Los perros de caza volverán al debate en el próximo trámite del proyecto de Ley de Bienestar Animal ahora en el Senado, después de que el grupo parlamentario ERC y Bildu haya presentado una nueva enmienda parcial recién cerrado el plazo de registro, para reclamar una vez más que esos animales se reincorporen al texto tal como salió del Consejo de Ministros.
El proyecto de ley de bienestar animal, que según el calendario fijado para el Senado será visto y debatido por la ponencia y Comisión de Derechos Sociales el jueves de la próxima semana, acaba de registrar cuatro propuestas de veto para la devolución del texto al Gobierno por parte de PP, PNV, Vox y UPN, una de cada uno de ellos, además de 449 enmiendas parciales del conjunto de los grupos al articulado.
Junto a este proyecto de ley, dirigido a la protección de los animales domésticos y silvestres en cautividad, se tramita en paralelo otro para la reforma del Código Penal sobre maltrato animal, que a su vez ha registrado en el Senado dos propuestas de veto, una del Grupo Popular y otra de Vox, además de 76 enmiendas parciales al articulado.
La reclamación de los perros de caza ha enfrentado durante meses en la fase previa en el Congreso al grupo de Unidas Podemos -que carece de representación en el Senado- con el grupo socialista partidario de excluir a los perros de caza del proyecto de ley de bienestar animal y finalmente han salido del mismo con el apoyo de PP y Vox.
Entre las enmiendas parciales registradas en el Senado, el grupo parlamentario ERC y Bildu propone no excluir los espectáculos taurinos de la protección de esta regulación, no sacar a los perros de caza del amparo del proyecto de ley o revertir la anulación de la derogación de la ley 50/1999 sobre animales potencialmente peligrosos (PPP) para hacerse efectiva su supresión una vez que el reglamento sea aprobado.
La idea de esas formaciones que también respaldan Unidas Podemos y PSOE es ajustar la normativa para mejorar la clasificación de los perros de "especial manejo", de acuerdo a sus comportamientos individualizados y no solo por la raza a la que pertenezcan.
La nueva regulación recoge medidas para garantizar la seguridad, como la que exige a las personas titulares junto con sus perros realizar un "test" o prueba para valorar la verdadera naturaleza del animal en sus conductas.
Desde los partidos de la derecha, el Grupo Popular ha presentado sendos vetos para pedir la devolución de ambos proyectos de ley sobre protección animal en tramitación en el Senado, tras lamentar que no se haya involucrado a los sectores afectados en su desarrollo y además critica que se antepongan "otros intereses" al bienestar de los animales.
Esa misma formación reprocha también que "el legislador estatal pretenda cuestionar las regulaciones autonómicas o imponer su criterio".
Vox por su parte, argumenta en sus vetos que no se pueden dar derechos a los animales y considera "desproporcionada" la batería de medidas de "control, obligaciones, restricciones y sanciones" para los propietarios, a los que se presupone "maltratadores", según lamenta dicha formación.
Por su parte, el PNV rechaza el proyecto de ley de bienestar animal por motivos competenciales, preferentemente, y discrepa del conjunto de esta regulación por su "carácter centralizador y reglamentista".
El Grupo Popular ha presentado asimismo en el Senado a dicho proyecto de ley algo más de un centenar de enmiendas parciales y otras tantas el grupo parlamentario de Izquierda Confederal, y asimismo, en torno a esas cifras, el Grupo parlamentario Mixto.
Por parte del grupo socialista que sustenta al Gobierno han sido ocho las enmiendas registradas a dicho proyecto de ley, en su mayoría de carácter técnico; una de ellas no obstante, propone la modificación de la redacción de la disposición transitoria segunda sobre la prohibición de determinadas especies como animales de compañía.
En la misma se insta a los particulares a comunicar a las autoridades competentes la tenencia de dichos ejemplares en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.
Asimismo, se propone incluir que, hasta la aprobación del listado positivo, las autoridades competentes adopten las medidas necesarias para la intervención y puesta a disposición a centros de protección de animales silvestres, zoológicos o entidades de protección animal.