Más de un tercio de los funcionarios de prisiones que trabajan en las tres cárceles vascas, cuya gestión asumió el Gobierno vasco hace algo más de tres años, han pedido el traslado fuera de Euskadi por la sobrecarga de trabajo debido al aumento de la población reclusa.
El Departamento vasco de Justicia y Derechos Humanos ha confirmado a EFE que hasta hoy 197 de los 571 trabajadores de las tres cárceles han pedido un cambio de destino fuera de Euskadi, dentro del concurso de traslados abierto por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y cuyo plazo finaliza este próximo viernes.
El Gobierno vasco explica que muchos de esos funcionarios que piden trabajar fuera de Euskadi procedían de otras comunidades cuando la competencia era estatal, de ahí que ahora algunos quieran regresar a sus lugares de origen.
No obstante el Ejecutivo autonómico también reconoce que los funcionarios se quejan de mucha carga de trabajo y de falta de personal, aunque se ha aprobado ya una Relación de Puestos de Trabajo (RPT).
El conflicto con los sindicatos penitenciarios se hizo evidente en diciembre en la cárcel de Zaballa donde cerca de 80 funcionarios estuvieron de baja por incapacidad temporal, una cifra que se ha reducido ligeramente con la incorporación de algunos de ellos a su puesto de trabajo, aunque hay "más de 60 de baja", según admite el Departamento.
Ya entonces el presidente de Acaip-UGT, José Ramón López, advirtió al Gobierno vasco de que el sistema penitenciario en Euskadi podía ir a la "quiebra" si continuaba su actual gestión, con las tres prisiones en un absoluto "caos".
Aumento de reclusos
Los sindicatos también se quejan del incremento de la población reclusa: 1.701 presos a finales de diciembre (894 en Zaballa, 368 en Martutene y 439 en Basauri), cuando antes de octubre de 2021, cuando el Gobierno vasco asumió la competencia rondaban los 1.600.
Las bajas de funcionarios, casi 80 en una cárcel con una plantilla de unos 300 trabajadores, provocaron incluso el cierre de varios servicios y se suspendieron las comunicaciones de los reclusos con sus familiares y abogados, lo que llevó a un juzgado de Vigilancia Penitenciaria a pedir una investigación por si se trataba de "una huelga encubierta".
Finalmente se ha ordenado el sobreseimiento provisional de esa investigación, han confirmado desde el Ejecutivo vasco.
Para revertir esta situación se incorporaron 32 trabajadores interinos, que continúan en la prisión alavesa, mientras "se sigue tirando de bolsa", explica el Departamento vasco de Justicia, que asegura que "todos los servicios se están cumpliendo".
El concurso de traslados podría estar resuelto en el mes de marzo. En ese momento se sabrá el número de funcionarios que dejan las cárceles vascas, donde trabajan 571 funcionarios, la mayoría de ellos en Zaballa (unos 300), más de 130 en Martutene -que pronto se trasladará a Zubieta con un incremento de 200 plazas para reclusos- y una cifra similar en la de Basauri.