La Conferencia Episcopal Española (CEE) celebra este lunes una asamblea plenaria extraordinaria para estudiar el informe sobre los abusos sexuales en el seno de la Iglesia elaborado por el Defensor del Pueblo, que denuncia que durante décadas negó o minimizó el problema y le insta a apoyar a las víctimas.
En la cita analizarán también la solicitud del despacho Cremades & Calvo Sotelo para ampliar el plazo de entrega del estudio sobre los abusos que encargaron los propios obispos, que llegaron a dar un ultimátum al bufete al no recibir el informe.
El estudio del Defensor del Pueblo recoge duras críticas a la actitud de la Iglesia ante los abusos y ante las denuncias recibidas y le insta a hacerse cargo del tratamiento psicológico de las víctimas y de sus familiares, hayan o no prescrito los delitos, permitiendo que elijan libremente a un profesional.
Considera también necesario que los abusadores clérigos o religiosos sean tratados con los programas de intervención basados en la evidencia con los que se trata a otros agresores sexuales y que han demostrado su efectividad, y que se forme a los profesionales de los centros religiosos para poder detectar situaciones de riesgo e intervenir.
El informe del Defensor, que se entrevistó con 487 víctimas, no ofreció una cifra global de afectados, pero incluyó una encuesta en la que el 1,13 % de los mayores de edad revela que ha sufrido abusos en el ámbito religioso siendo menor y un 0,6 % por parte de un sacerdote o religioso.
De acuerdo con ese sondeo, más de 445.000 personas han podido sufrir abusos en el ámbito religioso -cifra que incluiría abusos de personal y profesores laicos de centros religiosos- y casi 236.500 habrían sido agredidos sexualmente por sacerdotes.