Durante la presentación el lunes del anteproyecto de Ley de Información Clasificada, que está llamado a sustituir a la Ley de Secretos Oficiales franquista, de 1968, la ambigüedad fue total respecto a los asuntos más sensibles que llevan sepultados en el fondo de un cajón desde hace 40 años, los GAL y el golpe de Estado del 23-F. Ayer, sin embargo, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ejerció de verso suelto y reclamó que esas dos cuestiones salgan a la luz porque “hay páginas de la historia de España que es bueno que la sociedad en su conjunto las pueda conocer, como es el caso de los GAL, también lo ocurrido en el 23-F”.
No es casualidad que la magistrada sea precisamente la que ha dado este paso, ya que, como ella misma recordó tras visitar la Unidad Médica de Aeroevacuación, el terrorismo de Estado fue una “materia que yo en su momento seguí y trabajé”. Robles fue una de las piezas clave para sacar a la luz el caso del secuestro, torturas y asesinato de Lasa y Zabala durante su etapa como secretaria de Estado de Interior en el entonces Ministerio de Justicia e Interior (1994-1996). Años después, declaró como testigo en el juicio por este caso y tuvo oportunidad de denunciar las trabas que desde el cuartel de Intxaurrondo se intentaron poner a la investigación.
En declaraciones a la prensa ayer martes en la Base Aérea de Torrejón, expresó su deseo de que todo lo relacionado con la guerra sucia contra ETA “pueda desclasificarse para que toda la sociedad tenga conocimiento” de sus entresijos. Más allá, celebró una iniciativa legislativa “absolutamente necesaria” porque trata de poner al día una ley que se remonta a la dictadura. “Por tanto es una ley que se nos demanda tanto por la OTAN como por la Unión Europea”, dijo, y que “responde a unos principios esenciales en cualquier democracia, el tener conocimiento de la realidad de ese país”, apostilló.
Solo sus antecedentes personales y profesionales –también fue magistrada de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y vocal del CGPJ– explican un pronunciamiento tan explícito respecto a sacar a la luz los secretos de los GAL, el primero que sale del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Este sigue siendo un asunto que provoca sarpullidos en el PSOE y todavía resuena el malestar expresado por Felipe González respecto a la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, que incluye ampliar hasta 1983 el reconocimiento como víctima de derechos humanos, lo que abarca su primer año de mandato como presidente en Moncloa y los episodios de torturas y terrorismo de Estado que se produjeron entonces. “Todavía no la conozco pero sonarme, no me suena bien”, dijo González a principios de julio sobre la nueva norma.
Al contrario que Robles, y en una comparecencia intempestiva tras un Consejo de Ministros trasladado al lunes por la tarde, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se limitó a decir que no habrá una desclasificación automática de estos asuntos y que se irá caso por caso. Según él, la única forma de que los secretos dejen de serlo será que se acuerde la desclasificación de oficio o a instancias de los directamente afectados. Eso sí, a renglón seguido añadió toda una batería de condicionantes como garantizar la seguridad nacional y la integridad y la vida de todo aquel que pueda aparecer citado en esa documentación.
Debate sano
La nueva Ley de Información Clasificada fue recibida el lunes de forma gélida por los socios habituales de Sánchez en el Congreso y por el socio del PSOE en el Gobierno, Unidas Podemos. El plazo de hasta 50 años, prorrogables otros quince, para sacar a la luz algunas informaciones se erige como el principal escollo. Pero si algo quedó claro es que resta todo por hacer y que así será en la tramitación parlamentaria, con las aportaciones de los diversos grupos.
El propio Pedro Sánchez abrió ayer martes las puertas de par en par a este escenario al asegurar que están abiertos a hablar con todos los partidos y que escucharán todas las opiniones para hacer la mejor ley posible. “Es un debate que debemos tener en nuestro país que va a fortalecer la democracia y, por tanto, nosotros estamos abiertos a hablar con todos los grupos parlamentarios”, afirmó en una rueda de prensa tras ser recibido por el rey en el Palacio de La Almudaina, en Palma, en su habitual despacho de verano.
El jefe del Ejecutivo recordó que la ley actual data de 1968 y, por tanto, de la dictadura, y anticipó un debate “sano y democrático” que el Gobierno va a abordar con “fortaleza y entereza”. La propia Margarita Robles dio por bueno el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros pero le vaticinó un largo recorrido. “La Ley es una buena noticia, ayuda al conocimiento y la transparencia, y se van a aceptar todas las enmiendas que sean razonables y posibles”, señaló.
Firma de Carrero Blanco
Una visión mucho más pesimista expuso Unidas Podemos, lo que anticipa un duro debate en el seno del Ejecutivo. El presidente del grupo morado en el Congreso, Jaume Asens, llegó a asegurar que la nueva ley de secretos oficiales parece “más pensada por Felipe González que por Pedro Sánchez”. En RAC1, explicó que “es una buena noticia poner fin a una anomalía democrática, una antigualla” como la ley vigente “con la firma de Carrero Blanco”. Denunció, eso sí, que la nueva norma “nace de un miedo a que se sepan ciertos secretos de Estado” debido a que, con los plazos previstos, habrá que esperar mucho tiempo para conocer nuevos detalles sobre “el 23-F, los GAL o la Transición”.
En el lado de las críticas se situó también el PP, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijóo, censuró que el Gobierno no haya contactado con su partido para tratar la nueva Ley de Información Clasificada, cuando los populares son “alternativa de Gobierno” y un “partido de Estado”. “Se ve que la Ley de Secretos Oficiales es también un secreto para el PP”, deslizó con sorna en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, atacó de nuevo a Sánchez por el flanco de tener como socios a partidos como EH Bildu. “Trata los asuntos de Estado con quienes quieren romperlo, ha puesto al zorro a cuidar a las gallinas”, cargó.
La ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra, afirmó que es “escéptica” respecto a la posibilidad de contar con el apoyo del PP en la tramitación de la nueva ley, que aseguró que todavía está “lejos de la transparencia democrática”. Pese a ello, vaticinó que todavía hay margen para lograr un texto “de consenso” en el seno del Ejecutivo y subrayó que la propuesta de su partido es un plazo de 20 años prorrogable por 10 años más para los secretos.