El Ayuntamiento de Pamplona lleva casi un año demorando la firma del convenio acordado el año pasado con el Gobierno de Navarra para la construcción de vivienda pública protegida.
Desde que ambas partes anunciaran en febrero de 2022 que se había alcanzado un acuerdo, Navarra Suma ha ido planteando nuevas exigencias y aclaraciones para no rubricar el convenio, que permitiría construir 250 viviendas sociales en seis parcelas municipales.
Así lo pusieron de manifiesto los portavoces de las formaciones progresistas durante la reunión de la Gerencia de Urbanismo celebrada este miércoles a puerta cerrada, donde criticaron la nula voluntad política del equipo de Gobierno en la promoción del vivienda social.
En concreto, aludieron al retraso deliberado en la firma del convenio pese a que el Ayuntamiento anunció el 25 de febrero del año pasado, a través de una nota oficial, el acuerdo alcanzado con la Consejería de Vivienda, pendiente de algunos ajustes técnicos.
Estos ‘retoques’ se han ido alargando en el tiempo, hasta el punto de que el vicepresidente y consejero de Ordenación del Territorio, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José María Aierdi, lamentó la semana pasada en el Pleno del Parlamento foral la actitud del Ayuntamiento.
"Falta de voluntad política"
“Pamplona es el único municipio en el que a fecha de hoy todavía no hemos podido iniciar ninguna de las promociones del plan de vivienda pública de alquiler y esto no es un problema técnico o administrativo, sino que denota una falta de voluntad política” señaló Aierdi.
El consejero se refería a los numerosos contactos mantenidos en el último año para firmar de una vez el convenio, intentos que siempre se han encontrado con una nueva aclaración o la solicitud de informes adicionales por parte del Ayuntamiento que no lo han permitido.
Tras las palabras del consejero Aierdi, el concejal delegado de Urbanismo Juan José Echeverría anunció esta misma semana el envío al Gobierno foral de un nuevo escrito.
En realidad se trata del mismo documento que la Junta de Gobierno Local aprobó por su cuenta el 13 de diciembre de 2021, que no es el definitivo al contar con el visto bueno de Nasuvina ni de la Consejería, en lo que parece tratarse de un nuevo episodio de la estrategia dilatoria del Ayuntamiento para no sumarse a la iniciativa del Gobierno foral.
Catorce municipios de distintas comarcas ya lo han hecho. La fórmula consiste en la cesión a Nasuvinsa de parcelas de titularidad municipal para construir en ellas viviendas públicas de alquiler y de alta eficiencia energética, principalmente destinadas a personas jóvenes o familias con menos ingresos.
Más de un año y medio de tramitación
El expediente arranca en junio de 2021, cuando Nasuvinsa remitió al consistorio pamplonés un borrador para la cesión de tres parcelas de propiedad municipal en régimen de derecho de superficie con destino VPO en arrendamiento.
En agosto remitió un borrador similar, pero en este caso para la cesión de la propiedad de tres parcelas de propiedad municipal con destino VPO en compraventa.
Con las dos propuestas, el Ayuntamiento elaboró un convenio unificado e introdujo algunas modificaciones, que remitió a la Consejería de Vivienda.
Sin esperar respuesta, Navarra Suma aprobó el texto en la mencionada Junta de Gobierno Local de diciembre de 2021, sin el visto bueno del Gobierno foral, como se encargó de recordar el director gerente de Nasuvinsa en un escrito remitido el 5 de enero de 2022.
Las diferencias parecieron desaparecer tras la reunión que mantuvieron en febrero en el Palacio de Navarra el consejero Aierdi y el alcalde Maya, que terminó con el anuncio de un principio de acuerdo.
Para tratar de solventar los ajustes técnicos pendientes, Nasuvinsa remitió el 7 de mayo de 2022 la propuesta de borrador del convenio a firmar, con las modificaciones que estimaba necesario introducir; y nueve días después, la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Pamplona remitió un nuevo borrador.
Con fecha 23 de junio de 2022 se enviaron desde Nasuvinsa los últimos informes de valoración, quedando el expediente pendiente de la firma definitiva.
No hubo respuesta hasta el 20 de septiembre de 2022, cuando el Ayuntamiento solicitó una nueva reunión técnica para la aclaración de los informes enviados 3 meses antes.