María José Beaumont (Artieda, 1956) está “indignada”, pero también “un poco cansada” una semana después de que Infolibre le situara en el punto de mira de las maniobras en 2015 del entonces secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, número 2 del ministro Jorge Fernández Díaz, contra rivales políticos, wasaps que se han incorporado al caso Kitchen.
Desde el momento de la publicación de la noticia, cuenta Beaumont, no ha parado de recibir llamadas, mensajes y requerimientos de medios de comunicación para dar entrevistas.
¿Cómo se enteró de la noticia?
Me llegó a través de dos periodistas y también de un parlamentario, Adolfo Araiz, simultáneamente. Me pilló en el Polideportivo de Noáin, a punto de entrar en la piscina. Cuando salí, ya vi que me había llamado Uxue Barkos, y al rato el actual vicepresidente primero Javier Remírez, y cuando volví a Artieda tenía más llamadas y mensajes, de amistades, compañeros de profesión, gente del pueblo y de la zona, también de la Coordinadora de Itoiz, con los que hemos seguido manteniendo la relación... Entonces pensé que esto tenía dimensión. Y empecé a plantearme qué hacer jurídicamente. En ello estamos, con mi hermano José Luis, mi abogado preferido (se ríe), con el cual he trabajado muchos años.
Sopesando una acción judicial en defensa de sus derechos.
Yo lo que quiero es saber. Porque de esos wasaps (del 22 de julio de 2015) se deduce evidentemente que ya antes me estaban espiando, y que continuaron haciéndolo entre el 16 de julio, en que se hizo público que yo iba a ser consejera, el 23, día en que tomé posesión, y jornadas después, con declaraciones públicas del hoy exministro Jorge Fernández Díaz. Y en esos wasaps el secretario de Estado preguntó además por mi entorno. Y yo me pregunto: ¿Por qué me espiaron? ¿Quién dio órdenes de hacerlo? ¿Quién lo hizo? ¿Con qué método? ¿Pinchando el teléfono, el ordenador, haciéndome seguimientos? Quiero saberlo.
¿Y va a ser factible?
Puede que me nieguen la legitimidad para hacerlo. Creo que no ocurrirá, pero no lo descarto tampoco. El juez García Castellón es el juez García Castellón, y puede que diga que no ha lugar. En ese caso, evidentemente, yo tendría que recurrir. El 3 de marzo, 24 horas después de la noticia de Infolibre, dictó una providencia sin oír al resto de las partes, ni al Ministerio Fiscal, ni a la Fiscalía Anticorrupción ni a nadie, a petición del número 2 del Ministerio del Interior, del secretario de Estado imputado, para que se declarasen temporalmente secretos esos wasaps para las partes personadas aludiendo a la Ley de Secretos Oficiales. Pero, por Dios, una ley de 1968, anterior a la Constitución, que a estas alturas un juez, de ese modo y manera, dicte una providencia así... Cuando yo comparezca, tendremos conocimiento formal de esa providencia, que no se ha negado y se ha hecho pública en los medios. Con lo cual, eventualmente existirá. Tendré que recurrirla, porque si comparezco, no lo haré con otra pretensión, de momento, que el derecho a saber. Si se me niega el acceso a esos chats, se me está denegando la causa principal por la cual pensaba comparecer. Como se ha dicho que el secreto es algo temporal, habrá que ver hasta cuándo. Según se deduzca de esos chats, pediré la práctica de diligencias para ver quién ordenó esto y por qué, cuándo y a qué otras personas. Con toda esa información, eventualmente me podría plantear el seguir en la causa hasta el final, hasta que haya un juicio, y yo sería acusación particular, como perjudicada.
Con la certeza de que se tenía información de usted obtenida de forma ilícita y orientada políticamente.
Siempre se puede hacer una investigación policial con autorización judicial, a causa de un indicio. Te podrá gustar o no la persona afectada o que ese indicio no sea cierto o correcto, pero esa es una vía que existe y que se utiliza más o menos habitualmente. Pero nadie ha dicho que en este caso hubo autorización judicial.
¿Por aquel entonces no tuvo ninguna sospecha o algún indicio?
Intuición sí. La Policía Foral, que dependía de la consejería, hizo controles de detección en todos los despachos, al llegar nosotros al Gobierno, y no encontró nada en ninguna parte. Desde ese punto de vista parecía que no teníamos ese riesgo. Pero intuición de que algo podían estar haciendo, sí, porque no en vano, Jorge Fernández Díaz declaró que era inadmisible que se me designara consejera, muchísimo menos de Interior, y amenazó con romper la relación desde su ministerio con el Gobierno de Navarra y adecuar la colaboración con la Policía Foral.
Luego matizó, tras el despacho de Felipe VI con Uxue Barkos en la Zarzuela. En cualquier caso, un secretario de Estado actúa con la aquiescencia del ministro.
Se supone. Seguramente fue así.
Y un ministro con la aquiescencia de un presidente del Gobierno.
–Se supone que también. A lo mejor en este punto y en este extremo sin llegar a hablarlo, pero pienso que Rajoy habría tenido algún conocimiento, porque Jorge Fernández Díaz no era precisamente de los que se quedaban muy callados.
Se está retratando como un pésimo ministro y servidor público.
–Indudablemente. Recuerdo que cuando se le cesó y se nombró a Zoido, no tenía nada que ver. Del PP eran los dos, pero por lo menos con Zoido pude hablar. Con Fernández Díaz fue imposible.
Llamó la atención la contundencia del hoy ministro del Interior, Grande Marlaska, con la que se pronunció sobre su caso.
Sí, dijo que era uno de los más graves que se han producido en democracia. Bueno, no lo sé, yo considero que mi caso es muy grave, pero supongo que ha habido otros. Yo tuve relación con Grande-Marlaska también estando de consejera, cuando él accedió a ser ministro del Interior. Me tocó tratar con él en la sede de la Comisión Nacional de Protección Civil, estar en el Ministerio del Interior en diversas reuniones. Con él tuve que hablar por necesidad cuando el tema de la competencia de Tráfico. Cuando Uxue Barkos se entrevistó en octubre de 2018 con Pedro Sánchez y comprometió que la competencia iba a ser transferida a Navarra, yo rápidamente contacté con Meritxell Batet, que entonces era ministra de Política Territorial y Función Pública, con el secretario de Estado de Presidencia, de Función Pública y el propio Ministerio del Interior. Y trabajamos muchísimo, y coordinamos todo aquello, de tal manera que antes de marcharnos dejamos las cosas bastante adelantadas. Constituimos un grupo de trabajo donde había también gente de Interior y de Hacienda, por la parte que como toda transferencia tiene que ver con el Convenio Económico. Pero llegaron las elecciones y aquello no fue posible culminarlo. Y la verdad es que me ha sorprendido cuando Chivite esta semana ha puesto la fecha del 1 de julio para materializar esta transferencia.