Los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo prevén pedir la revisión de su sentencia cuando entre en vigor la reforma del Código Penal que deroga el delito de sedición que se les atribuyó, trasformándolo en otro de desórdenes públicos, y rebaja las penas por malversación sin lucro.
El Senado dio ayer luz verde, con la oposición de PP, Vox, Ciudadanos, JxCAT y UPN, a la reforma del Código Penal, que entrará en vigor el próximo 12 de enero y que elimina el delito de sedición, que se convierte en otro de desórdenes públicos agravados, con una pena máxima de 5 años frente a los 15 actuales, y reduce a 4 años el castigo máximo para la malversación sin ánimo de lucro.
Según han informado a EFE fuentes de las defensas de los líderes del procés, los exconsellers de ERC y JxCAT condenados prevén pedir la revisión de sus condenas por sedición y, en algunos casos, en concurso con malversación, cuando entre en vigor la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno con el apoyo de Esquerra.
De hecho, la defensa de los principales dirigentes de JxCAT condenados espera que sea el propio Tribunal Supremo quien les cite para que puedan exponer sus alegaciones ante la nueva legislación, aunque si no lo hace serán ellos los que se dirigirán al juzgado una vez entre en vigor la reforma para que la sala se tenga que pronunciar.
El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a 13 años de cárcel e inhabilitación al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC), por un delito de sedición en concurso con malversación, los mismos por los que impuso 12 años a los exconsellers Raül Romeva y Dolors Bassa (ERC) y Jordi Turull (JxCAT).
El Supremo también condenó, en este caso solo por sedición, a 11 años y seis meses de cárcel e inhabilitación a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell (ERC), a 10 años y medio a los exconsellers de JxCAT Joaquim Forn y Josep Rull -a los que absolvió de malversación-, y a 9 años a los exlíderes de la ANC Jordi Sànchez y de Òmnium Jordi Cuixart.
La reforma del Código Penal, que ya ha salido publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), también podría influir en el recurso que el Supremo tiene sobre la mesa para revisar el indulto parcial que el Gobierno concedió a los líderes del procés y que permitió que todos ellos abandonarán la cárcel en junio del pasado año.
LAS CAUSAS POR LOS PREPARATIVOS DEL 1-O
La reforma del Código Penal también podría tener efectos en la causa por los preparativos el 1-O a los ex altos cargos de la consellería de Economía en la etapa de Oriol Junqueras, Josep Maria Jové y Lluis Salvadó, que están pendientes de ir a juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por malversación y desobediencia.
Jové -actual diputado de ERC en el Parlament- y Salvadó -recientemente nombrado presidente del Puerto de Barcelona- están a la espera de que la Fiscalía presente su escrito concretando la petición de penas, en la que podría ser la primera ocasión en que el ministerio público tiene en cuenta en una causa del procés el nuevo delito de malversación.
De hecho, la Abogacía del Estado ha pedido que se amplíe el plazo para que las acusaciones puedan formular sus escritos de calificación, debido a la complejidad de la causa, por lo que probablemente lo podrán concretar cuando ya esté en vigor la nueva redacción del delito de malversación, que rebaja las penas si no hay lucro.
En una situación parecida se encuentran la veintena de ex altos cargos del Govern de Carles Puigdemont procesados por malversación en la causa abierta por el juzgado de instrucción 13 de Barcelona y que, a diferencia de Jové y Salvadó, no son o han sido aforados.
En su caso, la Fiscalía también podrá presentar su petición de penas cuando ya esté en vigor el nuevo delito de malversación, ya que antes se tiene que resolver, en una vista fijada para febrero, un conflicto de competencias entre el juzgado que les investigó, el de instrucción 13 de Barcelona, con el que lleva la causa sobre la promoción del procés en el exterior, el 18.