Martin Etxea, espacio de acogida de personas migrantes y solicitantes de asilo con sede en Gallarta, Abanto Zierbena, acoge desde el mes de marzo a los abogados y defensores de derechos humanos de El Salvador, Ivania Cruz y Rudy Joya, sobre los que se acaba de decretar una orden de arresto por “agrupación criminal” por parte del gobierno de Bukele. “Nos quieren sentenciar al destierro permanente pero seguiremos denunciando todos los atropellos de este Gobierno que viola sistemáticamente los derechos humanos con detenciones irregulares y provocando el desplazamiento de las comunidades a favor de las explotaciones mineras y de otros proyectos económicos”, enfatiza Cruz.
Los abogados, parte activa de UNIDEHC (Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador), se encontraban de gira por Europa cuando les llegó la acusación. Ese mismo día, 25 de febrero, también fueron testigos en la distancia del allanamiento de sus oficinas centrales, sus viviendas y la captura arbitraria de su compañero de organización Fidel Zavala.
Según denuncia UNIDECH, una de las organizaciones que da respaldo jurídico a las personas detenidas de forma irregular en el país, así como a las comunidades desplazadas por los intereses de la industria minera y de otros proyectos económicos, "durante los tres años de estado de excepción, el gobierno salvadoreño ha realizado más de 90.000 detenciones, en su mayoría arbitrarias, con más de 400 muertes documentadas en dependencias policiales".
“Lo que arrancó cómo una estrategia de Bukele contra las estructuras criminales del país, se ha convertido ahora en nuevo sistema generador de violencia, muerte y terror con altas dosis de impunidad”, insiste Cruz quien continua con su actividad como abogada de más de 200 causas desde la distancia junto a Joya.
Exigen también la liberación inmediata de las personas detenidas durante estas semanas dentro de la misma causa. El defensor de derechos humanos Fidel Zavala, quien denunció al propio Estado por las torturas recibidas en su anterior encarcelación irregular, sigue bajo custodia del Estado. “Tememos por la vida de Fidel como por la de tantos otros compañeros tratados como pandilleros cuando son ciudadanos comprometidos con las libertades de su país”, señala Cruz, mientras acaban de trasladar a Zavala al mismo penal donde se encuentran las personas a las que denunció por torturas anteriormente.
Este recrudecimiento del gobierno de Bukele a las organizaciones defensoras de derechos humanos se realiza en un momento en el que recibe el pleno respaldo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, así como del presidente de Argentina, Javier Milei.

Desde hace seis años Martín Etxea acoge a para personas migrantes y defensoras de derechos humanos perseguidas en sus países de origen
Martin Etxea, casa de acogida
Martin Etxea Elkartea impulsa desde hace seis años una casa de acogida y refugio para personas migrantes en situación irregular y defensores de derechos humanos que requieren protección internacional. Con sede en el barrio de Santa Juliana en Gallarta, Bizkaia, cuenta con una capacidad de acompañamiento de 21 personas y ahora mismo trabaja por la autonomía personal de a personas llegadas desde Colombia, El Salvador, Marruecos, Sahara, RIF, Palestina. Desarrolla su actividad con el apoyo de la Fundación Mundubat y en red con instituciones y colectivos vascos.
Ivania Cruz, y estuvo el pasado año en el centro de acogida abantarra de la mano de Martin Etxea Elkartea, que acogió en octubre a esta defensora de derechos humanos y presos políticos de El Salvador a su paso por Euskadi. La portavoz del nuevo movimiento de oposición, Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) ya denunció entonces la sistemática violación de derechos que sufría su país ante el estado de excepción decretado por el presidente Bukele desde marzo de 2022. Un pronunciamiento claro en favor de los DDHH que le ha valida a ella y a su compañero de militancia Rudy Joya, una orden de detención del gobierno de Bukele convirtiéndoles en refugiados políticos