Capacidad de veto de las comunidades de propietarios y vigilancia de los alquileres temporales, como los vacacionales, para evitar fraudes. El Gobierno central sigue desgranando su estrategia para poner freno al repunte de las viviendas turísticas y ayer se conocieron otras dos novedades. El Ministerio de Vivienda quiere reformar la Ley de Arrendamientos Urbanos de forma que en los contratos se tengan que acreditar y justificar los motivos que llevan a optar por ese tipo de alquiler. Según avanzó ayer la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, estos contratos también tendrán que registrarse en la plataforma que anunció el Gobierno, que se espera tener lista antes de 2025, donde se centralizarán las distintas modalidades de alquiler a través de plataformas, entre ellos los de corta duración, turísticos, de habitaciones o flotantes.
Con ello se busca dar seguridad jurídica y garantías estableciendo mecanismos para no burlar la LAU y salvaguardar los contratos de alquiler de temporada para lo que realmente son, temporales, dado el auge que está registrando esta modalidad para sortear la Ley de Vivienda y las tensiones que está provocando en el mercado residencial, en términos de acceso a una vivienda y de precios.
La idea es que estos cambios en la LAU puedan estar listos antes que la plataforma de registro único, que Europa da de plazo a los países hasta 2026 para tenerla lista pero que el Ejecutivo espera que pueda ser antes de 2025. Mientras tanto, trabajan en una disposición adicional para que los actuales registros autonómicos y locales puedan ir dando cobertura. Vivienda quiere dar toda la celeridad a este real decreto en las próximas semanas y espera tenerlo listo a finales de verano. A modo de ejemplo, la ministra indicó que para un curso escolar el contrato temporal será de unos 9 meses o para un festival de unos días.
Según un informe reciente de Idealista, la oferta de alquileres de temporada se disparó un 56 % en el primer trimestre del año hasta representar el 11% del total. Tras conocer la noticias, los sindicatos de inquilinas del Estado expresaron su “firme desacuerdo”. “Estas medidas no solo son ineficaces, sino que perpetúan prácticas abusivas y no ofrecen una protección adecuada para los inquilinos”, lamentaron en un comunicado.
Permiso de la comunidad
Además, Rodríguez subrayó que se va a modificar la redacción de la Ley de Propiedad Horizontal, el marco en el que actúan las comunidades, para que los vecinos puedan autorizar o vetar pisos turísticos en sus fincas. Asimismo, se busca que el alquiler turístico sea una actividad económica más y tenga los mismos criterios fiscales, entre ellos que soporten un IVA.
Para abordar este “ajuste quirúrgico”, Vivienda va a iniciar una ronda de contactos con los grupos parlamentarios, los sectores afectados, plataformas en línea y agentes sociales. “Con este drama no se puede mirar hacia otro lado y tenemos que actuar todos”, apuntó la ministra, que hizo un llamamiento a todas las administraciones donde exista esta problemática para que se pongan manos a la obra y pongan todos los recursos para garantizar el derecho a la vivienda. Por último, la ministra anunció que la semana que viene habrá una primera reunión con las comunidades para trabajar en el próximo Plan Estatal de Vivienda.
En corto
Licencias
“Intereses de la patronal”. Los sindicatos criticaron que la web que propone la ministra es “un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal”. Además, advirtieron de que transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse. Por su parte, los sindicatos señalaron que el hecho de tener que justificar la causalidad deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa.