Más alquiler social y asequible, la medida de consenso para afrontar la crisis de vivienda

La vivienda es uno de los grandes retos que afronta Europa. La mayoría de los países han experimentado en los últimos años una escalada de precios que pone en entredicho el derecho de muchos ciudadanos a un hogar. Y el foco está en el alquiler, adonde se ha desplazado la presión ante la imposibilidad de muchas personas para acceder a una vivienda en propiedad. Los jóvenes y las familias con menos recursos, entre las que destacan las de origen inmigrante, son las más afectadas. Sin embargo, la situación afecta también a las rentas medias y bajas, que se ven ahogadas ante el elevado coste de los alquileres. En Euskadi, por ejemplo, los salarios han crecido un 16% desde 2015, mientras que el coste de la vivienda en alquiler ha subido un 32%.

La situación es la misma en todos los países: escasa oferta y precios disparados. Ante esta realidad, hay quienes piden sacar los miles pisos que hacen falta de los inmuebles vacíos y de los alquileres temporales y turísticos; otros, en cambio, señalan que la solución está en construir más.

Sin embargo, ante la falta de una fórmula mágica para hacer frente a la emergencia social, algunos países europeos han optado por diferentes recetas: multas a pisos vacíos, topes a los alquileres, freno a los pisos turísticos o incentivar la construcción de vivienda social. Entre los que han puesto límites a los precios de las rentas se encuentran Alemania, Suecia y Países Bajos, y ahora el Estado español. Una medida que solo se aplica, de momento, en Catalunya y que acaba de echar a andar en Euskadi. Al igual que en los otros tres países europeos, los primeros datos indican que han bajado los precios, pero también la oferta de alquileres habituales. Para las explicaciones, las opiniones son distintas, desde que algunos propietarios han sacados sus pisos del mercado hasta su traslado al alquiler de temporada o turístico, que escapan de la regulación.

Intervención pública

Hace unos días, el Banco de España publicaba un extenso análisis sobre la situación del mercado del alquiler en el Estado en el que llega a una conclusión clara: “Un elevado esfuerzo asociado al alquiler de vivienda puede dar lugar a efectos económicos y sociales adversos que justifican la intervención pública”. Y alertaba de que el Estado español es la economía europea con un mayor ratio de hogares en alquiler en riesgo de pobreza o de exclusión social, alrededor de un 45% de la población que reside en alquiler. La pregunta es, ¿qué tipo de intervención pública hace falta? Según el Banco de España, una de las claves principales está en la vivienda pública en alquiler, muy insuficiente en el Estado.

Según sus estimaciones, hacen falta 350.000 pisos de alquiler social y 1,5 millones de unidades asequibles para cubrir la demanda y reducir la tensión en los precios en el mercado libre. La necesidad de más vivienda pública es una de las fórmulas que más consensos suscitan. Se necesitan más pisos protegidos para familias con grandes dificultades (que no pueden pagar más de 300-350 euros al mes), pero también se ha hecho evidente que hace falta vivienda asequible para hogares de rentas medias y bajas (que no pueden afrontar más de 600 o 800 euros), que no vean toda su capacidad de consumo y de ahorro supeditada al pago de la vivienda.

En Europa, la vivienda en alquiler social representa de media el 7,5% del parque inmobiliario, y hay países como Países Bajos, Austria o Dinamarca donde la cifra supera el 20%. En Francia está en el 14% y en el Reino Unido, en el 16,7%). En este sentido, Viena se presenta como un ejemplo en la gestión del sector. Allí, un 70% de los pisos son de alquiler: 220.000 pertenecen al Ayuntamiento y unos 200.000 a cooperativas que ofrecen también pisos a precios asequibles. El resultado es una oferta de alquileres baratos para gran parte de los estratos sociales que acaban presionando a la baja los alquileres del mercado privado. En el Estado español, las viviendas públicas representan apenas el 1% del stock total de viviendas y el 1,5% de las viviendas principales; en Euskadi las cifras son algo superiores: el 2,4% del parque frente al 2,8% de las viviendas principales.

Vivienda pública

Asumiendo esta tesis, el Gobierno vasco lleva diez años apostando por el alquiler social. Reconoce que cada vez más personas se inscriben en Etxebide y cumplen los requisitos para acceder a una vivienda en alquiler protegido, cuyas rentas se fijan en el 30% de los ingresos de los solicitantes. Así, el alquiler medio que pagan estos inquilinos es de 237 euros. Actualmente, son un total de 78.471 las personas que solicitan vivienda en alquiler, es decir, el 79% de los inscritos. Sin embargo, Euskadi cuenta con un parque público de alquiler inferior a la demanda, unas 26.000 viviendas, de las que 17.000 pertenecen al Gobierno vasco y el resto son de ayuntamientos y empresas gestoras. Esta cifra incluye los 7.400 pisos vacíos que el Gobierno vasco ha logrado captar para el alquiler social a través del programa Bizigune. En vista de las cifras, el compromiso para esta legislatura es aumentar en un 40% la oferta respecto a la anterior y una de las vías será con el levantamiento de 7.000 viviendas de alquiler protegido, de las que el 50% estarán reservadas para los menores de 36 años.

En Euskadi, el Ejecutivo vasco tiene abiertas varias vías para hacer frente a los problemas de vivienda: los alquileres protegidos, las ayudas económicas –unos 35.000 solicitantes de alquiler social reciben actualmente una ayuda de 300 euros para el pago de la renta en el mercado libre–, la captación de pisos vacíos, las bonificaciones fiscales, la rehabilitación de edificios y los acuerdos con los ayuntamientos para convertir locales en viviendas. El gran objetivo a largo plazo es duplicar las viviendas en alquiler asequible y llegar a las 50.000 en los próximos 12 años.