Durante mucho tiempo, el principal concepto de riesgo psicosocial en el trabajo iba asociado al llamado síndrome de ‘burnout’ o desgaste profesional, sobre todo entre los trabajadores de la sanidad y los cuidados. Un agotamiento emocional resultado de un estrés crónico laboral que acaba produciendo desmotivación. Pero desde hace años el rango se ha ampliado, así como sus causas y consecuencias. La pandemia aceleró y sirvió para poner al descubierto el impacto de un problema que ya está siendo nuclear para los servicios de prevención y dentro de las grandes empresas. Según la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo, un 25% de las bajas laborales en España se deben al estrés, que junto al desgaste laboral, la fatiga y el acoso constituyen los riesgos psicosociales de los que más casos se reportan. Y todo hace prever que irán a más, con un impacto que también deviene en las empresas, que pierden competitividad.
La Organización Internacional del Trabajo los califica como “aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos”. Para la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, estos riesgos “surgen de una mala concepción, organización y gestión del trabajo, así como de un contexto social deficiente del trabajo, y pueden entrañar resultados psicológicos, físicos y sociales negativos”. Las condiciones que los precipitan son variadas, según el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST): “tareas fragmentadas, sin sentido, tareas cortas, monótonas, con falta de variedad”.
En definitiva, según este organismo, se da una escasa valoración del trabajo, con un desajuste entre exigencias de las tareas y capacidades del trabajador, con ritmos elevados, modificaciones continuas en espacios y horarios laborales, y una definición deficiente de objetivos. Por supuesto, ni tienen que darse todos de forma simultánea ni únicamente se producen de superior a subordinado, como quedó de manifiesto esta semana en las XIV Jornadas de Psicosociología Laboral que organizó Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales, en Bilbao con la presencia de expertos en prevención de riesgos laborales, profesionales médicos y responsables sindicales en esta materia.
El impacto de los problemas derivados de estas circunstancias es superior en el Estado que en el resto de la UE, expuso Julia Flintrop, gerente de proyectos en la Unidad de Prevención e Investigación de la Agencia Europea de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La Encuesta Europea de Condiciones de Trabajo del año 2021, elaborada por el INSST, ya indicaba que la mitad de los trabajadores españoles consultados declaraba hacer “a gran velocidad y con plazos muy ajustados” su labor, con especial incidencia entre las personas con contrato indefinido, con jornada completa, entre el personal directivo y en las actividades de servicios financieros.
Al mismo tiempo, casi un tercio de las personas encuestadas no tiene autonomía sobre sus tareas, -sobre todo los trabajadores temporales- un aspecto en el que “hombres y mujeres no difieren significativamente”. No obstante, sí es superior el porcentaje de mujeres que declaran ser objeto de discriminación (12,8%) que el de hombres (10,8%). “El género es determinante en el sometimiento a conductas violentas, ya que el 8,5% de las mujeres las sufre frente al 4,8% de los hombres”, proclama el informe.
Ante este diagnóstico, las recomenaciones teóricas formuladas son muchas, si bien entre algunos de los expertos que participaron en este foro, la impresión es que no se está pasando a la acción con la contundencia necesaria. En este aspecto, no obstante, las grandes empresas, que lógicamente disponen de más recursos, ya están ejecutando acciones para prevenir los riesgos contra la salud mental de sus trabajadores, aunque en un tejido empresarial como el de la CAV y Nafarroa, distribuido de forma fundamental en pymes, el abordaje está siendo más lento y requiere de servicios externos de prevención. No obstante, el trabajo a gran velocidad, la exigencia de unos plazos muy ajustados y la obligación del aprendizaje de nuevas capacidades -tres de los factores que los expertos y las encuestas identifican como desencadenantes- se dan en todo tipo de empresas-, con el añadido, como resaltaron los expertos, de que, en muchas ocasiones, “los problemas de casa los llevas al trabajo y los problemas del trabajo también te los llevas a casa”.
Los riesgos psicosociales que se pueden encontrar en una situación laboral están directamente relacionados con las condiciones del entorno, con la organización, con los métodos de trabajo, con las relaciones entre trabajadores, con la realización de las tareas, y pueden afectar a través de mecanismos psicológicos y fisiológicos tanto a la salud del trabajador o trabajadora como al desempeño de su labor. Los factores psicosociales son, por tanto, condiciones del trabajo y no son características de la persona trabajadora. La reactivación económica que se produjo tras la pandemia, junto con la última reforma laboral, han propiciado una mejora del empleo, tanto en términos cuantitativos de número de trabajadores como en cualitativos, con cada vez más población activa que dispone de un contrato indefinido.
Pero la precariedad no ha desaparecido, mientras que al mismo tiempo continúan, en algunos casos, circunstancias que contribuyen a generar problemas de salud mental, como cargas de trabajo excesivas, falta de claridad de las funciones, cambios organizativos mal gestionados, comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o de los compañeros. Sin olvidar los extremos más graves, los vinculados a acoso sexual o psicológico. Una de las demandas de los sindicatos es que, cuando se produce una baja por motivos asociados a estos riesgos psicosociales, sea considerada una Incapacidad Temporal por enfermedad profesional y no por enfermedad común, como por lo línea general ocurre actualmente. Al mismo tiempo, Alfonso Ríos, responsable de Salud Laboral del sindicato CC.OO., llamó a desligar el problema de las bajas por cuestiones de salud mental con el crecimiento del absentismo laboral: “cuando un trabajador está de baja, es porque un profesional médico determina que ese trabajador tiene un problema de salud y presenta condicionantes suficientes para acogerse a una baja”.
Según el ‘Observatorio de contingencias comunes 2024’ de la mutua Asepeyo, entre enero y julio de 2024 se iniciaron en el Estado un total de 5,24 millones de bajas por contingencia común, lo que multiplicado por una duración media de 41 días da como resultado 215 millones de días de baja, lo que supone el equivalente a que un millón de trabajadores no hubiesen ido a trabajar ni un solo día en ese periodo. El 14,7% de todos los casos corresponden a una patología psiquiátrica, cuando en 2017 la incidencia para estos casos era del 7,5%. El número de bajas por cada 100.000 trabajadores es de 35,2 de media, pero sube a 49,1 en las actividades sanitarias y servicios sociales, y a 45,9 en las actividades administrativas y servicios auxiliares, como seguridad, call centers y limpieza.