Ha estado sobre la mesa, pero finalmente el acuerdo patronal-sindicatos para una nueva reforma laboral no suprime la preferencia de los convenios estatales sobre los autonómicos. Una superioridad legal que Euskadi ha ido sorteando a través de acuerdos, movilizaciones y disputas jurídicas, y eso ha permitido conservar el valor de los grandes pactos provinciales vascos. Pero aun así hay un dato que refleja hasta qué punto el marco laboral estatal ha penetrado en la CAV: hace diez años había 125.000 trabajadores vascos regulados por un convenio firmado para todo el Estado español, un 20% del total, y ahora la cifra es de 210.000, el 35%.
Este proceso de estatalización, más allá de dónde reside la capacidad de firmar convenios, supone una pérdida de salario y derechos en las regiones con condiciones laborales más altas, caso de Euskadi. Por ello partidos y sindicatos abertzales reclaman al Gobierno de Pedro Sánchez que incluya en esta nueva reforma la supresión del punto de la legislación laboral que entrega el timón de los convenios a Madrid para taponar definitivamente esa vía de agua por la que se fugan derechos de trabajadores vascos.
Pero, ¿de dónde viene ese poder de los acuerdos estatales? En 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, se introdujo en el Estatuto de los Trabajadores una breve modificación, pero de gran trascendencia, respecto a la capacidad de las comunidades autónomas para firmar convenios. A partir de entonces, y en el caso de Euskadi, Confebask y los principales sindicatos vascos pueden alcanzar acuerdos laborales que serán válidos "salvo que resultare de aplicación un régimen distinto establecido mediante acuerdo o convenio de ámbito estatal", según el punto 84.4 del Estatuto.
Se da así una especie de opción de veto a las mesas de Madrid, al margen de que esa posibilidad no se esté utilizando de forma recurrente. Y hay además otra limitación: el Estatuto fija una serie de materias (periodo de prueba, modalidades de contratación, clasificación profesional, jornada máxima anual, el régimen disciplinario, las normas mínimas en prevención de riesgos y la movilidad geográfica) que no pueden tocarse en la comunidad autónoma.
En ese terreno de juego se han manejado las relaciones laborales vascas los últimos diez años y, pese a todos esos corsés, lo cierto es que se han podido mantener en pie buena parte de los convenios propios, y eso a estas alturas no es poco. La reforma de Rajoy de 2012 puso patas arriba la regulación laboral y dio a la empresa un gran margen de maniobra para modificar condiciones de trabajo, pero lo cierto es que el primer gran golpe al marco laboral vasco lo asestó el gobierno de Zapatero.
Aprobadas ambas reformas, los sindicatos vascos se pusieron manos a la obra para intentar evitar perder su capacidad de negociar en Euskadi, y en general la patronal vasca ha acompañado en ese proceso. Tardó unos años en cristalizar pero finalmente en enero de 2017 Confebask y los cuatro principales sindicatos vascos (ELA, LAB, CCOO y UGT) firmaron un acuerdo por el que los convenios provinciales de la CAV tienen preferencia sobre los estatales. Aunque parezca una contradicción, ese blindaje tiene encaje en otro artículo del Estatuto, el 83, que habilita a las organizaciones mayoritarias de las comunidades a cerrar acuerdos de estructura, es decir, de orden de aplicación de ámbitos de negociación.
En resumen, el Estatuto dice una cosa en el artículo 83 y se desdice en el 84. Se abre así un debate jurídico eterno sobre el que cada parte ha ido encontrando sus argumentos, sin que los jueces hayan marcado un posicionamiento claro en un sentido o en otro.
Y aquí hay que recordar que, aunque los grandes convenios vascos se han mantenido en pie, no han sido pocos los conflictos que se han desatado en Euskadi en los últimos años a causa de la aplicación en empresas de condiciones de trabajo recogidas en acuerdos estatales.
La patronal española de restauración Feadrs trató incluso de tumbar en los tribunales ese blindaje vasco pactado por consenso en enero de 2017, con la intención de poder trasladar las tablas salariales del Estado a los comedores vascos. Finalmente esta asociación empresarial se echó para atrás ante la presión sindical y política y acabó retirando la denuncia unos meses después, pero la sensación que dejó aquel episodio es que el riesgo de que el marco vasco ceda ante el estatal es real.
Mientras partidos como PNV o EH Bildu, así como ELA y LAB, demandan que se lime la legislación para dejar claro que los convenios vascos tienen pleno valor, los agentes más pegados al acuerdo que ha alumbrado la reforma defienden que no hace falta tocar nada para que eso sea así. La patronal vasca, así como CCOO y UGT, que juegan un papel tanto en las mesas de ámbito estatal como en las vascas, consideran que el marco laboral de Euskadi está asegurado con el acuerdo de enero de 2017.
Según datos del Consejo de Relaciones Laborales, en 2011 había en la CAV 125.000 trabajadores bajo un acuerdo laboral de ámbito estatal (32.000 de ellos vía convenio de empresa). Eran una quinta parte de los 600.000 vascos amparados entonces por la negociación colectiva. El último informe del CRL recoge que, diez años después, están bajo el marco estatal 211.000 asalariados (46.000 con convenio de empresa), más de un tercio del total.
novaltia
La huelga más larga de europa
Demanda de un convenio propio. Al hablar de conflictos entre ámbitos negociadores en Euskadi es obligatorio pararse en la huelga que sostienen desde hace ya dos años los trabajadores de la distribuidora de productos farmacéuticos Novaltia. Como defienden los propios trabajadores pueden decir que son los protagonistas de la huelga de mayor duración registrada en el continente europeo (en concreto desde julio de 2019, casi dos años y medio). Y el origen del conflicto es precisamente ese, según denuncia la plantilla, el intento por parte de la empresa de aplicar un convenio sectorial estatal con importantes rebajas salariales y de otros derechos.
¿qué ámbito manda?
A favor del marco vasco. El artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores recoge que las patronales y sindicatos de comunidad autónoma pueden negociar convenios y firmar acuerdos de estructura, es decir, decidir qué ámbito negociador se aplica en primer lugar. En este artículo se inserta el acuerdo interprofesional de enero de 2017 firmado por Confebask, CCOO, UGT, ELA y LAB, que dice que primero se aplicarán los convenios negociados en la CAV.
A favor del marco estatal. El problema es que el propio Estatuto de los Trabajadores recoge, tras la modificación de 2010, que la capacidad negociadora en las comunidades autónomas tendrá validez siempre que en las mesas de Madrid no se acuerde otra cosa. Es una especie de posibilidad de veto que se ha puesto en práctica pocas veces pero a partir de la cual ha habido patronales españolas que han amagado con dejar sin efecto en los tribunales el acuerdo vasco de enero de 2017.
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35%
Es el porcentaje de trabajadores vascos que están bajo un convenio estatal, según datos del CRL a cierre de octubre. Hace diez años el porcentaje era de quince puntos menos. 86.000 de estos 210.000 trabajadores tienen su convenio pendiente de renovar.