Medina y Luceño aportan pruebas para demostrar que el Ayuntamiento de Madrid no se sintió "estafado"

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Las defensas de los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño han aportado en la primera sesión del juicio por el caso de las mascarillas una nueva prueba para demostrar que el Ayuntamiento de Madrid no se sintió "en absoluto estafado" en la operación de compraventa de material sanitario y cuyo sobreprecio les ha llevado al banquillo de los acusados por delitos de estafa y falsedad.

El juicio ha arrancado esta mañana en la Audiencia Provincial de Madrid y tendrá siete sesiones. El hijo menor de Naty Abascal y su socio serán juzgados por las comisiones millonarias que obtuvieron al inflar los precios de las mascarillas y guantes vendidos hasta el doble, lo que supuso un desembolso de unos once millones de euros por parte de las arcas públicas.

A su llegada, los empresarios han cruzado tranquilos el paseíllo en el que les esperaban los medios sin hacer declaraciones. Ya en el interior de la sede judicial, han estado conversando a modo distendido entre ellos y entre sus abogados, mostrando que mantienen una buena relación.

En las cuestiones previas, el abogado José Antonio Choclán, defensa de Luis Medina, ha detallado que se ha aportado escrito en el que se transcriben audios de conversaciones que datan de marzo de 2020 entre su cliente y la excoordinadora de Presupuestos y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Madrid Elena Collado.

Collado fue la funcionaria que intervino en la operación de compraventa del material, que se materializó en tres contratos de emergencias licitados por la empresa municipal Funeraria. En concreto, uno de los audios muestra cómo Medina indica a la alto cargo municipal cuál es el precio de fábrica de las mascarillas y guantes ofrecidos, que era dos euros.

Sobre esta cuestión, el fiscal se ha opuesto a la prueba al considerar que no hay garantías de su autenticidad y ha dicho que le parece "raro" que no se haya aportado hasta ayer por la tarde. Si se admite, solicita que Collado traiga copia de los mensajes para que se puedan cotejar.

FELICITACIONES DE LA ALCALDÍA

En su turno, el letrado de Luceño ha solicitado a la Sala incorporar como prueba documental los audios y 'whatsapp' aportados la semana pasada que muestran las felicitaciones de la Alcaldía hacia su cliente y su socio en la operación, lo que a su juicio muestra que "el Ayuntamiento no se sentía en absoluto estafado".

De igual modo, ha pedido a la Sala que el empresario malayo San Chin Choon, el proveedor del material sanitario, declare en una sala habilitada en la Embajada de España en Malasia y se autentifique que se trata de esa persona, criticando que desde el Juzgado nunca se ha intentado que declare ese testigo.

Durante la instrucción, el empresario trasladó al juez su imposibilidad desplazarse a España por motivos labores. El fiscal ha defendido al respecto que se hizo todo lo posible para que compareciera por el caso en España.

De igual modo, el letrado de Luceño ha impugnado por nulo e "ilegal" el auto por el que el juez Adolfo Carretero autorizó la entrada y registro de la vivienda de su patrocinado, en septiembre de 2022. La diligencia se enmarcaba en una pieza separada abierta para intervenir las comunicaciones del empresario.

"Se lo llevaron todo. Se hizo un 'totum revolutum'. Nosotros consideramos que es nulo al ser prospectivo", ha subrayado el letrado, quien cree que se lesionaron varios derechos fundamentales de su cliente. "La causa ha sido una causa general y desproporcionada. Esta causa debería ser declarada nula de toda nulidad", ha espetado.

También ha recalcado a la Sala que hay partes personadas en el procedimiento que están actuando con mala fe y que deberían ser expulsadas del procedimiento en relación a un informe del Tribunal de Cuentas. "No entiendo como la Fiscalía y el Ayuntamiento de Madrid dicen que no hay lesión para el erario público y aquí dicen que sí", ha reprochado.

Por su parte, el fiscal ha presentado un informe sobre el volcado de los mensajes aportados el pasado lunes a la Sala en relación a las mencionadas conversaciones al detectarse que se han podido omitir trozos en relación al pago de comisiones. Por ello, ha solicitado la reproducción íntegra de todos los mensajes cuando se interrogue a los encausados.

En su turno, el abogado que representa al PSOE ha solicitado que declaren como testigos el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, para que detallen el alcance de la supuesta estafa de la que fue objeto el Ayuntamiento de Madrid en aquella época y en las que hubo cartas de recomendación a las autoridades malayas por parte del Consistorio y otra de agradecimiento a los procesados por la donación de más de 238.000 mascarillas a la ciudad de Madrid.

Al igual que la representación legal del Ayuntamiento de Madrid, el fiscal se ha mostrado contrario a que Almeida testifique porque se ha probado que no participó en las negociaciones y al considerar que en la carta en las que les avalaba no engañó a nadie, por lo que ha tachado la solicitud de "impertinente" al igual que la petición de comparecencia de Hidalgo.

MORDIDAS MILLONARIAS

Según la Fiscalía Anticorrupción, Luceño se quedó con cinco millones con los que adquirió una casa, coches de alta gama y relojes de lujo, mientras que Medina obtuvo un millón, con el que adquirió un yate.

El juez Adolfo Carretero acusó tras la instrucción a Luceño de un delito continuado de estafa agravada, delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular y delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular.

Respecto a Medina, se abría juicio oral por un delito continuado de estafa agravada y por un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular.

El fiscal Luis Rodríguez Sol solicita en su escrito de acusación una condena de 9 años de cárcel para el hijo menor de Naty Abascal y 15 años de prisión en el caso de Alberto Luceño.

MULTAS MILLONARIAS

En el caso de Luceño, el fiscal reclama una multa que asciende a los cinco millones, mientras que su socio deberá pagar si es condenado una multa de 450.000 euros. Además, se solicita que ambos indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

A Medina le imputa en concepto de coautor un delito continuado de estafa agravada y otro delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por particular. A Luceño le acusa de los citados delitos en calidad de autor, junto a otro delito continuado de falsedad en documento oficial cometido por particular y otro contra la Hacienda Pública agravado.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.

El fiscal considera que procede, asimismo, decretar el decomiso de los bienes actualmente embargados, así como de cualesquiera otros en poder de los acusados hasta alcanzar la cantidad de 4.623.350,05 euros en el caso de Luceño, y la cantidad de 912.700 euros, en el caso de Medina.

"La intención de ambos acusados fue la de enriquecerse exageradamente a costa de la citada situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior al que les era ofrecido por los suministradores, y ello como consecuencia de la imposición de unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento al comprador", recalcó el fiscal en su escrito de acusación.