Un total de 105.000 mujeres de Euskadi habrían tenido dificultades económicas para hacer frente al gasto en productos menstruales en algún momento de su vida, según recoge el estudio sobre la pobreza e higiene menstrual, elaborado por Emakunde con el apoyo de EDE Fundazioa.
Tal y como ha recordado el departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales en un comunicado, cada 28 de mayo se celebra el Día de la Higiene Menstrual a instancias de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
"La pobreza menstrual no está relacionada únicamente con la capacidad económica de una persona. Se refiere también a otros factores que la condicionan, como la falta de acceso a los productos de higiene; la ausencia de lavabos limpios, seguros, apropiadamente equipados y accesibles o una insuficiente educación en lo tocante al ciclo menstrual y a los diferentes recursos disponibles para su gestión", ha afirmado la consejera Beatriz Artolazabal.
El estudio, desarrollado a petición del Parlamento Vasco, concluye que la pobreza menstrual afecta a todas las mujeres, en tanto que deben hacer frente a la gestión de la menstruación todos los meses de su vida fértil. Sin embargo, afecta de forma especialmente notable a las mujeres en situación de riesgo de pobreza o exclusión, lo que se traduciría, en el contexto de Euskadi, en un 8,6% de ellas.
Forman parte de este último grupo las mujeres en situación de sinhogarismo; migradas; en situación de prostitución; víctimas supervivientes de violencia machista; presas; empleadas en la economía sumergida; al frente de hogares monoparentales; con discapacidad; con problemas de salud mental o inmersas en situaciones de crisis humanitarias. Y también las personas con diversas identidades de género que menstrúan, como los hombres transgénero y las personas de identidad no binaria.
"Diversos estudios sobre esta cuestión desarrollados en otros ámbitos territoriales permiten realizar algunas estimaciones sobre el impacto de la pobreza menstrual", ha indicado el Ejecutivo.
Así, a partir de las cifras arrojadas por el informe Equidad y salud menstrual (2021), del Instituto Universitario de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol i Gurina, el estudio que se ha hecho público este sábado concluye que en torno a 105.000 mujeres en Euskadi podrían haber tenido dificultades económicas para hacer frente a los gastos derivados de la compra de productos menstruales en algún momento de su vida.
De este modo, algo más de 188.000 mujeres se habrían visto en la necesidad de comprar productos menstruales más baratos por dificultades económicas, al tiempo que el 51,3% de las encuestadas reconoce haber dejado de comprar productos menstruales para poder hacer frente a otros gastos referidos a la alimentación o la vivienda.
Además, 349.108 mujeres en edad fértil habrían mantenido en alguna ocasión el producto menstrual más tiempo del recomendable por no encontrar un lugar apto y adecuadamente equipado para su renovación, lo que aumenta la posibilidad de sufrir infecciones u otras enfermedades; como, por ejemplo, el Síndrome del Shock Tóxico (SST), vinculado con el uso prolongado de tampones.
De forma paralela, el estudio afirma que en torno a 37.270 mujeres podrían estar asumiendo con normalidad que la menstruación va acompañada de dolores intensos y unas 18.900 no considerarían necesario consultar a un profesional por dolor menstrual intenso.
En relación a lo anterior, cerca de 272.700 mujeres no habrían recibido educación menstrual alguna o habrían recibido una educación parcial, limitada únicamente al ámbito familiar, antes de su primera menstruación.
El Estudio sobre la pobreza e higiene menstrual en Euskadi realiza, de igual modo, una aproximación al impacto que ha tenido la pandemia derivada de la covid-19, debido a que un buen número de baños y servicios públicos han permanecido cerrados para evitar focos de contagio o a la inestabilidad económica que la reducción de la actividad laboral y económica ha provocado en numerosos hogares.
En este contexto, el estudio se hace eco del informe sobre Alteraciones menstruales durante la pandemia de la covid-19 en el Estado, que concluyó que el 39,4% de las mujeres consultadas indicaron haber experimentado cambios menstruales durante este periodo, como aumento del dolor, ciclos menstruales más largos o más cortos o sangrados más abundantes, entre otros.
GASTO ASUMIDO
Las estimaciones realizadas por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indican que el gasto medio en productos de higiene menstrual puede alcanzar los 50 euros al año. Teniendo en cuenta que la duración media de la vida fértil de las mujeres es de 40 años, el importe total rondaría los 2.000 euros.
La Fundación Rezero para la Prevención de Residuos y Consumo Responsable, por su parte, cifra el gasto anual en productos menstruales desechables entre los 21 y los 125 euros.
Paralelamente, un estudio realizado por FACUA-Consumidores en Acción concluyó que el precio de un paquete de compresas de las mismas características puede variar hasta un 400% en función de la marca o del establecimiento en el que se comercialice. En el caso de los tampones, la diferencia máxima es del 185,3%.
Para la obtención de estas conclusiones, el estudio se ha basado en la consulta documental y la revisión de datos estadísticos que permitan fijar un marco de referencia; entrevistas en profundidad tanto con personas expertas y grupos feministas como con entidades del Tercer Sector Social; un cuestionario, realizado a 128 mujeres de la CAV, y una sesión grupal de reflexión colectiva con las mujeres participantes en el Programa de Educación Familiar (PEF) de Cáritas Otxarkoaga.
El informe resultante plantea algunas recomendaciones para minimizar el impacto de la pobreza menstrual, como, entre otras, la eliminación o reducción del IVA aplicado a los productos menstruales, el reparto gratuito de los mismos en puntos estratégicos o el mantenimiento de baños y servicios públicos abiertos durante las 24 horas.
En palabras de Beatriz Artolazabal, "cualquier persona debe poder gestionar su menstruación dignamente, sin vergüenza ni estigmatización. Y en ese camino hacia la normalización, es fundamental interpretar los posibles problemas derivados de su gestión como asuntos de salud pública y que afectan a los derechos fundamentales; y así lo recogen algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible definidos por la ONU".