Política

Los técnicos de Intervención del Gobierno de Navarra no observaron conductas delictivas en la compra de mascarillas

La directora del Servicio de Control Financiero afirma en el Parlamento foral que, durante la elaboración de la auditoría interna, "no se observaron indicios de responsabilidad contable ni de conductas delictivas" por parte de Sodena
El caso de las mascarillas enfrenta al Gobierno foral con la CEN.

Los técnicos del área de Intervención del Gobierno de Navarra no observaron ni constataron ningún indicio de responsabilidad contable ni de conducta delictiva durante el análisis de la operación de compra de mascarillas por parte de Sodena, realizada al inicio de la pandemia.

La directora del Servicio de Control Financiero Permanente y Auditoría, Elena Garde, ha señalado esta mañana en el Parlamento que todas las conclusiones recogidas en los papeles de trabajo fueron incluidas en el informe emitido a finales de julio por Intervención y que fueron remitidos además a la Cámara de Comptos para que realizara su informe de fiscalización. Comptos tampoco ha encontrado actuaciones irregulares que requieran responsabilidad contable o penal.

La polémica operación

La directora del Servicio de Control Financiero ha acudido este miércoles al Parlamento a explicar su papel en la fiscalización en la compra de mascarillas. Una operación realizada en abril de 2020 para garantizar el suministro de material de protección a las empresas navarras, según la cual, Sodena adelantaba el dinero, la CEN hacía la previsión de necesidades y la empresa Albyn se encargaba de las compras. Sin embargo, dos años después, buena parte de las mascarillas siguen en un almacén y la empresa pública da por perdido el préstamo de casi dos millones.

Esa actuación fue cuestionada por Intervención el pasado julio, en un informe en el que recrimina a Sodena que no hubiera pedido autorización previa al Consejo de Gobierno. Un reproche que derivó posteriormente en el cese de la directora de Sodena, Pilar Irigoien. Según informó recientemente en el Parlamento el consejero de Desarrollo Económico, Mikel Irujo, el cese estuvo motivado por las advertencias de la consejera de Hacienda, Elma Saiz, y del director de Intervención, Iñaki Arrizabalaga, que le comunicaron en una reunión interna que algunos papeles de trabajo apuntan a posibles responsabilidades contables e incluso penales.

Las palabras de Irujo han motivado la comparecencia de la directora del Servicio, petición de Navarra Suma, que ha preguntado si en algún momento se observaron indicios penales o contables y si se remitieron a Comptos las posibles sospechas.

Garde ha explicado que todas las observaciones recogidas durante el trabajo de auditoria están incluidas en el informe aprobado el 27 de julio. "Se observó que se trataba de una operación compleja, singular y diferente del resto de operaciones realizadas por Sodena", ha apuntado.

La directora de Auditoria ha destacado que la actuación de la empresa pública tenía "deficiencias" desde el punto de vista financiero, pero también "desde el de la gestión". "Entendíamos que era una operación que tenía cuestiones pendientes de ser examinadas", ha apuntado Garde, que ha explicado que si el análisis se limitó al acuerdo con la CEN, y se dejó fuera el acuerdo son Salud, muy similar al anterior, es porque la primera ha dejado pérdidas y la segunda no. Salud adquirió las mascarillas que había solicitado, pero no así la CEN.

Respecto a las posibles responsabilidades contables, que los responsables del Departamento de Hacienda habrían trasladado a Desarrollo Económico, la directora del Servicio ha admitido que concretar qué hechos son indiciarios de responsabilidad contable "suele ser complicado". "Eso es algo que reconocen las propias normas de auditoria, por lo que se exige que, por su repercusión y posibles consecuencias se realice de forma muy cuidadosa", ha argumentado.

En ese sentido, y aunque durante la elaboración del informe de auditoría "se constataron determinados incumplimientos" que ya se han hecho públicos y están recogidos en el informe de intervención, "en el trascurso de dicho trabajo y con el alcance regulado, no se observaron indicios de responsabilidad contable ni de conductas delictivas", ha concluido.

19/01/2023