Las 13 familias de las 40 afectadas que ya han recibido la comunicación para el desalojo de las viviendas protegidas del paseo de Arramendi, en Errenteria, piden a la empresa propietaria Jauregizar que continúe con los alquileres protegidos y que, de no ser así, el Gobierno Vasco adquiera estas viviendas.
Jauregizar asegura que comparte "plenamente la preocupación de los vecinos", según el comunicado emitido este miércoles, en el que señala que ante la "previsión" de que las administraciones públicas no den continuidad al proyecto de alquiler protegido, ofrecerá a los actuales inquilinos la adquisición de las viviendas "con carácter preferente". También se compromete a estudiar "cada caso en particular". "Para Jaureguizar se trata, en primer término y por encima de todo, de un tema humano y social especialmente sensible", al que está tratando de responder "desde hace meses" en la medida de sus posibilidades. Una respuesta que reclama a su vez a las administraciones públicas. Así, ha ofrecido tanto al Ayuntamiento de Errenteria como al propio Gobierno Vasco la posibilidad de adquirir el inmueble "con el propósito de dar continuidad al alquiler protegido bajo su iniciativa".
El 16 de abril finaliza el alquiler por 15 años de estas viviendas y los vecinos denuncian haberse enterado por la prensa de que la constructora podría vender las viviendas en las que viven y aseguran no haber recibido información sobre sus intenciones en los últimos años. En una concentración en Donostia en la que han participado vecinos, asociaciones como Stop Desahucios y Alokairu, y concejales de EH Bildu, PSE y Elkarrekin Podemos en el Ayuntamiento de Errenteria, se ha pedido que las 40 familias que residen en estos pisos puedan continuar con alquileres asequibles y han comunicado que no van a desalojar las viviendas. Aseguran que se trata de familias modestas, de cierta edad, y que no pueden hacer frente a una hipoteca ni acceder a una vivienda de alquiler social porque ya no figuran en las listas de Etxebide.