Manos limpias, el falso sindicato que lo ensucia todo

Como se aprecia en la ridícula denuncia contra la esposa de Pedro Sánchez que un juez madrileño de extravagante trayectoria ha tenido el arrojo de aceptar para su investigación, se hacen llamar Colectivo de Funcionarios Públicos. Los medios del ultramonte que dan pábulo a sus operaciones judiciosas de acoso y derribo los mencionan como plataforma cívica o, rizando el rizo, como sindicato.

Esto último es una exageración difícilmente sostenible, pues, aunque aseguran contar con más de 5.000 afiliados, no hay un solo organismo en que conste su representación. Ni siquiera en Castilla y León, que es donde tienen su única sede, una oficina en un edificio de Salamanca.

Resulta bastante más atinada la denominación que se ha convertido en prácticamente canónica por parte de la prensa seria: pseudosindicato ultraderechista.

Líder franquista

El primer término queda explicado en su nula actividad en defensa de colectivo laboral alguno. El segundo, en el tipo de actuaciones que han venido impulsando desde su creación y, por encima de todo, en la personalidad de su fundador y líder único, Miguel Bernard Remón.

Como está ampliamente documentado, el individuo, que hoy frisa los 82 años, fue un destacado militante de Fuerza Nueva, el partido del búnker franquista liderado por el irredento camisa vieja Blas Piñar. Andando los años y ya desaparecida la formación cavernícola, el fascista orgulloso de serlo se integró en el Frente Nacional, clon hispano y cañí del liderado por Jean Marie Le Pen en Francia.

Con esos antecedentes, en 1995 creó el engendro que ha conseguido poner en jaque nada menos que al presidente del gobierno español. En una apropiación casi delictiva, bautizó a su criatura como Manos Limpias, remedo de Mani Pulite, el meritorio movimiento cívico-judicial que hizo reventar la corrupción sistémica, conexiones mafiosas incluidas, de la política italiana en los años 90.

Doscientas querellas

Desde entonces, el grupúsculo de Bernard Remón ha presentado alrededor de doscientas querellas, siempre bajo un pretendido objetivo de luchar en pro de la ejemplaridad pública. Sin embargo, basta echar un vistazo a la relación de denunciados para comprobar que en la inmensa mayoría de los casos se trata de personas de izquierdas y/o de ideas nacionalistas.

Así, Manos Limpias actuó en 2006 contra el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y varios líderes socialistas vascos -entre otros, Patxi López- por las reuniones de miembros del PSE con Arnaldo Otegi y otros dirigentes de la ilegalizada Batasuna. El proceso quedó en nada, pero no evitó el mal trago a quienes tuvieron que declarar en el juzgado.

El considerado primer gran éxito del autodenominado colectivo de funcionarios fue la inhabilitación de Juan María Atutxa para el ejercicio de cargo público.

Con todo, el mayor triunfo de ML fue llevar al banquillo a Cristina de Borbón por haberse enriquecido supuestamente de los negocios de su marido, Iñaki Urdangarin. Buena parte de la opinión pública que hoy critica con dureza al chiringuito vio con simpatía a los impulsores de la causa contra la hermana del rey Felipe VI.

Más allá de la “pena de telediario”, ese proceso también quedó en agua de borrajas cuando, en 2016, Miguel Bernard fue detenido junto al dirigente de la asociación de consumidores bancaria AUSBANC, Luis Pineda, por extorsión a personas y entidades a cambio de no llevarlas a los juzgados.

Una de las consecuencias de aquel episodio fue la retirada de la denuncia contra la hija mayor de Juan Carlos de Borbón. Una minucia, al lado de la condena a 8 y 4 años de prisión que impuso la Audiencia Nacional a Bernard y Pineda, si bien solo pasaron 8 meses entre rejas al concedérseles la libertad bajo fianza.

El pasado 15 de marzo, el Tribunal Supremo absolvió finalmente a ambos de los delitos de estafa y extorsión. Lo curioso es que la sentencia reconoce las presiones y las califica como “censurables en el plano de la valoración ética”. Sintiéndose reforzado por el espaldarazo del alto tribunal, apenas un mes después, Bernard denunció a la esposa de Pedro Sánchez por presunto tráfico de influencias y consiguió que un juez abriera diligencias.