Madrid frena las primas por jubilación a funcionarios alaveses

Las primas por jubilación anticipada y la consiguiente pérdida de la condición de funcionario aplicadas por la Diputación Foral de Álava quedaron anuladas por la aplicación de una normativa superior realizada por el Gobierno central, pero el derecho adquirido por quienes habían recibido la aprobación antes del 22 de junio se respetó, porque la ley no ponía trabas para ello.

Así lo ha explicado la diputada foral de Fomento del Empleo, Comercio y Turismo y de Administración Foral, Cristina González, ante la comisión correspondiente de Juntas Generales de Álava, en el transcurso de la comparecencia que se había solicitado para que diera cuenta de la supresión por parte de la Diputación Foral de las primas por jubilación anticipada y renuncia a la condición de funcionario. Una comparecencia que había sido pedida a petición propia de Cristina González y por parte del grupo juntero de EH Bildu.

Cristina González dio cuenta de la aplicación, en su momento, de estas compensaciones y lo comunicó a la parte sindical. En ese momento hubo trabajadores de la institución que solicitaron acogerse a ese plan y se puso en marcha la maquinaria para conceder esos beneficios.

Suspender la iniciativa

Sin embargo, el Gobierno central decidió, y en la normativa mencionaba el caso de Álava, suspender la iniciativa porque no se ajustaba a la legislación, pero en todo caso señalaba que la suspensión partía del momento de la aprobación de esa corrección, por lo que no afectaba a quienes ya lo habían solicitado y habían recibido de la Diputación la conformidad a la petición.

La situación no dejaba posibilidad de seguir, por el rango superior de la normativa, aunque no se descarta que en un futuro el gobierno de Madrid vuelva a estudiar esta situación y a negociarlo con los sindicatos, aunque en estos momentos no hay ninguna intención ni movimiento en ese sentido.

En la comparecencia, la oposición pidió explicaciones de porque se han beneficiado de esa posibilidad algunos funcionarios del departamento de Cristina González y de Hacienda y la Diputada tuvo que volver a explicar que esas ‘primas’ se habían aprobado antes del 22 de junio y las que no lo estaban se tuvieron que suspender a causa de la derogación realizada por el gobierno central.

Para Cristina González, “el gobierno de la Diputación da estabilidad jurídica porque respeta la legalidad tanto para lo bueno como para lo malo. Y este ha sido un caso”.

Pablo José Pérez

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