Los gobiernos de la Unión Europea alcanzaron este viernes un acuerdo sobre las medidas de emergencia para abaratar las facturas de la luz que pasan por una reducción del consumo de electricidad, un tope a los ingresos de las renovables, la nuclear y el carbón, y un impuesto a las petroleras.
Los ministros de Energía de los Veintisiete lograron este pacto político apenas una hora después del comienzo de la reunión extraordinaria y aprobaron "sin cambios" el último borrador que había llegado a la mesa, en el que las delegaciones llevaban trabajando varias semanas, precisaron fuentes comunitarias.
"¡Acuerdo! Los ministros alcanzaron un acuerdo político sobre medidas para mitigar los elevados precios de la electricidad: una reducción obligatoria de la demanda, un tope a los ingresos de los productores inframarginales de electricidad y una contribución de solidaridad de las empresas de combustibles fósiles", anunció en Twitter República Checa, país que ostenta este semestre la presidencia de turno de la UE.
El acuerdo político fija una reducción de consumo de electricidad del 10 % respecto a la demanda habitual con una reducción obligatoria del 5 % en las horas pico donde el precio es más alto pero con flexibilidad a los Estados miembros para que calculen esos tramos.
El reglamento, que se tramitará de manera oficial a lo largo de los próximos días y entrará en vigor a continuación, fija ese ahorro de electricidad entre el 1 de diciembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.
Se trata de la única medida de las tres pactadas que afecta directamente al Estado español, pues en lo relativo al impuesto y al tope a las generación con tecnologías inframarginales (renovables, nuclear y lignito), los países que ya tengan o vayan a aprobar iniciativas similares podrán preservar sus propios diseños.
Con respecto a la "contribución de solidaridad" de la UE, gravará un 33 % de los beneficios extraordinarios de empresas petroleras, gasísticas y del sector de la refinería. Dichas ganancias quedan definidas como los beneficios que superen el 20 % de la media registrada en los últimos cuatro ejercicios.
La redacción final del texto concreta que este impuesto podrá gravar los beneficios extraordinarios tanto de 2022 como de 2023 después de que países como Suecia pidieran incluir el próximo año porque su legislación impide aprobar impuestos que graven ejercicios en curso.
A diferencia del europeo, la medida en trámite en el Estado español grava con un tipo del 1,2 % los ingresos anuales de las grandes empresas eléctricas, gasistas y petroleras.
Por otro lado, el tope a las tecnologías inframarginales dentro del mercado mayorista de la electricidad pactado en la UE se establece en 180 euros megavatio/hora (MWh), pero deja la puerta abierta a que los países lo sitúen por debajo (el Estado español lo tiene en 67 euros) o incluso por encima si alguna tecnología tiene unos costes de producción superiores.
Los ingresos que generan ambas medidas (el impuesto a las petroleras y el tope a los ingresos en las subastas de electricidad) serán destinados a desarrollar medidas de apoyo para los hogares y las empresas más afectados por la crisis energética.