientos (840 en el juzgado número 2; 574 en el número 3 y 1.061 en el nº4).
La huelga de letrados de Justicia ha generado la suspensión de 194 juicios. Ahora, en el juzgado número 3, el más ágil, se señalan juicios urgentes en junio de 2023. Los no urgentes se fijan para diciembre. En el juzgado nº2, la jueza ha señalado el último juicio urgente para el 17 de octubre, los relativos a Seguridad Social para incapacidades, bajas y accidentes laborales son para el 19 de octubre y los no urgentes, por ahora, se fijan el 26 de octubre. En todo caso, advierte, “las fechas son relativas puesto que tenemos asuntos pendientes de señalamiento que precisarán ya fecha en 2024”. En el juzgado nº 4, los pleitos urgentes por ley se señalan en diciembre de 2023 y los no urgentes ya están para el 1 de marzo de 2024. Sin embargo, en estos momentos tienen 180 asuntos por incoar, que podrían entrar en el calendario en el último trimestre del año que viene. Es decir, habrá trabajadores cuyas demandas se retrasarán año y medio en llegar a juicio. ¿Y puede un empleado/a seguir con una demanda sabiendo que quizás tarde 18 meses en tener una respuesta? ¿Cómo sigue en su empresa, con qué animo va a trabajar en una situacion de conflictividad o cómo gestiona el sufrimiento de una incapacidad o de una pensión denegada? Y quien se queda en la calle, ¿cómo se paga la manutención diaria?
“Me preocupa lo que estoy viendo últimamente en el juzgado, porque he percibido que nos están llegando despidos muy típicos de otras crisis, como esos que hablábamos al inicio, despidos tácitos o aquellas extinciones sin pago”, detalla Olavarri. “En una ocasión me llamaron de la clínica forense, porque una mujer que había ya terminado el desempleo y el subsidio, que no tenía ningún colchón y estaba enferma, me alertaron de que quizás por su estado de salud no llegaría a la fecha señalada para el juicio. En casos así, o en una incapacidad, o en esos despidos que hablamos antes, tratamos de hacer un hueco cuando se pueda. Pero es que a veces no se puede. Y no puedo hacer más”, afirma la magistrada.
Razones de los retrasos
Olavarri cita las razones por las que se está empezando a alcanzar este colapso en su jurisdicción y los motivos de los retrasos. Con la covid se acumularon muchos procedimientos y la recuperación de la actividad ha sido muy lenta. Además, existe una altísima litigiosidad en Navarra con el tema de la estabilización de plazas en la Administración Pública y la fijeza de las mismas. “Y a ello hay que unir –añade la jueza– la pérdida durante el año pasado de una jueza de refuerzo que estaba adscrita a tres de los juzgados. En 2021 el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ofreció la posibilidad de realizar un autorrefuerzo, es decir, con el compromiso de señalar más procedimientos y resolverlos a cambio de un plus. Dicha opción la aceptó el titular del juzgado número 3. Al resto se les asignó dicha jueza de refuerzo entre octubre de 2021 y mayo de 2022. Hasta que el propio Consejo decidió que ya no era necesario, que en otros sitios están mucho peor.
“En 2020 tuvimos una entrada de asuntos del 121%, es decir, un exceso del 21% respecto al módulo de trabajo que señala el CGPJ. En 2021 llegamos al 153% y en el primer trimestre de 2022 teníamos el 141%. Nuestro tiempo medio de respuesta desde que entraba un asunto hasta que tenía sentencia era de 6,4 meses, mientras que la media estatal era de 8,3 meses. Así que el Consejo decidió retirar ese refuerzo pero eso no significa que estemos bien, pero el argumento es que en juzgados de Sevilla y Almería están señalando para 2026. Creo que si sumamos el exceso de trabajo que tenemos da para un nuevo juzgado en Navarra y que deberíamos tener ese quinto juzgado de lo Social”.
Los datos
Juzgado de lo Social 1.
- Juicios suspendidos por la huelga: 24.
- Fecha señalamiento juicios urgentes: octubre de 2023.
- Fecha señalamiento juicios no urgentes: abril de 2024.
- Asuntos pendientes: 852 cuando finalizó el año 2022.
Juzgado de lo Social 2.
- Número total de juicios suspendidos por la huelga: 66
- Fecha de último señalamiento urgente: 17 de octubre de 2023.
- Fecha de último señalamiento de juicios de Seguridad Social (incapacidades, bajas, accidentes laborales): 19 de octubre de 2023.
- Fecha de último señalamiento de juicios ordinarios/no urgentes: 26 de octubre de 2023.
En todo caso, estas fechas son “relativas” puesto que existen asuntos pendientes de señalamiento que, perfectamente pueden precisar ya buscar fechas en 2024, señalan en el juzgado.
El número de asuntos pendientes: 840 asuntos.
Juzgado de lo Social 3.
- Los juicios urgentes se están señalando en junio de 2023.
- Los juicios no urgentes se están señalando en el mes de diciembre de 2023.
- Por la huelga de Letrados se han suspendido 36 juicios.
.- Procedimientos pendientes de enjuiciamiento: 574
Juzgado de lo Social 4.
- Fecha juicios urgentes 1 de diciembre de 2023.
- Fecha juicios no urgentes: 1 de marzo de 2024.
71 juicios suspendidos por huelga.
- Asuntos pendientes: 1061
Tienen 180 asuntos por incoar, que están incluidos en los pendientes, con lo que si se señalaran podrían fijarse fecha de juicio en el último trimestre de 2024.
“Aquí la gente se juega el pan del día a día y los datos me preocupan”
La titular del Juzgado de lo Social 1 de Pamplona vislumbra, a tenor de los últimos procedimientos que está recibiendo en sus juzgados, que los coletazos de la crisis se van a empezar a notar desde ya en la materia laboral. “Son datos que me preocupan. No solo porque me recuerdan a lo ocurrido en otras crisis y porque hace mucho tiempo que no veíamos algún tipo de demanda de despido como las que entran ahora, sino porque aquí la gente se juega el pan del día a día y lo que dirimimos es de lo que todo el mundo come”, afirma la jueza. “Por eso creo que hay que demandar ese quinto juzgado de lo Social y poner remedio a esto cuanto antes, porque sabemos que va a llegar el colapso”. Detalla como ejemplo otro supuesto difícil de llevar. “La incapacidad permanente tampoco es un procedimiento urgente segun la ley. El INSS te dice que no estás incapacitado, algunos de los afectados se piden un permiso sin sueldo pero te lo tienes que poder permitir, otros se cogen una baja nueva en caso de que puedan hacerlo y a alguien se le despide por el camino. Al menos, en este caso, tiene opción de cobrar el paro. Pero en cualquier caso hay que acudir al juzgado para reclamar. Y, por ejemplo, a Olavarri se le han suspendido por la huelga de letrados de Justicia una docena de juicios de este tipo de incapacidades que estaban señalados en enero y que se han fijado en julio. “Pero hay que explicarles a esas personas que después de todo lo que han pasado tienen que esperar seis meses más”. La magistrada explica que la mayoría de los procedimientos que no son urgentes por ley, “son más que urgentes para los afectados. Denegar el Ingreso Mínimo Vital es otro de los supuestos que no urge y, sin embargo, a la vista de todo el mundo, será algo de lo más urgente”.