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Los llamados procedimientos verbales posesorios por ocupación ilegal de viviendas aumentaron en Euskadi el año pasado un 70,2%, al pasar de 47 a 80. Así consta en el informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales", elaborado por la sección de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y dado a conocer este viernes por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Este informe señala además que solo entre octubre y diciembre de 2024, los juzgados vascos ingresaron 18 de estos procedimientos, un 157,1 % más que en el mismo periodo de 2023.
Este trabajo también revela que las ejecuciones hipotecarias presentadas en Euskadi en 2024 bajaron un 22,8%, contabilizándose un total de 475, frente a las 615 de 2023, un 18,5% más que en el año precedente. En el conjunto del Estado, las ejecuciones hipotecarias aumentaron sin embargo un 18,3% rompiendo la tendencia a la baja que mantenían desde 2022.
En cambio, el año pasado se practicaron en la CAV 608 lanzamientos, un 2,5% más que en 2023 (593). De ellos, 498 fueron consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por impago del alquiler, lo que supone un 3,9% menos que en 2023, mientras que otros 78 derivaron de procedimientos de ejecución hipotecaria, un 41,8% más que los presentados en 2023. Los 32 restantes obedecieron a otras causas.
En total se presentaron 1.216 concursos ante los órganos judiciales vascos (Juzgados de lo Mercantil, Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción) en 2024, un 37,6% más que en 2023. De ellos, 39 fueron interpuestos por personas naturales, un 178,6% más que en 2023 (14), y también crecieron un 15,5 % los presentados por personas jurídicas que pasaron de 226 a 261.
Crecen las demandas por despido
Por su parte, las demandas presentadas por despido ante los Juzgados de lo Social en la CAV aumentaron un 1,2% y alcanzaron las 5.504. Además, los Juzgados de lo Social vascos registraron el pasado año 8.781 reclamaciones de cantidad, un 5% más que en el ejercicio anterior.
Respecto a los llamados procedimientos monitorios, que sirven sirve para reclamar deudas, sumaron 25.911, lo que supone un 12% más que en 2023.
Microempresas
En 2023 empezaron a recogerse por primera vez datos de los procedimientos especiales de microempresas. El año pasado se presentaron en los Juzgados de lo Mercantil, Primera Instancia y Primera Instancia e Instrucción vascos 84 procedimientos de este tipo, un 13,5% más que en 2023, de los que 81 correspondieron a personas jurídicas y 3 a personas físicas.
Se trata de procedimientos relacionados con las situaciones concursales o preconcursales a través de los cuales las empresas podrán acogerse a un procedimiento especial de reestructuración o liquidación simplificada siempre y cuando hayan empleado una media de menos de diez trabajadores, hayan tenido un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o tengan un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas en el ejercicio anterior a la presentación de la solicitud.