Los juzgados vascos arrancaron 2022 con una carga de trabajo acumulado que oscilaba entre los 3 meses en la jurisdicción Penal, un plazo similar al del año anterior, y los 8 meses de los juzgados de lo Social, un mes más que en el inicio de 2021.
En la jurisdicción Civil la carga acumulada a principios de año era casi de 6 meses, lo que supuso una disminución de cerca de 2 meses con respecto a 2021, y en la de lo Contencioso-Administrativo se llegaba a los 5 meses, 1 más.
Son datos aportados por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Iñaki Subijana, que este miércoles ha comparecido a petición de EH Bildu en la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia del Parlamento Vasco para presentar la memoria anual del TSJPV.
Aunque todo el sistema judicial en Euskadi está afectado por esa acumulación de trabajo, Subijana ha señalado que los órganos con mayor saturación son principalmente del ámbito Civil, es decir aquellos que dirimen "conflictos entre ciudadanos".
En concreto la mayor congestión se registra en las secciones de lo Civil de Bilbao y Donostia, la Sección Primera de Álava (también de lo Civil), así como en Bilbao en el ámbito de lo Social y en el número 7 de lo Penal.
En todos ellos se han ingresado en los tres últimos años un tercio más de asuntos de los que a priori les correspondería según lo estipulado por el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia.
Huelga de secretarios
La situación se complica porque cada año se crean en Euskadi "uno o en el mejor de los casos dos" juzgados nuevos, lo que no será suficiente para atajar esa carga de trabajo "heredada", que además se verá agravada por la actual huelga de secretarios judiciales, según ha reconocido.
Entre los objetivos que se ha marcado figura el desarrollo de los juicios rápidos y la generalización del expediente judicial para mejorar la gestión de los asuntos "con más rapidez y menor coste", aunque esta debe ser una vía "complementaria" porque hay aún personas que tienen dificultades con las nuevas tecnologías.
La digitalización de la justicia implicará también la adaptación de las salas de vistas: habrá que colocar pantallas para ver documentos, instalar conexión a internet mediante cable (el wifi ha dado problemas) y asegurarse de que el juicio telemático ofrece plenas garantías.
Además, Subijana se ha marcado el reto de que la justicia sea accesible para los ciudadanos en peores condiciones y también para discapacitados. Ha anunciado en este sentido que se trabajará en la sensibilización, señalización, en la presencia de un "facilitador" y en el uso de documentos de lectura fácil.
Atención a menores
Se quiere asimismo mejorar la atención tanto a víctimas de violencia de género como a menores. Se ha referido en este sentido al proyecto Barnahus de atención a menores víctimas de abusos sexuales, en el que solo se toma declaración a los menores una vez y no en un juzgado sino un espacio "más dúctil", y además el testimonio es válido en el juicio.
El proyecto Barnahus va a arrancar en Vitoria, pero la idea es extenderlo después a toda la CAV, según ha explicado.
El presidente del TSJPV ha abogado también por desarrollar la justicia restaurativa, en la que las partes llegan a un acuerdo al que posteriormente el juez da un aval legal sin necesidad de celebrar un juicio; y por "mejorar la paridad en los órganos de gobierno".
Ha detallado que el 90 % de las nuevas generaciones de jueces son mujeres y que esa mayor proporción femenina debe trasladarse ahora a los órganos de decisión.
En cuanto al euskera, ha asegurado que en los últimos años se han incorporado "muchos" jueces bilingües -sobre todo en Gipuzkoa- tanto porque han estudiado el idioma como por el "relevo generacional" ya que los magistrados jóvenes son mayoritariamente bilingües.
Subijana ha precisado en todo caso que "lo complicado" del bilingüismo en la justicia es que no solo requiere que el juez sepa euskera, sino que deben conocerlo todas las partes, incluidos abogados, fiscales, secretarios, demandantes y demandados.