Luz verde del Congreso a la reforma penal que castigará con prisión pequeños hurtos en casos de reincidencia

El Pleno del Congreso ha aprobado este jueves la reforma penal que castigará con penas de prisión de hasta 18 meses los pequeños hurtos cuando sean cometidos por delincuentes reincidentes. El texto se ha remitido al Senado para completar su tramitación y podrá estar en vigor a la vuelta del verano.

La reforma se ha incluido en el proyecto de ley que aprobó el Gobierno para establecer normas que faciliten el uso de información financiera para la prevención, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales.

En el trámite parlamentario, y a través de una enmienda del PDeCAT pactada con el PSOE, se añadió una disposición final que da una nueva redacción al artículo 234 del Código Penal para que los hurtos por valor sustraído inferior a 400 euros, que hasta ahora solo se castigan con multa, puedan ser sentenciados con penas de prisión de seis a dieciocho meses, siempre que el culpable ya hubiera sido condenado antes al menos por tres delitos de esta naturaleza, aunque sean de carácter leve.

La ley ha contado con el respaldo de 190 diputados del PSOE, Unidas Podemos, Esquerra, el PNV, el PDeCAT, Ciudadanos, Más País-Equo y Compromís, entre otros partidos, mientras que el PP, Vox, Bildu, el PDeCAT y la CUP se han abstenido. Solo el BNG ha votado en contra.

Desde el PDeCAT recuerdan que esta modificación había sido prometida por varios ministros de Justicia y del Interior desde hace años, ya que "tiene un alto impacto en el sector del comercio, la restauración, el turismo y en la seguridad de todos los ciudadanos".

A su juicio, el cambio permitirá "aumentar la capacidad intimidatoria y disuasoria del Código Penal" y "dotará a las administraciones de más herramientas para luchar contra la multirreincidencia en pequeños hurtos". "Uno puede tener la sensación de que las personas que cometen estos hurtos los detienen hoy y salen mañana a la calle, y continúan con esta actividad casi como 'modus vivendi'", sostiene el diputado Genís Boadella, responsable de asuntos de Justicia del PDeCAT.