Crece la presión para que el Gobierno español de Pedro Sánchez aclare lo sucedido con el espionaje a los líderes políticos del soberanismo, instituciones, periodistas e incluso allegados de estos, una operación centrada en Catalunya con la excepción de los miembros de EH Bildu Arnaldo Otegi y Jon Iñarritu. El ya conocido como Catalangate ha dejado por los suelos la confianza de los aliados en el Ejecutivo español. El escándalo ha desembocado, por lo pronto, en una petición para crear una comisión de investigación que viene firmada, entre otros, por sus principales aliados en bloque, empezando por sus compañeros en el Consejo de Ministros, Unidas Podemos, que secunda la petición catalana; dos socios de investidura como ERC y PNV, y apoyos externos como EH Bildu. También la suscriben BNG, Junts, PDeCAT, CUP, Compromís y Más País.
La petición la han registrado diez grupos, constata que los programas de software Pegasus y Candiru instalados en los teléfonos móviles de al menos 65 personas solo se venden a fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia, y pretende por lo tanto "conocer la implicación de las instituciones del Estado" en lo sucedido.
Apuesta por conocer la "responsabilidad y el mal uso" de las estructuras técnicas de los ministerios de Defensa, Interior, Vicepresidencia y Justicia; pide también explicaciones a Exteriores por el presunto seguimiento a las delegaciones de la Generalitat en el mundo, exige conocer los contratos para adquirir estos programas informáticos e investigar las actuaciones de los poderes judiciales y ejecutivos para "perseguir la disidencia política". Plantea "medidas de resarcimiento" para los afectados y la "asunción de responsabilidades" que se deriven de este espionaje, además de instalar medidas de prevención para que no se repita. La comisión debería emitir un informe en seis meses.
DEFENSA ESQUIVA LAS ACUSACIONES AL CNI
con un movimiento mínimo, con la comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles. el president Pere Aragonès apuesta ya abiertamente por replantear las relaciones entre su partido, ERC, y Sánchez.
En la lista de los investigados aparecen el propio Aragonès, los expresidents Mas y Torra, y diputados como Míriam Nogueras (Junts) y Ferran Bel (PDeCAT). Las escuchas habrían tenido lugar entre 2017 y finales de 2020, cuando ya había pasado un año desde el acuerdo de investidura entre Sánchez y ERC, lo que hace este episodio aún más chocante.
El Gobierno español sigue desvinculándose de este espionaje, pero no aclara si el Centro Nacional de Inteligencia pudo comprar este programa israelí, y se escuda en que no puede confirmarlo ni desmentirlo porque forma parte de los secretos oficiales y la información clasificada por razones de seguridad nacional. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha dicho este miércoles en el canal 24 Horas que, en cualquier caso, el Gobierno español y el CNI siempre "actúan con arreglo a la legalidad vigente" y con "control judicial".
Teniendo en cuenta que el espionaje se remontaría a la época de Rajoy, el PP ve con recelos las peticiones de investigación, y el voto del PSOE es clave. No obstante, este miércoles a la noche el PSOE ha deslizado que no apoyará la propuesta y que en el pasado ya se tumbó.
LA COMISIÓN DE FONDOS RESERVADOS, DESAPARECIDA
la comisión del Congreso sobre los fondos reservados no se reúne desde marzo de 2019
ERC quiere que se constituya, y también EH Bildu y el PNV. Fuentes jeltzales, de hecho, explican a este periódico que el propio Aitor Esteban comunicó en privado en anteriores ocasiones a la Junta de Portavoces y a la presidenta Meritxell Batet que no crearla es una "anomalía". En cualquier caso, esta comisión ha sido decepcionante para los grupos en el pasado, en la medida en que la información que proporciona es genérica, como ha sucedido con ocasión de los debates sobre el rey emérito. En otros ámbitos se señala que los recelos para constituirla se deben a la falta de discreción de algunos grupos, que filtran a la prensa las revelaciones de los servicios de inteligencia.
CONVERSACIÓN ESTEBAN-ARAGONÈS
el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, y el president de la Generalitat, Pere Aragonès conversación telefónica