Malestar por el aumento de las expropiaciones del TAV en la Zona Media

Las alcaldesas de Pueyo, Garínoain, Barásoain, Tirapu, Tiebas-Muruarte de Reta y Biurrun-Olcoz, en representación de sus municipios, denunciaron ayer en rueda de prensa que el proyecto de la construcción del corredor ferroviario del tren de Altas Prestaciones (TAP) en el tramo Pueyo-Campanas, “incrementa sustancialmente” la superficie a expropiar en 122 hectáreas de terrenos cultivables y mostraron su malestar por la creación de 13 vertederos en su zona.

Así lo aseguraron Rita Roldán, alcaldesa de Barásoain, Charo Guillén, alcaldesa de Pueyo, Berta Sánchez, alcaldesa de Garínoain y Yolanda Obanos, alcaldesa de Tiebas- Muruarte de Reta, quienes dicen no entender porqué en otras zonas de Navarra se han realizado ocupaciones temporales y en la suya expropiaciones.

En concreto, las expropiaciones crecerían en 7 hectáreas en Pueyo, en 30 hectáreas en Garínoain, en 20 hectáreas en Barásoain, y en 65 hectáreas en Biurrun-Olcoz/Tiebas-Muruarte de Reta. “Estas expropiaciones, en su mayor parte, son para construir, en esos terrenos, vertederos, donde depositar 3, 5 millones de m3 de los 5,3 millones que se precisa extraer para realizar el trazado de las vías”, puntualizaron. Vertederos de los que, hicieron hincapié, no se había hablado ni señalado en los informes que los Ayuntamientos habían recibido hasta ahora. Esta medida supone para estas zonas rurales una “pérdida de patrimonio” ya que aseguraron que “el impacto medioambiental de los vertederos es suficientemente importante como para modificar la percepción del entorno rural de estos pueblos, su paisaje, su historia, su flora y su fauna”.

Riesgo económico

Por otro lado, las cuatro alcaldesas expusieron que estas expropiaciones pondrían en riesgo la actividad de los trabajadores agrícolas. “Hemos calculado que entre Barásoain y Garínoain estaríamos perdiendo un agricultor. Esto, para muchos propietarios, supone una importante merma empresarial que, en algunos casos, pueden llevar a que resulte inviable seguir con la actividad productiva”, explicó la alcaldesa de Barásoain.

Además, esta pérdida de patrimonio podría suponer una pérdida también para los pueblos, ya que los Ayuntamientos y concejos perderían ingresos. “Nos han dicho que con el tiempo el propietario puede comprarlos al precio de ADIF más el IPC de los años. Tendrían que recomprar sus propios terrenos sin saber a qué precio”, dijo Obanos.

Las cuatro alcaldesas aseguraron además que el Gobierno Foral dice no tener la competencia en estas acciones y que Cohesión Territorial no va a representar a los Ayuntamientos. “Por eso vamos a presentar alegaciones aunque no tenemos claros los plazos de entrega”, dijo Sánchez, que añadió que “todavía estamos en duda si el proyecto será publicado en el BON o no”.

Por todo ello, los cuatro Ayuntamientos afectados aseguraron que no existe una visión de conjunto de la cantidad de infraestructuras que soportan en estos municipios (autopista, ferrocarril, TAP, líneas de alta tensión) y que hacen peligrar su esencia. Además, remarcaron que la lucha contra la despoblación “ni puede ni debe ser tratada como un objetivo electoralista o propagandístico”. Estas infraestructuras, denunciaron, les están abocando a convertirse en pueblos dormitorios. “Creemos que es el momento de prevenirlo, de modificar las consecuencias de una política diseñada a espaldas de las zonas rurales”, garantizaron las alcaldesas.

Por último, las representantes de estos municipios reivindicaron que la crecida de estas infraestructuras, lejos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales, les quitan patrimonio, terreno y empobrecen sus zonas y sus pueblos. “Este es el último ejemplo de cómo la lucha por la despoblación es más propaganda que interés real por el bienestar de los habitantes del medio rural. A la hora de la verdad las zonas rurales sufren las consecuencias de una política diseñada sin nuestra participación”, manifestaron.