El documento evita que el personal funcionario pueda promocionar. La Mesa General de la Función Pública tiene cita el próximo lunes 23 de mayo a las 9.00 horas
Los cinco sindicatos con representación en la Mesa General de Función Pública trasladarán el próximo lunes al Gobierno su rechazo al borrador del decreto de ley foral que regula la estabilización de 3.589 plazas públicas en Navarra.
LAB, CCOO, AFAPNA, ELA y UGT están citados el lunes a las 9.00 horas con la Dirección General de Función Pública. Las centrales tenían de plazo hasta este viernes para analizar el borrador y añadir sus propuestas.
El Ejecutivo foral presentó hace una semana su propuesta para reducir la temporalidad en la Administración, derivada de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre: 3.589 plazas, de las que 2.890 corresponden a procesos selectivos mediante el sistema de concurso de méritos; y 699 a través de procedimientos de concurso oposición.
El viernes 13 de mayo la consejería de Javier Remírez entregó a los cinco sindicatos el texto de propuesta del Decreto-Ley Foral relacionado con la OPE de estabilización para adaptar la normativa estatal al ámbito competencial de Navarra y para regular los criterios que se han tenido en cuenta a la hora de definir las plazas afectadas por este proceso e incluir la descripción de los procedimientos selectivos.
LAS REACCIONES
LAB considera "totalmente insuficiente el número de plazas ofertadas" y denuncia "la chapuza del procedimiento para llevarlo a cabo". Para mostrar su desacuerdo con el decreto ha convocado una concentración el lunes a las 11.30 horas enfrente del Palacio de Navarra, en Pamplona, en la que hablará la responsable del sindicato en la Administración, Isabel Artieda.
CCOO tampoco aprobará el texto "porque no ha existido un proceso de negociación entre el Gobierno y los sindicatos; porque la parte social no ha dispuesto de información para contrastar y porque el Ejecutivo ha jugado con los plazos para que no haya margen de diálogo".
AFAPNA considera "inadmisible que se decrete en contra del 50% de la plantilla del personal empleado público al servicio de las administraciones", y además resalta que "tampoco respeta la voluntad de las sentencias del Tribunal de Justicia de Europa".
SIN DERECHO A LA PROMOCIÓN
Tanto AFAPNA como UGT critican que el decreto usurpa el derecho del personal funcionario a la promoción en su carrera dentro de la Administración. "Esto debe subsanarse", reitera UGT. Además, este sindicato propone que el documento califique de indemnización la cantidad de dinero que va a percibir el personal temporal que no supere esta OPE de estabilización. "El texto habla de compensación, concepto que tiene un tratamiento fiscal distinto al de indemnización, ya que esta última no tributa", aclara UGT.
"LA MAYOR ETT"
ELA ya denunció el miércoles que el Gobierno de Navarra solo pretende estabilizar a uno de cada cuatro trabajadores temporales y calificó al Ejecutivo de "la mayor ETT de la Comunidad Foral". Según lo establecido en la llamada Ley Iceta, explicó, las administraciones tienen que publicar y aprobar antes del 1 de junio las plazas a ofertar en los procesos de estabilización.
ELA afirmó que "el Gobierno de Navarra incumpliría lo dispuesto tanto en la Ley Iceta como en el mandato del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que exigen reducir la temporalidad al menos hasta el 8%, ya que con la propuesta actual se mantendría en un 30%".
ELA recuerda que la Administración registra 17.056 personas temporales o interinas, de acuerdo a datos de Comptos de noviembre de 2021. "El 79% de este colectivo queda fuera del proceso de estabilización", dijo. Una reflexión que también realiza AFAPNA en su nota. "Estas cifras distan mucho del horizonte del 8% de temporalidad. Este borrador es una utopía, un castillo de naipes para el personal de las administraciones públicas", insiste AFAPNA.
MOVILIZACIONES
ELA seguirá impulsando movilizaciones para acabar con la precariedad que acarrea la temporalidad en ámbitos como la sanidad, la educación pública o la Administración Núcleo. El sindicato también sigue trabajando la vía jurídica ante el incumplimiento que el Gobierno de Navarra u otras instituciones pueden hacer de lo marcado en la Ley Iceta. "Jurídicamente esto puede tener su recorrido", concluyó.