Medio Estado por renovar

El Tribunal de Cuentas se unió ayer al largo listado de órganos estatales bloqueados por la falta de acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el Partido Popular, sin perspectivas a corto plazo para la renovación de los mismos.

el Tribunal de Cuentas se unió ayer a la larga lista de órganos estatales que siguen bloqueados ?algunos desde hace tres años? por la incapacidad política y de acuerdo entre el Gobierno de Sánchez y el Partido Popular de Pablo Casado. En mitad de la polémica generada por los expedientes a los ex altos cargos del Govern, el ente fiscalizador se sumó a este grupo selecto de órganos en funciones que componen el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y la Agencia Española de Protección de Datos, sin que existan perspectivas a corto plazo para la renovación de los mismos.

La legislación vigente establece que los doce consejeros que conforman el Tribunal de Cuentas deben ser elegidos por el Congreso y el Senado por una mayoría de tres quintos (210 diputados), que se solventaría con los votos del Gobierno y el PP. Sin embargo, actualmente cuenta con once miembros, ya que Lluís Armet ?nombrado a propuesta del PSOE? renunció al cargo y no fue relevado.

Los de Casado salen favorecidos de este bloqueo, ya que los sillones que componen actualmente el órgano fiscalizador fueron designados en 2012 durante el primer mandato de Mariano Rajoy, por lo que disponen desde entonces de una amplia mayoría absoluta. Entre ellos, se encuentran la exministra de Justicia en el primer ejecutivo de José María Aznar, Margarita Mariscal de Gante, o Manuel Aznar, hermano del expresidente del Gobierno. La exministra popular es, precisamente, la encargada de dictar sentencia sobre los 34 ex altos cargos del Govern a los que se les reclama una suma de 5,4 millones de euros, que componen, entre otros, Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras. Según Sánchez, es un "anacronismo" que Mariscal de Gante sea la encargada de concluir dichos expedientes.

Alta Tensión Algo similar sucede con el CGPJ, un órgano crucial para el correcto funcionamiento de la Justicia estatal. A causa de la falta de entendimiento entre partidos, la institución presidida por Carlos Lesmes lleva dos años y ocho meses en funciones. El PP y el PSOE llegaron a pactar para su Presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero este acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del popular Ignacio Cosidó, presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del Alto Tribunal "desde detrás".

Para forzar el desbloqueo, PSOE y Unidas Podemos impulsaron la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada el pasado marzo, tensionando, aún más si cabe, la situación de la institución. Esta enmienda atrofió por completo el funcionamiento del CGPJ, impidiendo que acuerde nuevos nombramientos mientras esté en funciones (sí tuvo tiempo de designar antes un nuevo presidente para el Tribunal Superior vasco, Iñaki Subijana). Ante esta tesitura, los vocales se encuentran sin capacidad de actuación, lo que está alargando una situación que provoca el desprestigio de la justicia española.

La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), calificó de "inadmisible", "insostenible" e "inconstitucional" la situación de bloqueo, y aseguraron que todos los vocales del órgano deben dar un paso al lado y renunciar a su cargo, aunque pidieron expresamente a Lesmes que sea él quien dé "el primer paso". El presidente del CGPJ también trasladó su "hartazgo" por la persistente situación, y compartió su reflexión sobre la "degradación" del órgano, que se encuentra en una situación "insostenible". Además, Lesmes se comprometió a tomar una decisión definitiva de cara a la próxima apertura del año judicial en septiembre, cuando volverá a exigir a los partidos políticos la urgente renovación de la institución si para entonces no se ha llevado a cabo.

El órgano que lleva más tiempo bloqueado es el Defensor del Pueblo, un puesto que el socialista Francisco Fernández Marugán ejerce en funciones desde julio de 2017 y para el que se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le dé su apoyo. Las negociaciones entre el Gobierno español y PP ya encallaron al no conseguir renovar el CGPJ.

También está pendiente la renovación de la Presidencia de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y su adjunto, que serán nombrados por el Gobierno español, a propuesta del Ministerio de Justicia, entre personas de reconocida competencia profesional. El último órgano en sumarse fue el Tribunal Constitucional, un tercio del órgano (cuatro magistrados), cuyo mandato de nueve años concluyó en noviembre de 2019, sigue en funciones. Estos tienen que ser elegidos por 210 votos en el Congreso de los Diputados.