Más derechos para las empleadas del hogar: ¿en qué consiste el nuevo decreto?

“Lo que proponemos es saldar una deuda histórica y resolver un agravio que ha sido permanente”, explicó el martes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al consejo de Ministros al anunciar la aprobación de nuevos derechos laborales, relativos al ámbito sanitario, para las trabajadoras del hogar. “Estas mujeres son las que cuidan, las que hacen tareas dentro del hogar, las que enferman, pero no tenían reconocidos derechos médicos”, detalló.

Un agravio comparativo más con el resto de los trabajadores para uno de los sectores más precarizados. Y feminizado. De hecho, Díaz habló de mujeres porque las cifras hablan por sí solas: de las 397.900 personas empleadas del hogar con contrato de trabajo en el Estado, más del 95% son mujeres, la mayoría de ellas tiene entre 40 y 50 años y un 45% son migrantes. En Hegoalde, se calcula que son unas 37.000. Entre los nuevos derechos que incluye el real decreto aprobado por el Gobierno español se incluye el de someterse a reconocimientos médicos, al menos una vez cada tres años y cubiertos por el Sistema Nacional de Salud (SNS), y que aquellos que empleen a estas trabajadoras deberán llevar a cabo una evaluación de riesgos laborales en sus hogares a través de una herramienta digital que elaborará el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST).

La herramienta estará lista en diez meses y el análisis será obligatorio a partir de 2026. El decreto establece que será la persona empleadora la que deberá realizar personalmente esta evaluación, aunque deja abierta la puerta a poder encargarla a un servicio de prevención ajeno. En el caso de que se detecten situaciones de riesgo, se deberán adoptar las medidas preventivas necesarias para eliminar, reducir o controlar los riesgos.

Además, los empleadores deberán proveer de equipos de prevención como guantes, mascarillas o cualquier material que identifiquen como necesario tras la evaluación de riesgos laborales, así como reemplazarlos cuando sea necesario. El decreto implanta también una formación obligatoria en materia preventiva para las trabajadoras que se hará dentro de la jornada de trabajo o, en su defecto, fuera de ella y compensándolo con tiempo de descanso equivalente.

Asimismo, el INSST deberá elaborar en el plazo de un año un protocolo de actuación frente a situaciones de violencia y acoso. En este sentido, el nuevo decreto otorga a las empleadas del hogar el derecho a abandonar su puesto de trabajo si sufren acoso laboral, sexual o violencia de cualquier tipo sin que esto sea considerado una dimisión o causa de despido. Tampoco podrá contemplarse así en caso de que la empleada deje de trabajar si cree que se enfrenta a un riesgo grave e inminente para su salud o integridad física.

“Festejamos que haya un documento que hable de nuestros riesgos laborales y su prevención, que nos hacía falta”, destaca Edith Espínola, portavoz de Servicio Doméstico Activo (SEDOAC), que reivindica una igualdad plena de derechos y condiciones justas y dignas para las empleadas del hogar. “Sin embargo, la lucha sigue y vamos a seguir insistiendo en que lo que necesitamos es tener los mismos derechos que el resto de los sectores laborales”, apunta. Y es que, aunque necesario, este decreto se queda a medio camino, según Espínola.

“Por ejemplo, en cuanto a la revisión médica, en otros sectores está estipulada que sea una vez al año, ¿por qué en nuestro caso es cada tres años? No es justo que en un trabaja tan físico pueda servir un informe médico de este año para 2027”, comienza, porque este punto no es el único al que encuentra deficiencias. “Luego está el tema de la formación, que es online, y la evaluación de riesgos de los hogares, que también se hace a través de una herramienta online. Esto se plantea sin considerar la brecha digital, muy amplia, que hay entre las trabajadoras del hogar y también en los mismos empleadores”. Sobre esto último considera preocupante que sea el propio empleador el encargado de realizar la evaluación del hogar. “La prevención ha quedado a criterio del empleador. Esta revisión la debería hacer un profesional certificado que no tenga nada que ver con la persona empleadora ni con la empleada, como ocurre en la ayuda a domicilio. Es una casa familiar, pero sigue siendo el lugar de trabajo de una persona”, sostiene. “¿En qué medida nos van a proteger los materiales que nos entreguen si la persona que hace la revisión no está especializada? Puede querer hacerlo bien, pero no está especializada”, lamenta.

Por todas estas cuestiones, SEDOAC presentó, junto con Movilidad Humana, Malen Etxea y Oxfam, enmiendas al borrador que les mostró el Ministerio antes de dar a conocer el decreto, “pero lamentablemente no se tuvieron en cuenta”. “Desde el Ministerio nos han invitado a seguir colaborando, esperamos que de aquí a 2026 se hagan modificaciones”, asegura Espínola.

Régimen General

Desde SEDOAC han pedido también una amplia campaña de comunicación para que se conozcan estos nuevos derechos y las obligaciones que tiene cada parte. Pero la lucha general sigue siendo, según la asociación, por estar en el Régimen General de trabajadores “con plenos derechos”. Y es que, desde 2012, las trabajadoras del hogar se rigen por el Sistema Especial para Empleados de Hogar. “Este régimen sigue siendo muy discriminatorio”, se queja Espínola. El mismo calificativo que usó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2022 por no reconocer el derecho al desempleo a este colectivo. Este fallo permitió que, finalmente, estas trabajadoras empezaran a cotizar por la prestación de desempleo y, por tanto, tener derecho a cobrar el paro.

“El paro se cotiza desde hace un año y no se han tenido en cuenta todos los años anteriores que hemos trabajado. Como tampoco se ha tenido en cuenta que es un sector tan precarizado que el paro que te queda puede ser de 400 euros. ¿Quién vive con eso?”, lamenta.