La directora general de la Guardia Civil, María Gámez, ha presentado su dimisión al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por la investigación judicial a su marido en relación con las supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Junta de Andalucía. Su esposo, José Ignacio Vilaplana, está siendo investigado por prevaricación, malversación y blanqueo.
Gámez ha anunciado su decisión en una declaración institucional y, según han indicado fuentes de Gobierno español, será sustituida por la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González.
Respaldada por el director adjunto operativo (DAO), Pablo Salas, y los mandos de Operaciones, Félix Blázquez; de Personal, Manuel Lamas, y de Apoyo, Arturo Espejo, la hasta hoy directora general del instituto armado ha justificado su decisión de dejar el cargo en que su marido ha sido citado "en el marco de un investigación judicial".
Una decisión "difícil", según ha reconocido, pero tomada para "proteger a su familia y a la Guardia Civil", dos motivos "irrenunciables".
La dimisión de Gámez se produce semanas después de que saltara el escándalo del denominado 'caso Cuarteles,' en el que un juzgado de Madrid investiga presuntas irregularidades en las obras y reformas en trece comandancias de la Guardia Civil.
Un caso que comenzó a investigar Asuntos Internos del cuerpo en 2019, cuando gobernaba el PP, y que recientemente volvió a saltar a la luz pública a raíz del 'caso Mediador', en el que se indagan presuntas mordidas de empresarios a un exdiputado del PSOE y al general de la Guardia Civil jubilado Francisco Espinosa Navas, en prisión provisional por esta causa y relacionado con la supuesta corrupción en las obras de cuarteles.
A estas dos causas que salpican a la Guardia Civil, se suma el 'caso Grapa', en el que un juzgado madrileño investiga a una veintena de personas, físicas y jurídicas, por presuntos amaños en contratos relacionados con uniformes del cuerpo.
El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha citado a declarar próximamente a varios investigados, entre ellos la empresa El Corte Inglés, en la causa abierta tras esta Operación Grapa, llevada a cabo en 2020.
Por "honestidad y responsabilidad"
Durante su comparecencia y tras defender la presunción de inocencia de su marido y de cualquier ciudadano, Gámez ha recalcado que ha tomado esta decisión por "principios, honestidad y responsabilidad", porque proviene de una "cultura personal, política y profesional con unos valores y una ética por encima de cualquier proyecto".
Y ha sido tajante al asegurar que "ni por asomo" podía permitir que el caso de su marido se usara para "dañar a la Guardia Civil, sus representantes y el Gobierno de España". "Ninguno lo merece", ha enfatizado.
Gámez se hizo cargo del cuerpo en enero de 2020, hace ahora algo más de tres años, y durante ese periodo ha querido que su gestión se basara en el diálogo, en la búsqueda de consenso y en un trabajo destinado a la eficacia y al mejor servicio al ciudadano, ha dicho.
Además, se ha mostrado "orgullosa" de dirigir una institución con 179 años de historia y ha insistido en que en su mandato "ha tratado de dar lo mejor" de sí misma "para dar más si cabe a la sociedad española".
María Gámez ha agradecido al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; a la titular de Defensa, Margarita Robles, su confianza, y a todo el equipo directivo y de mando de la Guardia Civil y a su familia por su "comprensión y enorme sacrificio".
Y ha concluido: "Me voy satisfecha por lo conseguido y orgullosa por poner mi granito de arena para que la Guardia Civil continúe como una de las instituciones más valoradas por los ciudadanos".
Investigado en un caso de desvío de ayudas públicas
El marido de la ya exdirectora general de la Guardia Civil María Gámez está investigado por un juzgado de Sevilla en una de las múltiples piezas sobre el fraude en las ayudas de la Junta de Andalucía a empresas, concretamente por el desvío de esas ayudas a una sociedad de la que Juan Carlos Martínez era titular.
En una providencia fechada el 16 de marzo del titular del Juzgado 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, encargado de las piezas separadas del caso de los ERE, a la que ha tenido acceso EFE, el juez amplía un auto del 22 de febrero, en el que ya imputaba delitos de prevaricacion y malversación a Bienvenido Martínez, y notifica su calidad de investigados a sus hermanos Juan Carlos (esposo de María Gámez) y Manuel.
El juez considera que estos dos hermanos "pudieran haber tenido algún tipo de participación en los hechos delictivos" objetos de esta investigación.
En un auto del 22 de febrero, el juez pidió a la Agencia Tributaria información sobre una serie de sociedades, entre ellas las de las de Manuel y Juan Carlos Martínez, información que no ha recibido, por lo que ahora reitera esa petición y considera como investigados a los hermanos, a los que citará cuando recabe más información de la Policía y de la Intervención General de la Junta de Andalucía.
El caso en el que se ha visto implicado el marido de Gámez se deriva de las actuaciones de la sociedad Experience Management Group, cuyo administrador único era Bienvenido Martínez, que a su vez desempeñaba cargos públicos en empresas de la Junta como IDEA e Invercaria, encargadas de las ayudas a las empresas.
Experience Management Group, que realizaba labores de asesoría, recibió entre 2009 y 2011 casi 340.000 euros de Santana Motor, cuando estaba en proceso de disolución y cuando uno de sus consejeros era Bienvenido Martínez como representante de SOPREA, una empresa pública.
Santana Motor habría transferido estos fondos a Experience Management Group en virtud del alquiler de unas oficinas de un centro de negocios que la Junta había abierto en Madrid.
Esta asesoría también prestó servicios desde 2009, subcontratada por la Junta, para ese centro de negocios, una labor por la que cobró más de medio millón de euros y en la que el juez instructor ve irregularidades e incluso en el auto señala que "no habría existido labor de asistencia técnica o asesoramiento alguno".
Además, entre 2010 y 2011 Experience Management Group habría recibido 501.00 euros de Laboratorios Farmacéuticos Rovi, que a su vez recibió ayudas de más de seis millones de la agencia IDEA de la Junta de Andalucía, de la que Bienvenido Martínez era director de Inversiones Estratégicas.
Según el auto del juez, la sociedades Job Management Liberty, cuyo titular era Juan Carlos Martínez, y Be Make Create, de su hermano Manuel, que también había sido directivo de algunas empresas públicas, habría recibido durante ese periodo fondos de Experience Management Group y de los laboratorios Rovi (128.000 euros en 2012).