El 46,5 % de las personas con discapacidad que residen en Euskadi lo hace con sus familiares, la mitad de ellas (48,4 %) con sus progenitores y el resto con sus parejas, y solo en el 19,7 % de los casos la vivienda es de su propiedad.
Estos datos se recogen en el diagnóstico de la situación presentado este miércoles por la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Nerea Melgosa, en la jornada "Hacia un modelo de vida independiente para las personas con discapacidad en Euskadi", organizada por la Dirección de Servicios Sociales junto con la comisión de personas con discapacidad de la Mesa de Diálogo Civil de Euskadi.
El diagnóstico, elaborado por representantes de las entidades del tercer sector, diputaciones forales y distintos departamentos del Gobierno Vasco, recoge datos correspondientes a 2020, año en el que vivían en Euskadi 138.662 personas con discapacidad, el 6,3 % de la población, el 55,8 % hombres y el 44,2 % mujeres.
El perfil mayoritario de la persona en esta situación se corresponde con un hombre, mayor de 65 años, con una discapacidad menor al 65 %.
La mitad tienen entre 18 a 64 años y el porcentaje de discapacidad es inferior al 65 % en el 64 % de ellos, mientras que la tasa de desempleo es del 16,5 %
El 86,3 % de las mujeres y el 74,5 % de los hombres habita en una vivienda particular, que solo es de su propiedad en el 19,7 % de los casos.
El 33,8 % la comparten con otra persona con discapacidad y el 46,5 % con familiares por depender de ellos económicamente o por necesitar sus apoyos, de los que la mitad vive con sus progenitores. Por su parte, el 20,7 % vive solo, ninguno de ellos de entre 18 y 30 años.
En cuanto a las infraestructuras, el 26,8 % de los edificios no tienen ascensor y además muchos presentan dificultades de accesibilidad en el interior del piso o en su entorno.
El documento constata también una mayor dependencia de las personas con discapacidad de las viviendas públicas, ya que para el 31,7 % es su domicilio habitual, frente al 10,6 % de la población general.
Con datos de 2018, el informe constata un incremento de las personas con enfermedades mentales que viven solas, ya que han pasado del 9 % en 2008 al 25 % diez años después.
Con esta fotografía, la consejera ha subrayado la necesidad de una intervención eficaz para sentar las bases de un modelo de vida independiente para estas personas, que pasaría por "reformular infraestructuras, sistemas de transporte, servicios públicos y privados, y actitudes sociales para que sean inclusivos".
Durante su intervención, Melgosa ha reclamado el derecho de todas las personas "a vivir con dignidad y autonomía" y ha hecho hincapié en que "también las familias cuidadoras tienen derecho a llevar a cabo su vida", sobre todo las mujeres.
"Todas las personas aspiramos a lo mismo: una vida plena, significativa y autónoma. Pero la autonomía e independencia de las personas en situación de dependencia requiere de la colaboración de administraciones públicas, entidades sociales y ciudadanía para escuchar, comprender y actuar", ha concluido.