La Conferencia Sectorial que abordó este miércoles el reparto de los menores migrantes entre las comunidades autónomas terminó bien entrada la noche, y el Gobierno vasco dejó su valoración para este jueves a la mañana. Pero el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se le adelantó anticipando que las instituciones vascas habían mostrado una actitud positiva y que estaban dispuestas a trabajar en aportaciones para la Ley de Extranjería. Torres aseguró que habrá un reparto obligatorio por territorios y se financiará con 145 euros por día la asistencia a cada niño y adolescente. Este criterio de los fondos data ya de 2022, pero añadió que en un plazo de tres meses se pondrán negociar más aspectos. La aprobación depende del PP, que sigue dejando para más adelante su posición sobre la Ley de Extranjería.
Euskadi acoge a 723 migrantes menores que han llegado solos. Sobre el total (unos 15.000), representan un porcentaje similar al peso de la población vasca en el conjunto estatal. Pero la falta de un plan en el Estado con pautas asumidas por todos ha desembocado en un desequilibrio en el mapa, una saturación sin matices en las Canarias y un desamparo por parte de esos menores de edad, para quienes se han habilitado unas carpas en las islas. La aspiración de Euskadi en la Conferencia Sectorial en Tenerife era abrazar un modelo de corresponsabilidad por parte de todos y, para ello, pedía unas reglas de juego concretas y "claras", como defendió la consejera Nerea Melgosa.
Esto suponía establecer criterios medibles y transparentes. La consejera, de manera significativa, volvió a apelar a la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas, pero también del Gobierno español, que es el "único" competente en las crisis humanitarias. El Estado ya declaró hace meses una situación de emergencia en Canarias para agilizar la atención y liberar recursos económicos.
Euskadi quiere un plan estructural
Melgosa participó en la cita de Tenerife por videoconferencia y con las tres diputaciones forales, que son las que tienen la competencia. La consejera de Bienestar defendió "un plan de contingencia concreto que incluya cuatro elementos: una planificación; una previsión de posibles escenarios diferentes; una serie de indicadores que nos permitan evaluar las actuaciones desarrolladas; y una memoria económica". La cita se saldó finalmente con largas de las comunidades del PP, que no comprometieron su respaldo al reparto obligatorio de menores con el argumento de que la ley que lo recoge debe ser validada por el Congreso y el Senado y, por tanto, no son las competentes para fijar posición. Sí aceptaron el reparto de los 400 niños y adolescentes que coleaba desde hace meses, y por el cual a Euskadi le correspondería acoger a 18. Por otro lado, la Ley de Extranjería, según las agencias informativas, contempla que sea el órgano de la Administración del Estado designado en el plan el que decida a qué comunidad destina a los menores cuando Canarias o los territorios más saturados estén al 150% de su capacidad. Se supone que se fijarán unos criterios en tres meses aunque, planteado así, queda por ahora muy abierto y ni siquiera está claro que las Cortes estatales lo vayan a validar algún día.
Melgosa alertó de que el plan conjunto es crucial porque no tenerlo supone que miles de niños se queden sin referentes adultos y sin una red social. Apostó por "evitar las vulneraciones de derechos humanos de las personas menores" y recalcó que Euskadi quiere acoger siempre en condiciones de "dignidad".
Melgosa volvió a pedir un plan concreto, porque esta "es una realidad estructural y no coyuntural", y hay que "planificar y articular un plan de contingencia estructural", como dijo antes de la conferencia. "La falta de planificación, de acuerdo, lleva a que, si no existen unas reglas de juego claras, una debida lealtad, nos encontramos con un número muy elevado de jóvenes sin referentes familiares", avisó. Además de Melgosa, participaron la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia; la directora de Familias e Infancia, Irune Muguruza; el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta; el asesor Emilio Sola; y los diputados forales en materia social (Gorka Urtaran, por Araba; Amaia Antxustegi, por Bizkaia; y Maite Peña, por Gipuzkoa).