El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la Ley de Empleo Público de Euskadi que regula la actividad de más de 100.000 empleados y abre la puerta a que los ciudadanos extracomunitarios trabajen en determinadas áreas de las administraciones públicas vascas, entre otras Osakidetza y la Ertzaintza.
La norma ha salido adelante con el apoyo de los grupos que integran el Gobierno Vasco, con la abstención de PP+Cs y con el rechazo de EH Bildu, Elkarrekin Podemos-IU y Vox.
El texto aprobado sustituye a la ley en vigor desde 1989 y en rasgos generales ordena y define el régimen jurídico, y regula los instrumentos de gestión del empleo público en Euskadi, a partir de los cuales cada institución podrá adaptar a sus necesidades.
Una de las principales novedades es que en uno de sus artículos abre la posibilidad a que trabajadores procedentes de países de fuera de la Unión Europea y que no tengan la nacionalidad española puedan trabajar en la Administración pública en Euskadi atendiendo a "necesidades objetivas".
La anterior ley no lo permite y en la que hoy ha salido adelante se recoge que podrán hacerlo en determinados ámbitos si se aprueba previamente una "ley sectorial" para ello, tal y como ha explicado la consejera de Gobernanza Pública, Olatz Garamendi, a su llegada al Parlamento Vasco.
"Es un paraguas" para que estos ciudadanos puedan entrar en el funcionariado vasco, ha señalado la consejera sobre esta ley, que para la EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU se ha quedado corta a la hora de perseguir ese objetivo.
Requisito de la nacionalidad
En concreto, la norma señala que cada administración o área afectada tendrá que impulsar una ley sectorial en la que se "exima del requisito de la nacionalidad por razones de interés general para el acceso de personal funcionario en determinados ámbitos o sectores".
Entre estos sectores destaca Osakidetza, donde se acota a los puestos de médico especialista y a personal de enfermería. También abarca a los trabajadores de sistemas y tecnologías de la información y las comunicaciones, y a plazas de ertzainas y policías locales en las que se requiera el conocimiento de lenguas extracomunitarias.
Entre otros aspectos la ley plantea diferentes modalidades para que los funcionarios puedan ir progresando dentro de la Administración y contempla la figura de la Dirección Pública Profesional para que, mediante procedimiento público y con valoración de méritos, se puedan realizar los nombramientos del nivel directivo.
Incorpora además principios de igualdad de género, con medidas como la posibilidad de cambiar el puesto de trabajo a otra localidad en caso de violencia de género, así como la igualdad lingüística con "una administración euskaldun que desarrolle sus funciones igual que lo hace en castellano".
También incluye la convocatoria de procesos de selección independientes para personas con discapacidad intelectual.
A iniciativa de PP+Cs contempla asimismo la creación de la escala de puestos de trabajo de Instituciones Penitenciarias, que facilitará que estas plazas salgan a concurso público.