Luis Medina ha declarado ante el juez Adolfo Carretero que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, manifestando que desconocía que fuera delictivo disponer de los bienes que obtuvo con la comisión de un millón de euros que le reingresó la empresa malaya proveedora del material sanitario, han informado fuentes jurídicas.
El juez, al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha interrogado a los comisionistas por la presunta comisión de delitos de estafa, blanqueo de capitales y falsedad documental. En el caso de Medina, se le investiga también por un presunto delito de alzamiento de bienes.
"No tengo conciencia de haber cometido ningún delito", ha aseverado ante el juez, según consta en su declaración, a la que tuvo acceso Europa Press.
El hijo menor de Naty Abascal ha declarado cerca de media hora y solo ha contestado a las preguntas del juez, negándose a contestar al fiscal y las partes. De igual modo, el otro investigado ha comparecido durante unos veinte minutos y tampoco ha respondido a las partes, solo al instructor.
Las acusaciones populares en nombre del PSOE, Podemos y Más Madrid han solicitado la retirada de pasaporte y acudir a firmar al juzgado más próximo a su domicilio cada quince días. El Ayuntamiento de Madrid y la Fiscalía no han solicitado la adopción de medidas cautelares.
Tras las declaraciones, el juez ha acordado la retirada del pasaporte y la imposición de comparecencias quincenales a instancias de las acusaciones populares. El fiscal ha esgrimido que no consideraba necesarias estas medidas ante la actitud de colaboración de los investigados, algo que ha sorprendido a las partes personadas.
El aristócrata ha llegado pasadas las 11.40 horas en taxi a las dependencias judiciales. Nada más salir del vehículo, ha sido rodeado por decenas de periodistas que le esperaban en la puerta y ha llegado a la entrada a empujones. Incluso en algún momento se ha golpeado contra las vallas de acceso.
Luceño ha llegado a las nueve de la mañana, tres horas antes de la citación. Ambos han accedido por el acceso principal de los juzgados donde hay un control previo. Los investigados solicitaron al decanato de los juzgados acceder en coche en los juzgados pero se les denegó la petición. Su salida se ha producido por la salida de los juzgados de guardia, esquivando así al casi centenar de medios que les esperaban en la puerta principal.
En el pasillo, Medina ha coincidido con Alberto Luceño pero se han sentado con distancia entre ellos separados por dos bancos, según fuentes jurídicas. Nada más verse se han saludado y cada uno se ha ido rápido a un banco.
Llamó a Carlos Almeida
En su declaración, Medina habría confirmado que contactó con el Ayuntamiento de Madrid a través de una llamada al primo de Almeida, Carlos Martínez-Almeida.
"Llamé a Carlos y le dije que teníamos material sanitario para vender. Al ser el primo del alcalde, imaginé que me podría dar algún contacto en el Ayuntamiento. Me dio un mail que creo que era de Elena Collado", ha señalado. El contacto de Carlos Martínez-Almeida se lo habría facilitado la antigua directora de su universidad.
La responsable municipal fue la persona que negoció con el socio de Medina la operación para traer el material provisto por la empresa malaya Leno "en el momento más álgido de la pandemia cuando había miles de fallecimientos diarios", tal y como definió el juez en un auto. La operación se canalizó a través de la empresa funeraria municipal al tener que adelantarse el pago del 50%.
En relación a la comisión que cobró, el investigado ha dicho que era "normal" en el mundo comercial, en la misma línea que manifestó ante su declaración con el fiscal Anticorrupción. Además, ha manifestado que el porcentaje lo fijó el empresario malayo proveedor del material.
Según Medina, no se pactaron inicialmente comisiones y que entendía que le "iba a tocar un tercio". "No se habla de comisiones hasta que no es viable la operación", ha subrayado indicando que cobró la comisión que le reingresó la empresa malaya.
Al igual que manifestó al fiscal, el investigado ha explicado al juez que conocía a Luceño de operaciones de comercio internacional y que le pidió el contacto de algún cliente.
Sobre un posible alzamiento de bienes, ha señalado al juez que antes de declarar ante el fiscal ya disponía de "gran parte del dinero de los bonos", los que destinó a préstamos y a "ayudar a gente".
"El fiscal no me dijo expresamente que tuviera prohibido disponer de ellos. Dispuse de ellos porque no pensé que hubiera nada irregular. El señor fiscal no me advirtió que fuera delictivo", ha recalcado afirmando que no tenía intención de defraudar nada.
Fuentes jurídicas han destacado que al juez le ha llamado la atención que pudieran tener una vía directa con el Ayuntamiento de Madrid y que directamente les pusieran en contacto con la coordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos, quien era la persona que tenía en sus manos las contrataciones.
Los abogados de las partes sospechan que Medina y Luceño habrían acordado una nueva estrategia al manifestar el aristócrata que no se sentía engañado pro su socio, ya que "inicialmente" estaban muy enfadados entre ellos. "Hoy aquí de ninguna de las maneras", ha dicho una de las abogadas al salir de la declaración.
Dos relojes para la fianza
En la comparecencia, Luceño ha depositado dos relojes para que se sume a la fianza. En su declaración, ha manifestado que la operación objeto del procedimiento era su primer negocio con la empresa malaya Leno y que la comisión era habitual en ese tipo de operaciones.
Según ha dicho, su socio era el "facilitador" y él agente. "No sabíamos lo que íbamos a ganar hasta que se cerró la operación", ha señalado a preguntas del juez, ante quien ha afirmado que su intención era "ayudar al Ayuntamiento de Madrid" y "cobrar su trabajo".
En concreto, ha detallado que se llevó un 47% de porcentaje, que es una cifra "normal", y ha asegurado que en ningún momento engañó a Luis Medina. "Yo no sabía la retribución hasta que no se cerraba la operación", ha apuntado.
Sobre los coches adquiridos, ha relatado que eran para hacer negocio y alquilarlos, ya que quería cubrir todo el segmento entre los 18 y 21 años para el Jarama.
Además, ha alegado que San Chin Choon, el empresario malayo que trajo el material sanitario, va a declarar en la instrucción, a lo que el juez le ha contestado que es la primera noticia ya que se ha negado a colaborar con la justicia.