Los 133 migrantes, en su mayoría de nacionalidad sudanesa, que el pasado viernes 24 de junio lograron cruzar la frontera entre Marruecos y Melilla y llegar hasta el Centro de Estancia Temporal de Extranjeros (CETI) de la ciudad autónoma, en su mayoría sudaneses, han solicitado protección internacional en el Estado español, según han confirmado a Europa Press fuentes del Ministerio del Interior.
En concreto, el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que todos ellos han manifestado su voluntad de formalizar peticiones de protección internacional.
El Estado español concedió el asilo, en 2021, a 194 nacionales de Sudán, según los datos del Ministerio del Interior, lo que supone más de un 91,7% de las solicitudes de protección presentadas. Se sitúa así solo por detrás de Libia, Afganistán y República Centroafricana, entre los países con mayor tasa de reconocimiento de protección en el Estado español.
Sin embargo, según ha explicado el Comité Español de Ayuda al Refugiado (CEAR) a Europa Press, es "prácticamente nuevo" que los sudaneses lleguen al Estado español a través de la frontera con Melilla. La entidad ha explicado que, aunque el año pasado ya se detectó su presencia numerosa en algún salto a la valla, lo habitual es que su ruta tenga como destino Libia.
LA RUTA: SUDÁN, LIBIA, ARGELIA, MARRUECOS Y ESTADO ESPAÑOL
"La gran mayoría ha pasado por Libia, han intentado cruzar el mar y no lo han conseguido, por eso lo intentan por Marruecos", ha explicado CEAR. De este modo, según precisa la ONG, la ruta de los sudaneses es "Sudán, Libia, Argelia y Marruecos".
Así, a pesar de que a mediados de 2021 más de 800.000 nacionales sudaneses habían tenido que cruzar la frontera de su país, las solicitudes en el Estado español apenas sobrepasaron las 200. Según el informe sobre refugiados de CEAR, la mayoría se refugia en los países más cercanos, principalmente en Uganda.
NO ES LA MISMA PROTECCIÓN QUE PARA LOS UCRANIANOS
Del mismo modo, la entidad ha explicado que la solicitud de protección de los sudaneses en el Estado español no sería la misma que se aplica a los de Ucrania, a los cuales se ha aplicado por primera vez en la historia la Directiva de Protección Temporal que les da permiso para residir, trabajar y acceder a los mismos derechos que cualquier nacional español durante un año, prorrogable a otros tres.
Sin embargo, los sudaneses y solicitantes de otras nacionalidades tienen un procedimiento más largo y no siempre favorable. Cuando estas peticiones son rechazadas, el migrante queda en situación irregular y, en el caso de que sea aceptada, durante los primeros seis meses los solicitantes no tienen permiso de trabajo.
A lo que sí tiene derecho un solicitante de protección internacional en el Estado español es a asistencia jurídica gratuita e intérprete; a la suspensión de cualquier proceso de devolución, expulsión o extradición; a la atención sanitaria o a recibir prestaciones sociales específicas, entre otros.
Del mismo modo, está obligado a cooperar con las autoridades españolas en el procedimiento para la concesión de protección internacional; a presentar, lo antes posible, todos aquellos elementos que contribuyan a fundamentar su solicitud; a proporcionar sus huellas dactilares, permitir ser fotografiados y, en su caso, consentir que sean grabadas sus declaraciones; o a informar sobre su domicilio en el Estado español.
DENUNCIA DE AISLAMIENTO
Por otra parte, y también de 2021, CEAR recoge los datos sobre la ocupación del CETI de Melilla del año pasado. En total, se dieron de alta un total de 1.102 migrantes, de los que un 19,8% eran sudaneses.
Sobre la situación de los 133 migrantes que saltaron el viernes y ahora se encuentran en el CETI de esta ciudad autónoma, se han manifestado las ONG Coordinadora de Barrios, Servicio Jesuita de Migrantes (SJM) y la Asociación Guem Dodou, denunciando que se les ha aislado del resto de internos del centro.
Tal y como ha explicado la responsable legal del SJM, María Vieyra, esta privación de libertad en el CETI de Melilla tras salto de valla "no tiene amparo legal" y, por ello, las entidades han pedido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que "cesen esta práctica inmediatamente" y "restablezcan el derecho fundamental a la libertad personal" de estas personas.
En un comunicado, estas tres ONG advierten de que este asilamiento está impidiendo a los migrantes contactar con sus familias por lo que estas "no saben que han sobrevivido". "Se trata de supervivientes de torturas en sus países de origen y de tránsito que no han recibido ningún tipo de apoyo ni soporte psico-social específico para recuperarse", han denunciado.
Estas entidades han formulado un requerimiento a la Dirección General de Atención Humanitaria e Inclusión Social para que "cesara la privación de libertad y garantizara los derechos fundamentales de las personas supervivientes".
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, han negado a Europa Press que haya personas incomunicadas y aseguran que "todas aquellas que tienen teléfono móvil pueden hacer uso de él".
Además, han explicado que los migrantes deben hacer cuarentena siguiendo "las recomendaciones sanitarias" ya que, según han explicado, "el resto de la población que reside en el CETI es vulnerable". En este sentido, han señalado que "todas las personas que pasan unos días en aislamiento preventivo firman un consentimiento informado sobre este tema".