La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, tendrá que sentarse en el banquillo en 2024 junto a 26 personas vinculadas a su partido por malversación de fondos públicos, al sospecharse que la Agrupación Nacional (RN) hizo un uso indebido de los asistentes que pagaba el Parlamento Europeo.
La Fiscalía de París indicó que habrá una primera audiencia el 27 de marzo para la organización del juicio, que se celebrará en otoño, entre el 30 de septiembre y el 27 de noviembre de 2024.
Entre los encausados por trabajo ilegal de los asistentes parlamentarios de la Eurocámara entre 2014 y 2016 también está Jean-Marie Le Pen, padre de la líder ultraderechista y fundador del partido (Frente Nacional, en su creación), así como otros once eurodiputados en ese periodo, como Louis Aliot (actual alcalde de Perpiñán) y el propio RN.
Se les reprocha haber malversado fondos públicos por utilizar a los asistentes pagados con fondos del Parlamento Europeo para labores en el partido y ser cómplices de ese delito.
En caso de ser declarados culpables, podrían recibir una pena de hasta diez años de cárcel y un millón de euros de multa, además de ser inhabilitados para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Esto último podría impedir una nueva candidatura a la presidencia de Francia en las elecciones de 2027 de Le Pen, que es ahora favorita en las encuestas.
En los dos anteriores comicios, en 2017 y 2022, la cabeza visible de la ultraderecha francesa acabó en segunda posición, derrotada en ambos casos por Emmanuel Macron, que no puede volver a presentarse por tercera vez consecutiva.
La investigación en este sumario comenzó en 2015 cuando el Parlamento Europeo pidió al organismo antifraude comunitario que analizara si, como sospechaba, el RN había cometido irregularidades con los sueldos de sus asistentes parlamentarios.
El Parlamento Europeo, que se constituyó en acusación particular, había evaluado en 2018 el perjuicio sufrido por las presuntas infracciones en 6,8 millones de euros en el periodo entre 2009 y 2017.
Marine Le Pen ha rechazado repetidamente su culpabilidad en este asunto y hoy su partido insistió en que su líder "no ha cometido ninguna infracción ni irregularidad" y en que el proceso le permitirá defenderse sobre el fondo y "hacer valer sus argumentos de sentido común".