Los socios vuelven a salvar a Sánchez y allanan la ‘ley Darias’

El Pleno del Congreso de los Diputados dio ayer luz verde a la tramitación del proyecto de ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, conocido como ley Darias.

La normativa contó con el respaldo del PNV –que arrancó el compromiso del Gobierno español para corregir las desviaciones ya que no está de acuerdo con la “imposición” que el Estado quiere ejercer en las CCAA, competentes en la materia–, Junts y el PDeCAT, que retiraron las enmiendas de totalidad que habían presentado a la ley tras pactar con el Gobierno que no va a afectar al modelo sanitario catalán, en el que priman los conciertos. Así, estas dos formaciones votaron en contra de las enmiendas de totalidad que también registraron el Vox y Ciudadanos, y que fueron rechazadas por 191 votos en contra, 88 abstenciones y 64 a favor.

Precisamente, al comienzo de la defensa de la normativa en el Congreso, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, destacó el “esfuerzo de diálogo y entendimiento” para “contribuir a que esta ley inicie su tramitación parlamentaria”, así como al resto de grupos parlamentarios que manifestaron su apoyo a la misma como Más País, Teruel Existe, ERC y “algunos integrantes” del Grupo Mixto.

“Para la derecha esto puede ser no importante, pero como progresista, como socialista me siento orgullosa de que esta ley proteja la salud de los más vulnerables, a las que menos tienen y a las que la política es la esperanza más palpable de tener oportunidades de vida. Por eso, y por lo que esta ley puede significar para mejorar la vida de la gente merece la pena estar aquí y todos los esfuerzos”, aseveró Darias.

El pasado 14 de junio el Consejo de Ministros aprobó este proyecto de ley que, entre otros asuntos, cierra la puerta a nuevos copagos y amplía la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables, al igual que se hizo con los copagos farmacéuticos, como son las personas perceptoras del ingreso mínimo vital (IMV), pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas con hijo a cargo. Así, se beneficiarán, según los datos del Gobierno, unas seis millones de personas.

Modelos privados

Del mismo modo, en el proyecto de ley se establecen “excepciones” para que la gestión de los centros sanitarios sea “indirecta”, es decir, a través de modelos privados, pero solo como “complementaria y de apoyo”. “Nunca sustituiría a la pública”, aseguró Darias.

De esta forma, solo se podrá externalizar la gestión sanitaria “cuando no se a posible la gestión directa” y cuando se motiven una serie de requisitos por parte de las comunidades autónomas, como “la optimización de recursos sanitarios” o la “insuficiencia de medios propios para prestar los servicios”.

Además, contempla la posibilidad de realizar una “modificación legislativa y normativa” a nivel nacional para facilitar que las comunidades autónomas puedan revertir privatizaciones de centros sanitarios “en las mejores condiciones posibles”.

Sin embargo, esto fue criticado por la diputada del Grupo Parlamentario Popular, Ana Pastor, que calificó de “vergüenza” el proyecto de ley, lamentando que el Ejecutivo “pretenda que nos traguemos lo que quieren con este diálogo de besugos”. “Lo que necesita la sanidad es, sobre todo y por encima de todo, su defensa pero no desde el sectarismo. Hay que garantizar un sistema sanitario público y universal, pero esta ley no ofrece soluciones a los problemas reales que tiene la sanidad”, recalcó Pastor.

Ahora bien, pese a estas críticas, la normativa ha sido aprobada y recoge también la necesidad de que todas las iniciativas legislativas del Gobierno conlleven una evaluación sobre su impacto en la salud, sobre todo en materia laboral, de vivienda, transporte, ordenación del territorio, agricultura o salud animal.

Igualmente, establece un “avance” en la gobernanza del Sistema Nacional de la Salud (SNS), estableciendo la evaluación de las políticas públicas a través de indicadores, un extremo muy reclamado desde distintos colectivos sanitarios para mejorar la atención.