Los grupos del Parlamento Vasco ya tienen en sus manos el informe definitivo que acordaron el pasado viernes sobre las bases educativas. Los servicios de la Cámara han redactado la versión final con las alegaciones incorporadas por PNV, EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos-IU. Este jueves se ha puesto este texto en circulación entre los grupos y se votará el lunes en comisión. Este periódico ha podido tener acceso al informe, no hay sorpresas y se ha producido simplemente una puesta a limpio de las aportaciones.
Eso sí, el documento, de 40 páginas, que incluye las versiones en euskera y en castellano, ofrece la visión general del modelo pactado. Se concede el "protagonismo" a la escuela pública, tal y como pactó el PSE con el PNV. Este será el criterio, dentro de un Sistema Educativo Vasco en el que, no obstante, puede seguir participando la red concertada y recibir dinero público, siempre y cuando cumpla unos requisitos. Son los requisitos que ya adelantó este periódico el martes. El PNV cree que hay que sumar las capacidades de las dos redes, pública y concertada (se reparten casi al 50% el sistema), pero se ha perfeccionado un decálogo de garantías y condiciones.
MÍNIMO DE HORAS EN RELIGIÓN
Por ejemplo, ha quedado plenamente confirmada la apuesta por la laicidad que planteó EH Bildu. "El mínimo establecido por la ley orgánica será el máximo que los centros puedan ofrecer a la asignatura de Religión y garantizarán que no haya adoctrinamiento". Con la ley estatal, la Lomloe, el Gobierno español planteaba impartir al menos una hora a la semana y daba margen a las comunidades para ampliarla, algo que en Euskadi no se hará en las escuelas concertadas si quieren acceder a la financiación pública. Esto aleja a las escuelas del Opus Dei.
GRATUIDAD Y CONTROL DE LOS COBROS
En cuanto al problema de la segregación del alumno migrante y más vulnerable en la red pública, se confirma la apuesta por la gratuidad también en la concertada, "eliminando las cuotas de escolarización" que expulsaban a estos alumnos de esos centros, pero también se trabajará para evitar que, por la puerta de atrás, se establezcan cargos desproporcionados por otros servicios.
"Las actividades complementarias y los servicios escolares deben ser también regulados, garantizando su carácter no lucrativo en los términos establecidos en la regulación orgánica y la voluntariedad de la participación del alumnado. Asimismo, se regulará el establecimiento de ayudas para que quienes padezcan situaciones sociales o económicas desfavorecidas puedan acceder a dichas actividades y servicios", dice el acuerdo. Al menos una vez al año, la web del Departamento de Educación publicará los cobros autorizados para asegurar la transparencia.
DISTRIBUIR ALUMNOS SIN "DINASTÍAS"
Se va a actualizar la normativa sobre admisión del alumnado para repensar los baremos, dar mayor peso a las rentas bajas, y eliminar el punto dinástico o discrecional, entre otras cuestiones. Además, la ley prevé constituir consejos locales para evitar la segregación, y contribuir a una "equilibrada escolarización" del alumnado con necesidades específicas, afinando su reparto. Tal y como pactaron PNV y PSE y respaldó Elkarrekin Podemos-IU, se regulará "un procedimiento único de admisión del alumnado" en centros públicos y concertados para garantizar el acceso en condiciones de igualdad, en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, y Formación Profesional de grado básico, medio y superior; así como en enseñanzas de régimen especial en artes, idiomas o deportes. Los ayuntamientos pueden "asumir un papel importante".
Se fija el horizonte de 2023 para alcanzar un pacto contra la segregación escolar. Y se va a reglamentar el Índice de Complejidad Educativa para establecer mecanismos de reequilibrio en centros con situaciones delicadas. El próximo sexenio de los conciertos educativos se renovará teniendo en cuenta que el primer trienio debe respetar un reparto equilibrado de los alumnos, y el segundo tendrá que tener en cuenta todos los criterios generales. Se estipula, asimismo, que la escolarización será gratuita, al menos, a partir de los 3 años, y se reforzará el Consorcio de Haurreskolak para convertirlo en un servicio público de oferta universal, de calidad y gratuito como defendía Elkarrekin Podemos-IU.
PERFIL B2 EN EUSKERA Y CASTELLANO
En el campo de la lengua, el entuerto sobre la existencia o no de tres lenguas vehiculares se resuelve sin sobresaltos. Queda claro que el eje vertebrador del sistema pluriligüe es el euskera, y que los alumnos tendrán que tener un perfil B2 en las dos lenguas oficiales al terminar la enseñanza secundaria. Se pone por escrito un baremo objetivo que evita un nuevo reguero de interpretaciones aunque, a partir de ahí, cada cual será libre para especular con si se mantienen los tres niveles lingüísticos (lo defiende el PSE), o si en la práctica el modelo A pierde sentido porque ya es residual en la oferta y no garantiza el dominio del euskera.
El acuerdo dice por escrito que los alumnos deberán alcanzar un nivel B2 en las dos lenguas oficiales cuando acaben la educación secundaria (B1 en primaria). En la lengua extranjera, se alcanzarán los niveles A2 y B1. El alumnado tendrá que adquirir una competencia educativa en ambas lenguas oficiales, y conocimientos en una tercera (inglés). No se habla aquí tampoco de las tres lenguas vehiculares que puso sobre la mesa el PSE, sino que se "vehicularán" contenidos en las tres.
COMPENSAR CARENCIAS POR LA LENGUA
La Administración, por su parte, impulsará la adopción de medidas eficaces para "compensar posibles carencias en cualquiera de las lenguas oficiales", y los proyectos de cada centro "contemplarán medidas de apoyo para el alumnado con dificultades de aprendizaje por razones lingüísticas, de forma que se evite el aprendizaje tardío de las materias". Se deja clara la "autonomía" de los centros porque el contexto sociolingüístico es distinto en cada localidad. La apuesta es un marco plurilingüe generalizado.
PLANTILLAS DE PROFESORES, PLAZAS PÚBLICAS...
Se aboga por un marco propio de evaluación de resultados, también con evaluaciones externas, y siguiendo los criterios aprobados por el Parlamento Vasco en 2018. El Consejo de la Escuela Pública Vasca se constituirá un año después de aprobar la ley, a más tardar, y se encargará de activar los medios para desarrollar el plan estratégico. A propuesta de Podemos, se incluye una defensa de las auditorías, y consolidar las plantillas actuales, dar estabilidad al profesorado, ampliar las plazas públicas, y asegurar que toda familia que desee una plaza en esa red la pueda tener.
La planificación del pacto abarca hasta 2034, con un compromiso para incrementar la inversión con vistas a 2035. La futura ley que redacte Bildarratz tendrá que tener memoria económica. Este borrador, que recoge aportaciones de un centenar de expertos y ahora de los grupos, servirá de base para redactar el anteproyecto y presentarlo en otoño.
Fuentes de EH Bildu se reconocen en este acuerdo y ven recogidas "todas" sus aportaciones tal y como se habían acordado.