Los pensionistas acusan a Escrivá de querer privatizar el sistema de pensiones

Las plataformas de Pensionistas de los Pueblos y Comunidades del Estado, en las que se incluye el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, exigen la retirada del Proyecto de ley para el Fomento de los Planes de Pensiones de Empleo, que impulsa el Ministerio de Seguridad Social y que este jueves debe superar en el Congreso su primera su primera reválida.

Para los pensionistas, el proyecto "empobrece las pensiones públicas y abre la puerta a su privatización". Denuncian que supondrá debilitar el Sistema Público de Pensiones de reparto y de solidaridad intergeneracional e interterritorial, que garantiza unas prestaciones mínimas para todas las personas trabajadoras y supone un elemento de equilibrio de las desigualdades sociales en los años de la jubilación.

Además, los pensionistas lamentan que este plan entregará una parte de las aportaciones sociales, a un sistema privado "individualista de capitalización, que cubrirá sólo a las personas que en su vida laboral han podido hacer aportaciones, y dejará fuera a amplias capas de población más desfavorecidas, con empleos en sectores más precarizados o empobrecidos, mujeres muy especialmente.

"ESCASA RENTABILIDAD"

A juicio de estos colectivos, los planes privados de empleo o empresa que hay funcionando desde hace años, han demostrado "una gran incertidumbre y su escasa rentabilidad", al estar sometidos a los vaivenes de los mercados financieros en los que se invierten; de ahí, su estancamiento en cuanto a nuevas suscripciones en los últimos años.

Desde su perspectiva el Sistema Público de Pensiones (SPP) ha demostrado que es sostenible, siempre que no se le cargue con "gastos impropios", que no le corresponde soportar. Pero, añaden, este proyecto de ley "pone en riesgo la sostenibilidad del sistema público al disminuir sus ingresos reduciendo las cotizaciones".

Los supuestos beneficios de la previsión social complementaria que se pretende impulsar, tienen en el Sistema Público muchas más garantías, y los recursos públicos que se van a destinar a impulsar estos fondos de pensiones, estarían mejor empleados en reforzar y mejorar el Sistema Público de reparto consiguiendo resultados socialmente más justos, han asegurado.

Por todo ello, los pensionistas exigen al Gobierno español y al resto de grupos que no apoyen este proyecto de ley porque el actual Gobierno pretende convertir el derecho a las pensiones dignas (artículo 50 de la Constitución Española) en "un negocio privado".