Más de la mitad de las personas que se suicidaron tomaban ansiolíticos

Más de la mitad de las 3.952 personas que se quitaron la vida en 2023 tenía restos de ansiolíticos en la sangre, aunque eso no quiere decir necesariamente que murieran por ello. Son un 6,5% menos que el año pasado y primer descenso en cinco años. Sin embargo, tal y como advirtió la ministra española de Sanidad, Mónica García, “siguen siendo cifras terribles, escalofriantes que nos mueven a trabajar sin descanso para hacer abrupto ese descenso”. Son 11 muertes diarias, que “representan una tragedia que nos exige la reflexión como sociedad sobre las cotas de sufrimiento y desesperanza cada vez más altas y cada vez más frecuentes”.

Otra de las cifras que preocupan es la incidencia de las intoxicaciones en niños y adolescentes. Así, en 2023l fueron 735, un 35% menos que en 2022, pero una cifra aún “relevante”. El 40% eran chicos, un perfil que se invierte en el caso de los suicidios consumados: hay tres varones que pierden la vida por causa de suicidio frente a cada mujer, con edades comprendidas entre los 40 y 70 años sobre todo. De las personas que se suicidaron el año pasado, menos de una cuarta parte habían sido atendidas por un especialista en salud mental y, entre quienes lo intentaron, únicamente el 19% recibieron algún tipo de atención.

Un plan para 2025

Con motivo del Día Mundial por la Prevención del Suicidio, que se celebra hoy, la ministra de Sanidad presentó los rasgos generales del Plan de Acción para la Prevención del Suicidio que se espera poner en marcha en 2025 y que promoverá un registro de datos para “entender mejor” el fenómeno, introducirá un código de riesgo para su abordaje sanitario y fomentará la realización de autopsias psicológicas.

La primera de las metas será la de potenciar los sistemas de información respecto a la conducta suicida mediante un observatorio específico y la promoción de un registro con el que mejorar su vigilancia epidemiológica.

El plan pone el foco en situaciones de vulnerabilidad e identifica a los menores y a las personas mayores como poblaciones “sobre las que hay que incidir prioritariamente” porque las mayores tasas se registran a partir de los 80 años, con incrementos de hasta un 93,4% en mayores de 95. “Nos preocupan especialmente las zonas rurales y aisladas. Por eso este área aborda iniciativas para paliar situaciones como las de la soledad no deseada y promueve la generación de infraestructuras comunitarias y sociales que aseguren el vínculo social esencial”, señaló Mónica García.

Asimismo, incluye medidas específicas para la prevención en personas LGTBIQ+, pues las personas trans tienen una tasa hasta 3,5 veces más alta. Igualmente, el fenómeno está “atravesado por la desigualdad social”: de los 4.215 suicidios de 2022, un tercio tenían la primera etapa completa de educación secundaria.

Prevención

El cuarto de los objetivos es el de incorporar la prevención en todas las políticas públicas, introduciendo mecanismos de coordinación con servicios y recursos sociales o promoviendo la integración de la atención a la conducta suicida dentro de la asistencia sanitaria a la salud mental en el ámbito penitenciario. También aspira a considerar la conducta suicida como parte integral de la prevención de riesgos laborales y fomentar la realización de autopsias psicológicas en los casos o sospechas de suicidio.

Desde el abordaje sanitario, el plan fomentará el intercambio de experiencias y buenas prácticas, mejorará la dotación de recursos en las urgencias de los hospitales e implementará un código de riesgo de suicidio que garantice un proceso integrado de detección y abordaje.

Por último, el sexto objetivo del Plan para la prevención del suicidio es lograr un enfoque integral promoviendo la participación de supervivientes en el diseño, intervención y evaluación en todas las políticas sanitarias o mejorar la coordinación del 024 con otros teléfonos de las comunidades.