Magistrados del Supremo y fiscales Anticorrupción retirados se querellan contra el emérito por cinco delitos de fraude fiscal

Actualizado hace 1 minuto

Al rey emérito se le abre un nuevo frente judicial. Varios juristas e intelectuales van a presentar este lunes en el Tribunal Supremo una querella contra Juan Carlos I por hasta cinco delitos de fraude fiscal ques e habrían cometido entre 2014 y 2018. En el escrito consideran que hay pruebas de que se cometiera ese delito de forma continuada y también ponen en duda la regularización que el monarca emérito realizó ante Hacienda en 2021 y con al que se cerró la investigación al padre de Felipe VI.

“Nos mueve la defensa del interés general en cuanto que estimamos que exigen delitos contra la Hacienda Pública que vulneran no sólo los preceptos del Código Penal que invocaremos sino también los principios de igualdad y solidaridad, además de obligaciones legales y éticas, exigibles especialmente a aquellas personas que ostentan cargos públicos de relevancia constitución, en este caso, la Jefatura del Estado”, explican los firmantes de la querella, entre los que se encuentran exmagistrados del Supremo como José Antonio Martín Pallín y Clemente Auger; Carlos Jiménez Villarejo y José María Mena, que fueron fiscales Anticorrupción; juristas como Blanca Rodríguez Ruiz, Javier Pérez Royo; o intelectuales y periodistas como Josep Ramoneda, Miguel Mora y Pilar del Río.

Delitos fiscales continuados

En la querella los firmantes consideran que los delitos fiscales que se le atribuyen al rey emérito desde 2014, cuando abdicó, y 2018 a través de las fundaciones Zagatka y Lucum, con sedes den Liechtenstein y en Suiza, no han prescrito. La querella considera que Juan Carlos I utilizó estas dos sociedades para “ocultar o dificultar la cuantía de la cantidad defraudada”.

Irregularidades en la regularización fiscal

Además, los querellantes ponen en duda la legalidad de la regularización fiscal que en 2021 realizó el que fuera monarca de España y por la que aportó a Hacienda 4.416.717 euros por los pagos fiscales que no había realizado en sus declaraciones entre 2014 y 2018, y cuando ya no gozaba de inmunidad al haber dejado la corona en manos de su hijo. Los firmantes señalan que el emérito solo regularizó su situación cuando ya se habían iniciado dos investigaciones sobre su patrimonio, y había sido notificado de ello.

Papel de la fiscalía

A lo largo de 20 páginas, la querella dirigida al Tribunal Supremo va desgranando los cinco delitos que atribuyen al anterior monarca entre 2014, la fecha de su abdicación y 2018, y que consideran que no están prescritos, y a la vez trata de desmontar los criterios que llevaron a la Fiscalía a dar por buena la regularización ante Hacienda que hizo Juan Carlos I en 2021 cuando ya sabía que se le estaba investigando por eludir impuestos y la Fiscalía le había enviado dos notificaciones informándole sobre la pesquisas.

“La regularización de las defraudaciones tributarias se produce después de haber tenido conocimiento formal de la existencia de unas diligencias de investigación de la Fiscalía que le advirtió de la existencia de irregularidades en las declaraciones tributarias, con anterioridad a su regularización. En todo caso, su representación legal tuvo la oportunidad de personarse y conocer el contenido de las diligencias de investigación, aunque sin duda era conocedor de las irregularidades que se había cometido en las declaraciones correspondientes al IRPF correspondiente a los años 2014 a 2018”, destaca la acusación particular que también pone en duda la actuación de la fiscalía al dar por buena la regularización puesto que creen "incongruente" que la fiscalía argumentara para archivar el caso que en las notificaciones no de detallaban de forma pormenorizada los hechos que se le imputaban al exmonarca.

Declaración como investigado

Por lo tanto, los querellantes reclaman que el Supremo investigue estos delitos fiscales y que el emérito acuda a declarar en calidad de investigado. También solicitan que el primo de Juan Carlos I, Álvaro de Orleans, que sufragó jets privados, así como su abogado, Javier Sánchez-Junco, presten declaración como testigos, además de representantes de bancos suizos, empresas y agencias de viajes implicadas.