El enquistamiento de las relaciones de la CEOE con Gobierno y sindicatos se acentúa. Al desacuerdo en materia de negociación colectiva y sobre un pacto de rentas, en las últimas fechas las discrepancias se han acentuado a cuenta de otros temas, como la reforma de las pensiones. El vicepresidente de la CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, proclamó ayer la “falta de confianza” de la patronal hacia el Ejecutivo, aunque indicó que la representación empresarial sigue “abierta al diálogo”.
En el fondo, más que sobre las pensiones, el último desacuerdo estriba en las cotizaciones al sistema de la Seguridad Social. La CEOE reprocha al Gobierno haber subido un 8,6% la base máxima de cotización, como consta en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, para 2023, sin tratarlo previamente con los agentes sociales. “Que el Ejecutivo tome muchas medidas relacionadas con el diálogo social sin una consulta nos genera una falta de confianza”, dijo ayer Fernández de Mesa a los medios.
Pese a sus recelos hacia el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el vicepresidente de la CEOE insistió en que los empresarios “siempre están dispuestos a dialogar” y recalcó que nunca se han plantado en una mesa de negociación. “Tiene que haber una confianza entre las partes. Siempre vamos a estar abiertos al diálogo y es importante que haya confianza”, añadió, expresando así los recelos que mantiene la CEOE respecto a las políticas económicas del Gobierno.
Tras el acuerdo alcanzado a finales del año pasado para la reforma laboral, las nuevas circunstancias, marcadas por la inflación y la ralentización del crecimiento, el clima de suspicacia se ha extendido. La CEOE celebra elecciones el próximo 23 de noviembre y, aunque la única candidatura conocida hasta ahora es la de su actual presidente, Antonio Garamendi, no parece que pueda haber un cambio inminente de postura en ninguna materia.
DESTOPAR BASES
Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, apostó ayer por llevar a cabo un “destope” tanto en la base máxima de cotización como en la pensión máxima, que actualmente se sitúa en el entorno de los 49.000 euros, un proceso que debería ser “gradual” y “negociado”, además de “asumible” para las empresas.
Para Álvarez, el ejemplo es el de Francia, donde la base máxima se sitúa en los 80.000 euros. “En España tiene que haber un proceso gradual de destope, un proceso negociado y plenamente asumible para las empresas”, dijo el líder sindical, quien reconoció no entender las críticas de la CEOE a la subida del 8,6% de la base máxima de cotización.
Álvarez rechazó la posibilidad de que se congelen esas pensiones más altas porque son las personas que más han contribuido al sistema y si en momentos de dificultad cargamos sobre ellas una parte de la crisis, lo que hacemos es decirles que “este sistema no les valora”. Álvarez consideró “indigno” que se plantee éste como “un problema intergeneracional”, como si las personas mayores fueran responsables de “los salarios de miseria o de la penuria de los jóvenes en nuestro país”. En cuestión de salarios, remarcó que es “imprescindible” retomar la negociación y pidió a la CEOE que vuelva a la mesa negociadora.
Crítica de CCOO
Impuestos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, advirtió ayer de que en España hay un “proceso de secesión de ricos” a través de “discursos anti impuestos” y afirmó que lo que “radicaliza” a la sociedad es la desigualdad. En este sentido, subrayó que los recursos y la deuda pública durante la crisis de la pandemia “han salvado al país”. A su juicio, estos mensajes o la competencia entre comunidades “para ver quién quita los recursos al vecino” son los que “radicalizan a la sociedad”.