Al PNV no le ha fallado la intuición, aunque en este caso hubiera preferido tener menos olfato. La posibilidad que se barruntaba se ha hecho realidad: que la transferencia de las líneas de tren de Cercanías a Euskadi experimentara una parálisis o un retraso por los ceses en el Ministerio de Transportes, unos relevos que se produjeron por el fiasco de los trenes que no cabían en los túneles en Cantabria y Asturias y que sacaron de la ecuación a una interlocutora clave en este traspaso, la ya exsecretaria de Estado Isabel Pardo de Vera. Desde el PNV se admite ya que los relevos no favorecen, que se ha producido un parón importante a la hora de definir el acuerdo en su fase final, y que esta ralentización preocupa. Fuentes de la consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi consultadas por este periódico se limitan a confirmar que, al menos a fecha del viernes pasado, no se había producido ningún avance en las conversaciones.
El último gran hito se remonta al pasado mes de febrero. La consejería de Autogobierno que dirige Olatz Garamendi recibió entonces un documento del Estado que llevaba semanas esperando y que, sin llegar a ajustarse del todo a las peticiones de la parte vasca, al menos sí desbloqueaba un asunto crucial: el Gobierno español aceptó respetar el Concierto Económico y descontar el traspaso del Cupo anual que paga Euskadi al Estado. Pero, casi al mismo tiempo, el Ministerio descarrilaba por otras vías, por la polémica en el diseño de los trenes de Cantabria y Asturias y, en un intento de cerrar la crisis, fue cesada la número dos de la ministra Raquel Sánchez, Pardo de Vera, que había llevado en buena medida el peso de la negociación con Euskadi. La misma suerte corrió el presidente de Renfe, Isaías Táboas. Los ceses se produjeron ese mismo mes de febrero.
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, declaraba aquellos días que esperaba que los ceses y la llegada de rostros nuevos no se tradujeran en un “cambio de actitud” en el Ministerio ante la posibilidad de que Euskadi gestione esta materia. ¿Lo ha habido? El Ministerio no ha anunciado ningún cambio de rumbo ni que esta transferencia vaya a quedar en el cajón. En puridad, el único hecho, el único dato empírico que hay sobre la mesa, es que se ha producido un cambio de personas y, como tal, ese reemplazo obliga a empezar de cero, y las nuevas incorporaciones tienen que ponerse al día del estado de las negociaciones. Los sustitutos proceden de áreas de gestión que no guardan relación con el transporte. A Pardo de Vera la sustituyó David Lucas, procedente de Vivienda. Y a Táboas lo relevó Raül Blanco, encargado de las pymes y la industria.
LAS CLAVES
TRANSFERENCIA. Las líneas que el Gobierno vasco puso sobre la mesa para su transferencia son Bilbao-Karrantza (que pasa por Turtzios), Irun-Vitoria (que pasa por Nafarroa), la línea e infraestructura de Bilbao-Balmaseda, y los trayectos Bilbao Abando-Barakaldo-Santurtzi, Bilbao Abando-Barakaldo-Muskiz, Bilbao Abando-Laudio-Orduña, e Irun-Donostia-Tolosa-Brinkola.
RECURSO EN EL TC
DEL GOBIERNO VASCO. El Tribunal Constitucional ha incluido en el orden del día del pleno de mañana uno de los recursos del Gobierno vasco contra decisiones del Estado en las que ve invasiones competenciales. En concreto, el TC ha incluido para una “primera deliberación” el decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital. Es un decreto aprobado por el Gobierno de Sánchez pensado sobre todo para frenar la república digital catalana. El Estado puede clausurar webs.
Pero no es una sensación nueva. El asunto de las transferencias comienza a parecerse a los relatos de nunca acabar de Scherezade que quedaban en suspenso al caer la noche porque, más allá de estos cambios en Transporte, por el Ministerio de Política Territorial de Isabel Rodríguez han pasado ya cinco responsables: Meritxell Batet, Luis Planas en funciones, Carolina Darias, Miquel Iceta y, por último, la actual ministra Isabel Rodríguez. Esta ausencia de estabilidad convierte el diálogo en una negociación interruptus, en la que de manera constante hay que ponerse al día con nuevos interlocutores, lo que choca con la permanencia que debería haber caracterizado a un proceso que el propio Consejo de Ministros tasó con un calendario para cumplir el Estatuto de Gernika en su totalidad.
EL PESO ATLÁNTICO
Otras comunidades autónomas del norte lamentaron la salida de Pardo de Vera porque la gallega podía ser una valedora del eje atlántico, que ha perdido posiciones frente al mediterráneo. Sin desmerecer a los nuevos responsables, el PNV sí ha reconocido que la relación con Pardo de Vera era fluida. Con ella se desatascaron algunos flecos sobre el acceso del TAV a Bilbao, y siempre resulta de ayuda contar con un negociador que facilita los trámites y que pueda hacer valer la posición ante otros ministerios que suelen ser más inflexibles, como el de Hacienda.
Pero el retraso en esta transferencia va mucho más allá del asunto de los relevos, que podría ser coyuntural. La última oferta de febrero también era considerada insuficiente por el Gobierno vasco a nivel económico, y había discrepancias sobre los servicios e infraestructuras que Euskadi debe gestionar. Durante todo este proceso, han surgido otros frenos como el problema con las líneas que implican a más comunidades autónomas, o cuestiones más internas de la propia Renfe que han desviado esfuerzos, como la falta de maquinistas.
Ahora se acercan las elecciones del 28 de mayo en los municipios y en varias comunidades del Estado y, aunque el cliché político diga que los comicios lo complican todo y que PP y Vox cargarán contra el PSOE, en realidad no es la primera vez que se cierran transferencias con el Gobierno de Sánchez en campaña. Sucedió con la autopista AP-68 en puertas de las generales de abril de 2019. También se acordó el traspaso de productos farmacéuticos, seguro escolar y ayudas previas a la jubilación en empresas en ERE en puertas de las elecciones vascas de julio de 2020, lo que lleva a una segunda cuestión: el bloqueo en puertas de las elecciones añade presión al PSE, pero un acuerdo le daría oxígeno y permitiría a Sánchez demostrar con hechos la defensa del autogobierno más allá del plano teórico. La legislatura estatal acaba este año y esta parece ser la última transferencia con visos de materializarse.